Hasta la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente llegó ayer el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), Segismundo Schulin-Zeuthen, para presentar una denuncia ante el Ministerio Público para pedir que se investigue la filtración de miles de datos de tarjetas de créditos.

El líder de la ABIF defendió al gremio, al que restó responsabilidad por la divulgación de información de casi 70 mil cuentas.

"Vinimos a presentar una demanda por estos hackeos que han ocurrido, teniendo presente que la banca no tiene mayor responsabilidad", dijo Schulin-Zeuthen. "Este es un tema nacional que, en el caso nuestro, hay responsabilidades de los distintos actores (...) entonces que se nos achaque todo a la banca, yo creo, por decir lo menos, que es injusto", agregó.

"En este caso, claramente, nosotros no tenemos cómo comprobar que ese comercio cumpla con todas las normas", argumentó el dirigente gremial, debido a que los primeros antecedentes dados a conocer por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) apuntan a que la filtración habría ocurrido en un comercio internacional.

Por eso, Schulin-Zeuthen enfatizó que "está la responsabilidad de aquella empresa que tiene esta información en sus registros (...) y nosotros hemos ofrecido toda la colaboración porque para la banca es muy importante resguardar la información de nuestros clientes".

Instancia parlamentaria

Por otro lado, la bancada de senadores de la DC anunció ayer que pedirá una sesión especial para analizar este hecho, a la que se podría citar al Ministro de Economía, José Ramón Valente y al superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Mario Farren.

El diputado Gabriel Silber señaló que "lo que ha pasado es grave; e independientemente de las investigaciones que realizará la Fiscalía, aquí los ciudadanos y ciudadanas tienen todo el derecho a saber en qué condiciones se encuentra el país para enfrentar estos hackeos".

Las intensas lluvias y la "inusual nevazón" que ocurrieron en junio y julio de 2017, respectivamente, dejaron a más de 300 mil personas sin electricidad por varios días. Es por ello que las municipalidades presentaron demandas colectivas en contra de Enel Distribución.

Entre ellas figuraban Las Condes, Ñuñoa, Vitacura, La Reina, Lo Barnechea y Providencia y fueron sus propios alcaldes quienes motivaron a los vecinos a firmar y apoyar la moción para presentarla a la justicia.

A poco más de un año de ese hecho, el gerente de Mercado de Enel Distribución, Víctor Tavera, comentó en conversación con Emol que "actualmente tenemos 11 demandas colectivas que están siguiendo su curso normal".

"Este es un proceso legal que tiene varias etapas, se cumplió la primera que es donde las partes intentan llegar a acuerdo, la etapa de conciliación. Nuestra empresa presentó propuestas y los juicios continúan", explicó.

Asimismo, el ejecutivo aseveró que "el año pasado realizamos una bonificación voluntaria extraordinaria y única en la historia del país, no hay precedentes de una bonificación de este tipo donde compensamos a más de 100 mil clientes".

El monto que desembolsó la compañía en aquella oportunidad fue un total de $3.300 millones.

Respecto al tema judicial, Tavera dijo que "no podemos decir cómo van a terminar los juicios, son procesos abiertos ni tampoco fechas específicas".

Por último, recalcó que "hay varias demandas de los municipios" y que la interpuesta por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) "es una demanda más".

Video

El domingo se produjo una nueva emergencia en relación al suministro eléctrico luego de que cuatro comunas del sector oriente de Santiago se vieran afectadas por un apagón. Según indicaron desde la empresa, este hecho se produjo a raíz de un incendio en el sector de Huechuraba, el cual habría sido intencional.

La compañía a través de un video salió al paso de los cuestionamientos, pero no en una conferencia de prensa sino con la difusión de un video donde exhibe cómo quedaron lo cables. De acuerdo al registro, se observan carbonizados.

En el marco de su gira a El Maule y con el reciente cierre de Iansa como principal tema de debate en la zona, el Presidente Sebastián Piñera, señaló ayer que uno de sus objetivos es "transformar a Chile en una potencia agroalimentaria".

El Mandatario, refiriéndose al cierre de la planta de Iansa en Linares, reiteró su idea de reconversión hacia otra agricultura, como frutales, en la zona.

"Cuando uno planta un árbol, se demora dos o tres años en que empiece a producir, vamos ayudarlos buscando alianzas estratégicas con exportadores, con otras empresas para que algunos agricultores, los que quieran, puedan pasar de los cultivos tradicionales hacia frutales que son de mucho mayor valor agregado. Esto es lo que ha hecho el Maule Norte, que se ha ido reconvirtiendo", comentó.

En ese contexto, el Mandatario indicó que "nosotros queremos transformar a Chile en una potencia agroalimentaria; hoy la agricultura genera aproximadamente tres millones de empleos, es decir, hay tres millones de personas que viven en torno a la agricultura; no son empleos, es el conjunto familiar y además de eso exporta US$ 16 mil millones, es decir, después del cobre es la segunda industria exportadora de Chile".

Con ello, precisó: "Hoy Chile está preparado, en primer lugar tenemos tratado de libre de comercio con prácticamente todas las economías del mundo. Cuando en Estados Unidos, en China y Europa es invierno y no pueden producir acá es verano y podemos por tanto, llevar productos agrícolas chilenos".