Karen Cereceda Ramos

Tres meses de vigencia en Chile tiene la Ley N° 21 mil 015, conocida como Ley de Inclusión Laboral, la que busca incentivar y ampliar las posibilidades laborales de las personas con discapacidad o que sean asignatarias de pensiones de invalidez.

El principal mandato de esta normativa es la obligación de las empresas públicas y privadas, que cuenten con 100 o más trabajadores, a que dentro de su equipo laboral, al menos el 1%, sean personas con algún tipo de discapacidad.

También establece que, en caso de que una empresa no tenga las condiciones para cumplir con la ley, puede adoptar medidas alternativas establecidas legalmente.

Situación local

En Calama, si bien el proceso de aplicación ha ido lento, ya hay algunas empresas que se han interesado en la contratación de personas con discapacidad, la mayoría de ellas, ligadas al área del retail.

De hecho y según lo comentado por el jefe de desarrollo económico local de la Dideco en Calama, Sebastián Figueroa y la coordinadora Patricia Garay, durante la última feria laboral que realizó el municipio en conjunto con AIEP, hubo 13 empresas que estaban contratando a personas con discapacidad.

Entre el perfil de los contratados, Figueroa comenta que principalmente lo que más se solicita es personal para labores de logística, aseo y trabajos en la que no se requiere tanta preparación técnica.

Aun así hay varios casos en los que se han logrado insertar a personas con estudios profesionales y/o técnicos.

Uno de ellos , según comentó Patricia Garay, benefició a un usuario que llegó hasta oficina laboral para capacitarse en el área de la maquinaria pesada y en la actualidad se encuentra trabajando como relator en una escuela de conductores de la ciudad.

Otro ejemplo de inclusión se conoció ayer, luego que una cadena de supermercado insertará a 16 personas con discapacidad en las diversos locales de la región, incluido Calama.

"Son 16 personas con discapacidad de la región que se han integrado a desempeñar diversas labores. Esto va muy en la línea de nuestro gobierno del Presidente Sebastián Piñera, porque cuando se promueve la inclusión al interior de una empresa u organización, se gana en productividad, en relaciones humanas, en mejoramiento de las condiciones de trabajo con acceso a empleos de calidad, a salarios justos que reconozcan su labor", dijo al respecto el secretario regional ministerial del Trabajo y Previsión Social, Álvaro Le-Blanc.

Por su parte la coordinadora de la OMIL Patricia Garay comentó que, de acuerdo a la experiencia, las personas con discapacidad que trabajan suelen ser más responsables y metódicas y que eso les da un valor agregado.

Dificultades

La puesta en marcha de esta ley también ha traído algunas dificultades, especialmente porque, tanto las empresas como las personas que están en busca de trabajo, están desinformadas sobre esta ley.

En este sentido, la directora regional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), María Inés Verdugo comentó que desde la institución se encuentran centrados en la difusión de esta ley de manera que la comunidad se interiorice y se sigan sumando más empresas a esta normativa.

Otra de las dificultades a los que se han visto enfrentados tiene relación con poder conjugar la necesidad de la empresa respecto al personal, versus las competencias y el tipo de discapacidad que presenta el hombre o la mujer que está en busca de una fuente laboral.

Sebastián Figueroa dice que a veces hay un desencuentro porque, "por una parte están las empresas que quieren cumplir con la ley, pero tienen que reclutar al personal que a ellos les resulte funcionalmente necesario y por otro lado, se encuentran nuestras personas con capacidades diferenciadas que podrían pensar que es un derecho adquirido de ser empleados cual sea su condición, y ahí se produce el desencuentro ", comentó.

Por ejemplo, explica Figueroa, en sus registros puede llegar una persona que tenga alguna discapacidad auditiva que le impida trabajar en una tienda que quiere cumplir con la ley, pero que las instrucciones al personal las realiza sólo por altoparlantes.

Aquí es donde entra la labor de la oficina de intermediación laboral (omil) del municipio de Calama.

"Cuando una persona con discapacidad se acerca a nosotros, ellos tienen un soporte de atención, de orientación y de derivación", agrega Figueroa.

Este trabajo precisa se realiza ya sea a través de ferias laborales, visitas a las empresas, en reuniones, entre otros. "Vamos abriendo un poco de oportunidades, pero insisto en la medida que el mercado la sustente", puntualizó.

En tanto la coordinadora de la Omil, Patricia Garay agregó que "estamos todos tirando el remo para una sola dirección y estamos felices", dijo

Otra de las dificultades, según comenta Sebastián Figueroa y Patricia Garay tiene relación con que hay empresas que, por distintas situaciones, pero mayoritariamente porque no quieren implementar la ley en sus dependencias acuden a una alternativa que les entrega la ley.

Ello es que pueden subsidiar, con un monto de dinero, a otra empresa para que se adapte y contrate a personas en situación de discapacidad.

Capacitación

Fue recién el 1 de abril que entró en vigencia la Ley de Inclusión Laboral, razón por la cual aún existen dudas entre empleadores y empleados.

Es por este motivo que desde el departamento de desarrollo económico local comenzaron este año una iniciativa, que se trata de la ejecución de capacitaciones a distintas empresas de la zona.

Según informa Figueroa, profesionales de esta oficina se encuentran recorriendo la ciudad, informando no sólo los principales acápites de la ley, sino que también aspectos relacionados a la inclusión en general.

Ello significa por ejemplo el cómo acondicionar las empresas para que sea accesible, así como también el trato hacia una persona con discapacidad y cuáles son sus derechos y sus deberes.

Figueroa dijo que la invitación es "a los empresarios, a que sean parte de la solución y no del problema. Uno en la vida no tiene la salud comprada todos estamos expuestos a vicisitudes imprevistas y el ser humano, necesita ser útil necesita proyectarse", precisó.

"Cuando se promueve la inclusión al interior de una empresa u organización, se gana en productividad, en relaciones humanas, en mejoramiento de las condiciones de trabajo con acceso a empleos de calidad, a salarios justos ".

Álvaro Le Blanc, Seremi del Trabajo."

"LLamo a los empresarios, a que sean parte de la solución y no del problema. Uno en la vida no tiene la salud comprada todos estamos expuestos a vicisitudes imprevistas ".

Sebastián Figueroa, Municipalidad de Calama"

El 20% de los afiliados en calidad de trabajadores independientes en el sistema previsional paga cotizaciones en la región, según cifras de la Superintendencia de Pensiones (SP).

Al 31 de marzo de este año, de los 18.311 afiliados de esta categoría en Antofagasta, sólo 3.700 figuran con cotizaciones en el 'Informe Estadístico Trimestral de Afiliados y Cotizantes' de la SP.

La afiliación a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se entiende como el ingreso de un trabajador al sistema de pensiones, mientras que las cotizaciones son el pago mensual que éste realiza de su remuneración imponible.

De los independientes cotizantes, es decir, aquellos que prestan servicios a través de la emisión de boletas de honorarios, 2.027 corresponden a hombres y 1.673 a mujeres.

El número total de cotizantes en la región es de 192.046 (distribuidos en 119.648 hombres y 72.398 mujeres).

En este sentido, Antofagasta se encuentra mejor posicionada al compararla con otras regiones de la macrozona norte. Por ejemplo, en Tarapacá hay 1.962 independientes según la SP, de un universo total de 91.513 cotizantes (en la muestra se considera el número de afiliados que cotizaron en marzo de 2018, por remuneraciones devengadas el mes anterior).

Estadísticas

Las cifras de esta baja participación en un sistema de ahorro están en el contexto de la cotización obligatoria que comienza este año para trabajadores independientes.

El mecanismo para concretar esto será a través de la declaración en el Servicio de Impuestos Internos (operación renta) en 2019, desde la que se pagará este ítem con el monto retenido por el servicio.

Para el doctor en Economía y académico de la Universidad Católica del Norte (UCN), Dusan Paredes, no participar de un sistema de ahorro es un tema clave, ya que al término de la vida laboral se requiere de algún tipo de ingreso.

"No cotizar es una mirada cortoplacista que pone en riesgo la futura calidad de vida de quienes no lo hacen", expuso el académico.

Modificaciones

Sin embargo, el modelo de ahorro que comenzó en la década de los 80 arrastra críticas desde hace varios años, algo que generó multitudinarias marchas y llevó a que los principales actores tuvieran que referirse al respecto.

Esto principalmente dice relación al bajo monto que reciben los jubilados, algo que se agudiza si se conjuga con el aumento de la expectativa de vida en el país y las lagunas previsionales, un aspecto que hasta el momento no tiene solución e incide negativamente en el promedio de la jubilación.

Para el doctor en Economía, es necesario que el Estado realice un aporte significativo en este tema.

"Y las empresas también tienen que contribuir a la cotización. Con los niveles de sueldo que tenemos, no puede descansar todo el sistema de AFP en el supuesto de que los sueldos van a subir, porque no aumentan en la tasa que se espera. Se necesita un aporte estatal y de las empresas", explicó el economista.