A casi 72 horas del masivo envenenamiento de perros ocurrido en la población 21 de Mayo, sólo se ha presentado una sola denuncia por este hecho ante Carabineros.

Así lo confirmó el comisario Felipe Neira, quien manifestó "sólo una denunciante concurrió a la unidad para tal efecto, lo que nos parece algo raro teniendo en cuenta que se trata de un hecho grave y que está penado en la denominada Ley Cholito", dijo el oficial.

Para la autoridad policial la causa estaría "en el desconocimiento de este cuerpo legal el cual es una política pública y aún cuando en la mayoría de los casos se trate de perros callejeros, ello no implica que los hechos deban ser denunciados ante las autoridades, en este caso Carabineros y el Ministerio Público", agregó Neira.

Sobre esta situación "no podemos actuar, efectuar peritajes e indagar este lamentable hecho que se produjo en un sector determinado y que afectó a los más de veinte canes que sufrieron este envenenamiento", dijo el comisario quien llamó a denunciar de forma responsable.

Pablo Orellana G.

Amás tardar en agosto próximo deberán estar operativas un total de 17 cámaras de televigilancia las que apoyarán la labor policial en el sector centro de Calama -y algunos alrededores- como parte de la programación que para tal efecto efectúa el subdepartamento municipal de Seguridad Pública.

La información fue corroborada por el director de esa repartición municipal, Isaac Vásquez quien explicó que "esta programación está en la fase técnica de licitación, la que requiere al menos unos 20 días, para luego iniciar el proceso de instalación y de pruebas".

Arreglo e instalación

De acuerdo a lo informado por el profesional de Seguridad Pública, "este proceso no implica la adquisición de nuevos dispositivos. La licitación en curso tiene por objetivo la reparación y mantención de las cámaras de televigilancia, las cuales serán 17 a mejorar", precisó el profesional de esa área municipal.

Si bien Vásquez no precisó los montos que la subsecretaría de Prevención del Delito entregará para el arreglo y reparación de las 17 cámaras de televigilancia, estos montos bordearían los 100 millones de pesos para la comuna, "y que están destinados única y exclusivamente para tales efectos", dijo.

Otro antecedente que el profesional comentó, "será el hecho que estas cámaras serán ubicadas en puntos estratégicos del sector centro. Esto porque necesariamente se debe tener un elemento disuasivo para el monitoreo al orden y seguridad del sector centro principalmente, aún cuando habrá disposición de ubicar algunos dispositivos en puntos adyacentes. Para ello serán Carabineros quienes deban precisar los puntos en donde se ubiquen", agregó Isaac Vásquez.

A la fecha sólo tres cámaras se encuentran operativas en la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco), merma que ha significado una importante pérdida al monitoreo del orden y seguridad en el sector centro (cuadrante Uno), y que pese a las bajas en delitos como robo de accesorio de vehículos, y a lugares no habitados, es una importante herramienta para que la policía uniformada mejore, apoye y fortalezca su presencia en un punto de alta actividad.

Un énfasis marcado por el encargado de Seguridad Pública del municipio, da cuenta con que "no sólo se trata de que estos aparatos cumplan un rol de disuasión delictual. Es en gran parte una herramienta para que las policías utilicen estos dispositivos a la hora de enfrentar a infractores de ley ante un magistrado, apoyados en imágenes y pruebas concretas para reforzar cargos", dijo.

Vásquez ahondó en este último punto e instó a la comunidad y comerciantes del sector centro "a efectuar no sólo denuncias en caso de ser víctimas de algún delito, sino que además a mantener un estricto seguimiento al proceso, entendiendo que muchas veces se complejiza, pero que con la reparación de estas 17 cámaras podrán contar con elementos probatorios ante un escenario donde hayan sido vulnerados sus bienes o también en caso de sufrir algún tipo de delito de connotación social que sea perseguible", cerró.

Un importante decomisó logró efectuar la Brigada Antinarcóticos y del Crimen Organizado (Brianco) de la Policía de Investigaciones de El Loa, tras interceptar un cargamento de 600 ovoides, el cual se produjo en la ruta 21CH que une Calama con el poblado de Chiu Chiu.

De acuerdo a antecedentes entregados por el subcomisario Sergio Astorga, "este procedimiento se efectuó en conjunto entre el Ministerio Público, y tras el análisis de información recopilada y trabajada por nuestra brigada se procedió a efectuar un control carretero en la ruta 21CH donde detectamos dos vehículos, uno de los cuales era punta de lanza y que estaba destinado a verificar las condiciones de traslado de la droga", comentó.

El subcomisario agregó que "al efectuar este control tres de los cuatro ocupantes de uno de los vehículos emprendieron la huida del lugar por la inmensidad del desierto, de los cuales dos fueron arrestados por nuestros efectivos, quienes debieron extremar recursos para su detención, la que se produjo de noche y en condiciones adversas por la poca luminosidad y la geografía del sector", precisó Sergio Astorga.

Detención

En el control los efectivos antidrogas de la PDI detectaron 600 ovoides de cocaína base, 8 kilos y fracción de alcaloide, "el cual fue interceptado luego que los tres detenidos salieran desde el poblado de Ayquina, para luego ser fiscalizados en ruta", agregó el encargado del procedimiento que logró el éxito tras la incautación de esa adictiva droga.

Pese a que uno de los involucrados huyó, "los tres detenidos fueron entregados al Juzgado de Garantía para su formalización por infracción a la Ley 20 mil de Drogas", comentó el efectivo.

Dos de los detenidos por la Brianco se encontraban de forma irregular en el país, y tras su comparecencia ante el Juzgado de Garantía local, este decretó 85 días para investigar los hechos imputados por el Ministerio Público, al mismo que se decretó la prisión preventiva de quienes intentaron ingresar a la comuna con el alcaloide que sería distribuido en Calama para la demanda local, y que gracias a este procedimiento se impidió su comercialización y consumo.