Los trabajadores que tomaron parte de la asamblea general de los sindicato 1, 2 y 3 de Chuquicamata, ayer en el centro Recrea Tu Vida, votaron por el paro de actividades, en protesta por la futura desvinculación de 1.700 personas de la división, el rediseño del hospital del Cobre, las malas relaciones laborales con la administración, y los despidos por el artículo 161 del Código del Trabajo. De todas maneras, los gremios seguirán a la espera, hasta el próximo lunes, del futuro de las negociaciones que lleva adelante la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), con la minera.

El dirigente del sindicato de Supervisores y Profesionales de la división Chuquicamata, Marcelo Bucarey, hizo un llamado a los 722 asociados del estamento rol A a replicar la decisión de los integrantes del sindicato de El Teniente, el segundo más grande de la estatal, de abandonar la Federación de Supervisores del Cobre (Fesuc).

El profesional explicó que esa decisión fue gatillada por "el vergonzoso e impresentable proceso eleccionario de la nueva directiva y consejo de la Fesuc, ocurrido hace unos días, en que salió reelecto en la presidencia Ricardo Calderón", quien además es dirigente de Chuquicamata.

Sobre este proceso, Bucarey agregó que "se cuestiona la participación como candidatos de tres personas que no contaban con el apoyo de sus sindicatos bases (dos de El Teniente y uno de Casa Matriz), los que finalmente terminaron siendo parte del nuevo consejo, tras una reforma de estatutos, que en el fondo permitió dichas participaciones sin ser dirigentes sindicales y con cero voto".

En ese contexto, añadió el dirigente, "los presidentes de los sindicatos de profesionales de Ministro Hales y Casa Matriz, presentaron un reclamo ante el Segundo Tribunal Electoral de la región Metropolitana, pidiendo dejar sin efecto las elecciones efectuadas el jueves 7 de junio recién pasado", argumentando que se inscribió como candidatos a tres personas "sin consultar ni respetar los procedimientos, situación que nos pareció de extrema gravedad (…) se vulneraron los estatutos y procedimientos de Fesuc".

El presidente de la Fesuc y dirigente del sindicato de Supervisores de Chuquicamata, Ricardo Calderón, por su parte, expresó que "las divergencias internas dentro de las organizaciones sindicales las tratamos en los espacios institucionales que tenemos. Ahí estamos haciendo todos nuestros debates. Lamentamos que una persona automarginada del trabajo sindical, lo haga por la prensa".

personas integran el estamento rol A de la división Chuquicamata de Codelco, el más grande de la estatal. 722

Cristián Venegas M.

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel, participó en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, en donde profundizó sobre la situación de SQM y del acuerdo conciliatorio firmado en enero. Oportunidad en que aseguró que no tienen la suficiente institucionalidad para fiscalizar a la empresa y que el ministerio de Minería debería hacerse cargo de esa responsabilidad.

Durante la sesión, el personero que tomó el lugar del saliente Eduardo Bitrán, dijo además que poner término a las obligaciones contractuales que tiene Corfo con SQM le costaría al Estado unos US$ 18 mil millones, y otros US$ 5 mil millones en el caso de la estadounidense Albemarle. Las dos empresas que mantienen operaciones extractivas en el salar de Atacama.

Institucionalidad débil

La diputada y presidenta del organismo parlamentario, Marcela Hernando, destacó que Sichel fue "muy clarificador" del rol que cumple y cumplirá Corfo, en el sentido de hacerse cargo de fiscalizar el cumplimiento de todos los contratos y cláusulas que mantiene con Soquimich y Albemarle. Sin embargo, el personero también subrayó que la Corporación tiene un solo funcionario, "colgando del organigrama", encargado de los temas relacionados con el litio.

"Él (Sichel) ha sido bastante claro en señalar que esto tiene que tener otra institucionalidad dentro del Estado y estar más bien en el ministerio de Minería y no depender de Corfo. No obstante, han reforzado su estructura para fiscalizar las cláusulas del contrato (…) pero no tienen la potestad ni las atribuciones para exigir información de parte de la empresa", explicó Hernando.

"Por lo tanto -continuó la congresista- lo único que podría hacer Corfo en el caso que la empresa no responda, es ir acumulando antecedentes para demostrar los incumplimientos de contrato o fundamentar un incumplimiento (…) esta es una empresa que funciona al borde de la legalidad, tal como se dijo en la Comisión, lo dijo el señor Sichel, y lo dijeron varios diputados; y en ese contexto la pregunta es cómo se prepara, con esta débil institucionalidad, para fiscalizar una empresa que funciona de esa manera".

Fiscal irarrázabal

Hernando informó, además, que el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, que también tomó parte de la última sesión, sigue evaluando varias denuncias contra SQM, "una de ellas interpuesta por Corfo en 2013 y otra por el senador Alejandro Guillier y han acumulado antecedentes suficientes para iniciar una investigación. Por lo tanto, nos hizo saber cuáles eran esos fundamentos, de manera muy somera, y el hecho que ya estaban investigando, por lo cual, muchos de los detalles no pueden ser expuestos en la Comisión, porque son materia del sumario, pero nos basta con saber que existe ya ese proceso".

Por la Expropiación

Por su parte, Esteban Velásquez aseguró que "este no es un tema jurídico, Bitrán fue un artista de la retórica jurídica, y Sichel anda por el mismo camino. Comienzan poco menos que a justificar que es el mejor contrato del mundo y Sichel dijo algo muy parecido, que es un muy buen contrato comparado con lo que había, que el acuerdo lo habría construido de otra manera sí".

El ex alcalde de Calama, agregó que el vicepresidente ejecutivo de Corfo "inmediatamente justificó que no es posible expropiar, que al Estado le costaría mucho, y la verdad es que no hay comparación con que el Estado tenga la producción e industrialización de este recurso, con que estuviera en sus manos".

Consultado sobre si es posible poner término a los contratos con la minera, considerando las cifras entregadas por Sichel, Velásquez dijo que "tomando los resguardos apropiados sí es posible expropiar y quiero reiterar algo que le dije a Sichel: hay alguien que está ausente de esta discusión, el Presidente de la República Sebastián Piñera. Ha estado ausente, no se ha pronunciado sobre este tema".

En la misma línea, el parlamentario dijo que "podría compensarse (a SQM), pagarse, y los abogados entendidos en el tema hablan que bien podrían emitirse bonos a 30 años y llegar a buenos acuerdos con la empresa, además hoy no está en posición de exigir condiciones (…) incluso, hay un sector del empresariado que hace las cosas bien, que ve con malos ojos este precedente que una empresa que ha sobornado la política, tenga este tipo de contratos. Es un muy mal precedente".

"Todos nos damos cuenta de este mal negocio para Chile, acaso con este negocio que se ha hecho con SQM se ha comprado el silencio de (Julio) Ponce Lerou, cómo es posible que todos nos demos cuenta de este mal negocio y no se den cuenta personas que están preparadas para este tipo de trabajos", cuestionó el diputado de la Federación Regionalista Verde Social.

millones de dólares es el costo de terminar los contratos que mantiene Corfo con SQM y Albemarle. 23 mil

toneladas de litio metálico equivalente (LME), está autorizado a explotar SQM desde el salar de Atacama. 350 mil