Por Paulina Ibarra

El proceso judicial del denominado Caso Penta y la actual discusión en el Senado del proyecto de ley que modifica el Código Penal respecto a este delito señala como una preocupación ciudadana cómo se tipifican y sancionan las prácticas de sobornar a una autoridad o funcionario público para obtener un beneficio privado.

En principio, esto nos parece que apunta en la dirección correcta. Sin embargo, hay señales que nos parecen del todo desalentadoras.

La decisión del fiscal Manuel Guerra de no incorporar el delito de cohecho en contra de Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín y Pablo Wagner nos parece una decisión que va en contra del enfoque que deberían tener las instituciones encargadas de fortalecer la persecución penal en contra de este delito.

El cohecho es una grieta que debilita nuestra democracia, ya que esta es capturada por intereses privados en desmedro de los organismos públicos, los que precisamente buscan el bienestar común. No es posible que veamos delitos de robo de un celular con mayores penas que el robo de millones al Estado.

Desde Fundación Multitudes apoyamos las propuestas de Espacio Público y Ciudadano Inteligente para aumentar las penas, tipificar el delito de soborno entre particulares y de administración desleal, así como el proyecto que establece responsabilidad penal de las personas jurídicas en el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho.

El caso Penta pone en juego la fe pública respecto a la persecución de estos delitos, por lo que su alcance es mayor que la acción delictual a perseguir, y que es de tanto o más valor jurídico que el daño patrimonial implicado.

Es necesario castigar con inhabilidad absoluta en cualquiera de los grados de cohecho simple de mera actividad, así como considerar una pena de 541 días a 10 años según el monto. Es decir, tener como piso la penalidad contenida actualmente en la legislación y aumentar en 5 años lo propuesto en el proyecto.

Debería determinarse también la inhabilitación absoluta perpetua para los delitos de Cohecho con Infracción deberes y Cohecho con delitos, con una pena para el primero de 3 años y 1 día a 15 años según monto, y de 5 años y 1 día a 15 años para el segundo.

"El cohecho es una grieta que debilita nuestra democracia, ya que esta es capturada por intereses privados en desmedro de los organismos públicos, los que precisamente buscan el bienestar común""

Hasta la Región de La Araucanía se fue la Viña San Pedro para intentar conseguir el esperan sea un pinot noir de calidad, pero con un agregado especial: un sello indígena, con denominación de origen (Malleco) y comercializable en mercados internacionales.

El proyecto nació en la comunidad mapuche de Buchahueico (La Araucanía), junto al apoyo de la Comisión Nacional de Riego (CNR) e Indap. Ahí se selló un acuerdo para trabajar con cuatro familias mapuche, que plantaron uvas y que serán utilizadas para la producción del primer vino mapuche de Viña San Pedro. La producción ya está en guarda por los próximos 10 meses.

Fuente de trabajo

La enóloga jefe del proyecto, Viviana Navarrete, afirmó que "este proyecto significó para las familias de la zona tener una nueva fuente de desarrollo, trabajando su propia tierra. Antes vivían de prestar servicios esporádicos a empresas forestales y debían salir de sus tierras en busca de empleo. Hoy, recibieron herramientas y asesoría para trabajar sus predios, con un modelo de trabajo rentable y sustentable, que les ha permitido tener viñas productivas en sus propios campos".

Confianza y trabajo

Luego de generar las confianzas necesarias para desarrollar un proyecto de este tipo para un negocio que no está asentado de manera intensiva en la zona sur del país, Navarrete agregó que "esperamos que sea el principio de una nueva forma de trabajo colaborativo con distintas comunidades en Chile". Para ella, "es un modelo de negocios sustentable de largo plazo, perfectamente replicable".

El futuro

"Lo que sigue ahora es ver los resultados de la primera cosecha que dará vida al primer vino elaborado con uvas producidas por una comunidad mapuche. Será un momento de celebración para todos los que hemos aportado a este proyecto", resaltó la enóloga. En términos económico, añadió San Pedro, los agricultores tienen garantizada la venta de toda su producción. Independiente de la calidad o el volumen, la viña les comprará a un precio mínimo garantizado las uvas que produzcan cada año.

Valeria Barahona

El fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, afirmó ayer que el Ministerio Público "no tiene por qué dejar acomodado a ningún querellante", al defender su trabajo luego de descartar los delitos de cohecho y soborno en el caso Penta, razón por la que fue blanco de críticas desde diversos sectores.

"Si nosotros hemos adquirido la convicción de que estamos frente a un delito de enriquecimiento ilícito y no sobre un delito de soborno y cohecho, no tiene ningún sentido que mantengamos en los hechos por los cuales reformalizamos todos aquellos actos que se señalaban como propios del cargo", explicó Guerra en Canal 13.

El persecutor agregó que no es rol del Ministerio Público "'hacerle el queque' o dejar acomodado a ningún querellante. (...) Tampoco cerrarle la puerta, pero tampoco acomodárselo".

"imprudencia"

El fiscal regional se refirió al cambio en sus declaraciones, luego que en 2016 aseguró que el cohecho en el caso Penta era un tema "intransable" para llegar a un juicio abreviado. Ayer, Guerra recordó el momento como una "imprudencia".

"Creo que cuando está vigente el proceso, creo que uno tiene que ser más cauto en el uso de ese tipo de expresiones porque después efectivamente (se) tiende a modificar esto", afirmó el responsable de la investigación.

El delito de cohecho, de acuerdo al fiscal, "siempre se supo que era la imputación más débil de todo el grupo de cargos" que iban contra Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín y Pablo Wagner.

"La acusación fue eminentemente estratégica en ese momento", señaló Guerra como razón para esbozar aquel argumento.

"No pude probar el cohecho", enfatizó el abogado. "Yo no digo que lo que hicieron Délano y Lavín esté bien y, aún más, en Chile hay un problema de tipificación (...) determinadas conductas no se encuentran tipificadas, una de ellas, pero que se está discutiendo en el Congreso, es incluir el cohecho por funciones".

Guerra precisó que la conceptualización de un hecho se trata de que "se pague por tener a alguien en la nómina, en términos coloquiales".

Las críticas

Una de las principales quejas hacia el trabajo del persecutor en ese caso vino de parte de la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Eugenia Manaud, quien aseguró que había "una interpretación torcida de la ley". "Eso no ocurrió. El juez dio los fundamentos de la resolución, ellos probablemente van a recurrir y, en definitiva, la justicia va a resolver", señaló Guerra.

Fiscal nacional

En medio de esa polémica, el ex juez Carlos Gajardo esgrimió que la actuación de Guerra se debería a la posibilidad de que postule a fiscal nacional. Sin embargo, Guerra descartó esta posible postulación, argumentando que el cargo "requiere un nivel de consenso que yo no reúno", debido a que la nómina es presentada por la Corte Suprema, la Presidencia y el Senado. Las palabras del fiscal regional se sumaron a las dijo en una entrevista en La Tercera: "No voy a postular (a fiscal nacional). Además, estamos hablando de un debate que se está anticipando más de cuatro años, que no va a ser resuelto por el Gobierno, ni por el actual Senado".