Pablo Orellana G.

Continúan las repercusiones respecto de la investigación que se efectúa en torno a las denuncias de vejaciones y malos tratos que habría recibido un joven soldado conscripto al interior de la Brigada Motorizada N°1 de Calama, la cual sumó ayer un nuevo requerimiento.

Fue en esta ocasión la Defensoría Penal Pública la que solicitó la competencia del Tribunal de Garantía para atender el caso de dos involucrados en esta investigación que lleva la Fiscalía Militar - de un total de ocho supuestos agresores- para solicitar la liberación de los jóvenes al tratarse de menores de edad.

Ledy Liquitai, defensora juvenil, explicó que esta medida se debió a "que el defensor jefe de Calama se apersonó en la Brigada Motorizada y solicitó una nómina de las personas detenidas desde el 7 de junio. Al revisarlas se percató de que dos de los conscriptos eran menores de edad, o al menos a la fecha de ocurridos los hechos que están siendo investigados de forma interna", explicó la abogada.

La profesional prosiguió detallando que "lo que se solicitó es que la Fiscalía Militar se declare incompetente y que todo este proceso sea efectuado a través del Tribunal de Garantía, porque es la única justicia especializada y competente para menores de edad".

Menores de edad

Fue precisamente ese antecedente el que motivó al defensor jefe solicitar esta medida, la cual se efectuó ayer y a cargo de la abogada Ledy Liquitai. "En base a la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, en donde nuestro país asumió compromisos en estas garantías, las que incluyen precisamente que menores de edad no puedan ser investigados o enfrentar un proceso legal ante una fiscalía militar, como también la prisión preventiva como un recurso extremo, más cuando estaban privados de libertad y en compañía de adultos", dijo la defensora.

Liquitai agregó que "hay que ver la proporcionalidad de los hechos siendo estos cargos por abuso sexual y lesiones graves. Ahí podrían aplicarse otros criterios sobre las medidas cautelares, las que en ningún caso avalan que los dos jóvenes estén bajo prisión preventiva", dijo la defensora.

Ayer en tanto, el Tribunal de Garantía acogió esta solicitud y su competencia en este caso, remitiendo a la vez los antecedentes al Ministerio Público para indagar a estos dos menores y decretar la libertad de ambos, quienes deberán enfrentar luego los cargos antes expuestos, pero bajo la figura de responsabilidad penal adolescente y una vez que la Fiscalía cuente con todos los antecedentes del caso y que podría ser en esta semana en curso.

Por su parte, el general de la Primera División de Ejército, Rafael Fuenzalida, no quiso referirse en lo puntual a esta nueva arista de los hechos que están siendo indagados por un fiscal militar y sólo expresó que "una vez terminada la investigación y el sumario administrativo se entregarán antecedentes de lo ocurrido", dijo la autoridad castrense.

Además, aprovechó la ocasión para manifestar que las indagatorias están enfocadas a precisar las agresiones que aparecieron tras la filtración de un video en que se aprecia a un grupo de conscriptos efectuando una golpiza, "y por lo que no puedo adelantarme a lo que el fiscal militar esté investigando, pero cuyos antecedentes serán entregados una vez que esta labor finalice", dijo.

En tanto, Ledy Liquitai precisó que "el Ejército ya tomó conocimiento de esta situación y ha colaborado con este requerimiento y como Defensoría nos aseguraremos que los dos jóvenes reciban y cuenten con el debido proceso que abrirá en torno a estos cargos que se les imputarán nuevamente, pero esta vez en la justicia civil".

"Se solicitó es que la Fiscalía Militar se declare incompetente y que todo este proceso sea a través del Tribunal de Garantía".

Ledy Liquitai, Defensora juvenil"

"No puedo adelantarme a lo que el fiscal militar esté investigando".

Rafael Fuenzalida, General Primera División"

días de investigación se decretaron en torno a este caso, el que comenzó el pasado viernes 22 de junio. 10

La Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros indaga un robo que afectó a la Universidad de Aconcagua sede Calama, delito en el que esa casa de estudios sufrió el robo de seis millones de pesos en efectivo, los que se encontraban al interior de una caja fuerte.

El hecho quedó al descubierto por funcionarios de esa universidad una vez que regresaron a cumplir sus labores tras el fin de semana, detectando la vulneración y cuantificando la millonaria cifra que fue sustraída desde la caja fuerte que se encontraba en el sector de las cajas de pago del recinto educativo.

Antecedentes recabados por este medio de comunicación revelaron que un grupo indeterminado de ladrones llegó hasta la sede del emplazamiento de educación superior y utilizando herramientas, lograron abrir uno de los accesos al recinto ubicado en avenida Chorrillos para luego, forzar y romper una de las ventanas del sector de las cajas donde encontraron la caja fuerte que almacenaba los seis millones de pesos.

La poca seguridad con que cuenta el edificio donde se emplaza la casa de estudios sería una de las variables que expliquen la facilidad con que los ladrones ingresaron y retiraron los seis millones de pesos, situación que contrasta con la alta frecuencia de personas que allí concurren y donde además funcionan oficinas, un banco y queda a un costado del casino.

Vulneración

De hecho, los delincuentes tuvieron tiempo suficiente para ingresar y registrar el lugar. Además, y sin el apremio de algún dispositivo de seguridad, se dieron el tiempo de vulnerar la caja fuerte, lo que les habría demandado tiempo y bastante paciencia para luego retirarse del lugar sin que fuesen vistos o bien, sin despertar alguna sospecha o algo que los delatara.

Carabineros efectuó un llamado a las empresas que allí operan, como también a otras ubicadas en otros puntos de la ciudad, a reforzar y mejorar la seguridad interna, dificultando así que organizaciones criminales logren cometer robos y sustracciones a dependencias.

Dentro de las primeras diligencias establecidas por la Sección de Investigación Policial de Carabineros se busca establecer y obtener más antecedentes acerca del robo, determinar, al menos, el tiempo que estuvieron al interior del emplazamiento para luego orientar las diligencias a las identidades e individualizar a los ladrones que participaron en este delito.

La SIP efectuó empadronamientos y la toma de algunas muestras que quedaron en el sitio del suceso, la que será analizada por el equipo a cargo de estas labores policiales.

Carabineros no descartó ni tampoco confirmó que los autores de este delito hayan tenido información necesaria y acabada acerca del recinto, puesto que, tras su ingreso a la casa de estudios, no efectuaron destrozos o desórdenes en otras instalaciones, concentrándose sólo en el sector de las cajas y posteriormente, a vulnerar la caja fuerte donde sabían que estaban los seis millones de pesos.

Pese al robo las clases al interior de esa casa de estudios se efectuaron de forma normal y sin alteraciones a la vida académica.

Los responsables de este hecho podrían ser formalizados no sólo por robo a lugar no habitado, sino que además de delitos como daños a la propiedad privada, no descartándose esas figuras legales contra quienes ingresaron y sacaron los seis millones de pesos en efectivo.