Solicitan al Vaticano los expedientes canónicos de abusos
FISCALÍA NACIONAL. Son los procesos de imputados por hechos cometidos en Chile.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, dirigió ayer un oficio al Vaticano en el que pidió expedientes canónicos que involucran a imputados investigados por el Ministerio Público en casos de presuntos abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica en Chile.
La petición reúne tres requerimientos de asistencia internacional en materia penal respecto de nueve personas investigadas por los persecutores regionales de Valparaíso, Pablo Gómez; Metropolitana Sur; Raúl Guzmán; y de La Araucanía, Cristián Paredes.
El documento, señaló el Ministerio Público en un comunicado de prensa, es de carácter reservado y fue remitido durante la jornada al Ministerio de Relaciones Exteriores. La idea es que esa cartera envíe el oficio a través de la vía diplomática a la Santa Sede.
Desde la Fiscalía explicaron que "la base jurídica de la solicitud se asienta en los principios generales de derecho internacional, en particular en el de reciprocidad, marco en el que le corresponde a la Cancillería ejercer el rol de autoridad central en materia de requerimientos a otros Estados".
El organismo persecutor sostuvo que tras el envío de estos tres primeros requerimientos de información, la Fiscalía no descarta nuevas solicitudes al Vaticano.
Según el último catastro del Ministerio Público, actualmente la Fiscalía indaga 38 causas vigentes por delitos sexuales contra miembros de esa institución. Las investigaciones involucran 73 presuntos abusadores y a 104 víctimas, la mayoría de estas últimas menores de edad al momento de cometerse los hechos.
Cita de la iglesia
Desde Punta de Tralca, donde se desarrolla la asamblea plenaria extraordinaria de la Conferencia Episcopal de Chile (CECH), el vocero de esa entidad, Jaime Coiro, aseguró que los asistentes han escuchado la opinión de una serie de invitados y recalcó que la Iglesia ha cooperado con las investigaciones del Ministerio Público.
Sobre la aseveración del fiscal Emiliano Arias por la destrucción de documentos ligados a indagaciones, Coiro explicó que la CECH "desconoce los posibles detalles. No se sabe a qué documentos se refería, entonces mal se pueden tomar decisiones sobre situaciones que no se conozcan".