Encargados de Salud en el Congreso valoran cambios en objeción de conciencia
ABORTO. El nuevo reglamento restablece el principio de que solo el personal médico puede presentar reparos al aplicar la ley.
Los presidentes de las comisiones de Salud en el Congreso, el senador (PPD) Guido Girardi y el diputado (PS) Juan Luis Castro, ayer valoraron positivamente que el Gobierno enviara a Contraloría un nuevo reglamento para la objeción de conciencia, en el marco de la ley de despenalización del aborto en tres causales.
"Es bastante significativo lo que aquí ha ocurrido, porque creo que ha triunfado la democracia", dijo a Emol el representante de la Cámara.
Castro sostuvo que, gracias a la decisión de que las instituciones pudieran aplicar la objeción de conciencia frente a las solicitudes de interrupción del embarazo -de la misma forma en que puede hacerlo una persona particular -, sin dejar de recibir aportes estatales, el Gobierno dio "un paso en falso" que hizo perder casi seis meses en la implementación de la ley.
"Nosotros decimos (que) este (nuevo) protocolo es correcto. Esto es lo que nunca debió haberse modificado y el tiempo nos dio la razón y le dio la razón a la Presidenta Bachelet cuando dictó su protocolo en enero pasado. Que ahora aparezcan sectores de Chile Vamos cuestionando o insinuando ir al TC (Tribunal Constitucional) a mí me parece sospechoso", señaló el también médico.
"Lo que yo quiero ver hasta dónde esta prueba de la blancura hace que el Gobierno ordene sus filas, y definitivamente sea éste el reglamento y no sea impugnado y llevado a ninguna otra instancia para poder dirimirlo", concluyó.
"privilegio"
La propuesta de La Moneda publicada esta semana restablece la restricción a las instituciones de salud privadas para ser objetores de conciencia, cuando reciben fondos públicos en el área de obstetricia y ginecología.
"Las instituciones no debieran tener conciencia porque no tienen ¿cómo una institución va a ser consciente? La objeción de conciencia, si uno la aplicara, es excepcionalísima, porque significa que algunos chilenos tienen el privilegio de no cumplir con la ley porque tienen que hacérsela todos los chilenos", explicó el senador Guido Girardi.