Una drástica medida fue la que adoptó la gobernación provincial de El Loa sobre los Programas de Intervención Integral Especializada (PIE) y de los Proyectos Especializados de Reinserción Educativa (PDE) del Servicio Nacional de Menores (Sename) y que dependen de esta repartición gubernamental. Esto, porque el grupo de profesionales a cargo de la implementación y operación de éstos fue desvinculado de sus funciones.

Se trata de seis profesionales, entre los que se encuentran ambos coordinadores y tutoras y psicopedagogas dependientes de estos programas, quienes argumentan que en ningún momento, desde que asumió la actual gobernadora, María Bernarda Jopia, se apersonó en las dependencias donde se intervienen a cerca de noventa menores.

"Nuestra principal preocupación son los niños, con quienes durante todo este tiempo hemos creado vínculos, que en el caso de ellos es difícil establecerlos, por tratarse de pequeños vulnerados. Por eso, nos hubiese gustado que se realizara una desvinculación progresiva, es decir, que se considerara el apego de los pequeños hacia el equipo de profesionales que abandona estos programas, porque para ellos será muy complicado adaptarse a personas a quienes no conocen, por su delicada situación", declaró el excoordinador del programa PDE, David Aguilera.

Continuidad

Por su parte, la gobernadora provincial aseguró que hoy habrá un nuevo equipo de profesionales a cargo de llevar adelante estos programas, por el bien de los niños.

"Me parece preocupante que en programas destinados al resguardo de niños vulnerados queden recursos sin utilizar cercanos a los 17 millones de pesos entre ambos programas. Existen pequeños que requieren de atenciones oftalmológicas, por ejemplo, pese a que estas prestaciones no están en los ítemes de los programas, faltó gestión para poder dar una mejor calidad de vida a los menores. No es posible que con esa cantidad de recursos sin utilizar sucedan estas cosas", finalizó Jopia.

Luis Grandón A.

Los avances presentados por la salud pública en la ciudad son evidentes. La llegada de más especialistas, la entrega paulatina de las distintas áreas de funcionamiento del nuevo hospital Dr. Carlos Cisternas (HCC) y el próximo hito, que será contar con la primera unidad de diálisis de la provincia de El Loa son hechos que demuestran, antes de todo, que la presión social ejercida por los propios habitantes y las distintas organizaciones que los agrupan y del servicio de Salud de Antofagasta por entender los prioridades de la ciudadanía loína rinden frutos.

Pero existe una responsabilidad que le compete directamente a la población beneficiada y es el cumplir con el pago de las prestaciones recibidas en el hospital.

Actualmente, la deuda hospitalaria en Calama asciende a los 1.500 millones de pesos. Esta situación, a nivel regional registra una deuda de 3 mil 200 millones de pesos si se suma al Hospital Regional de Antofagasta, con $1.700 millones.

De acuerdo con el director (s) del servicio de Salud de Antofagasta, Héctor Andrade, la mayor incidencia se registra en el hospital de Calama.

"En particular, la incidencia de esta deuda es mayor en el hospital de Calama, pese a que en Antofagasta la deuda llega a los $1.700 millones. Esto, porque si se compara la deuda versus el presupuesto inicial asignado en la capital de El Loa ésta alcanza al 7,5%, en cambio en la capital regional llega al 2,4%", explicó el director (s) del servicio de Salud.

Gestión

Ante esta preocupante situación, derivada del poco compromiso de algunos usuarios del sistema público de Salud, Andrade enfatizó en tres acciones relevantes para hacer frente a esta millonaria deuda, dentro de las cuales resaltó la gestión de cobranza de parte de la administración de los dos principales hospitales en la región, donde apuntó a que deben contar con medios más avanzados de recuperación.

"Esto se tiene que ver como una gestión de cobranza y ésta tiene que implicar medios más avanzados de recuperación de recursos. Por ejemplo, establecer convenios con bancos que permitan que las personas se dirijan a estas instituciones a cancelar y dejar en segundo lugar el pagaré que actualmente se utiliza, es decir, existen posibilidades de recuperación", precisó el director (s) del servicio de Salud de Antofagasta.

Atenciones aseguradas

Pese a lo abultado de la deuda que presentan ambos hospitales, Antofagasta y Calama, Héctor Andrade es claro en manifestar que no existe riesgo alguno que la atención de la salud pública se vea afectada, puesto que el presupuesto para las atenciones está asegurado.

"Esta deuda generada por los usuarios, no perjudica la atención del año en curso. Es un componente de ingresos propios, por lo tanto si los hospitales gestionan esta deuda, lo que hacen es aumentar el presupuesto del hospital ya asignado", consignó la autoridad de Salud.

En este sentido, Andrade explicó que el cumplir con el pago de las atenciones permite contar con recursos para mejorar otro tipo de prestaciones, aumentando ingresos para mejorar la calidad de éstas.

Por su parte, el director (s) del HCC, Gregorio Silva, explicó que los ingresos del hospital responden a un presupuesto ministerial que está respaldado con las prestaciones que anualmente realizamos, como por ejemplo cirugías, consultas, intervenciones, etcétera", sostuvo el director (s) del hospital de Calama.

"Esto se tiene que ver como una gestión de cobranza y ésta tiene que implicar medios más avanzados de recuperación de recursos"

Héctor Andrade, Director (s) servicio de Salud"