El Gobierno de Estados Unidos anunció ayer la imposición de sanciones económicas contra los ministros turcos de Justicia, Abdülhamit Gül, y de Interior, Suleyman Soylu, por su papel en el arresto en Turquía del pastor estadounidense Andrew Brunson.

"La detención injusta del pastor Brunson y su continuado procesamiento es simplemente inaceptable", dijo la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, al informar de las sanciones en una rueda de prensa, en la que reiteró la exigencia de su liberación.

Las relaciones entre Turquía y EE.UU. pasan por momentos de tensión por la situación de Brunson, detenido en octubre de 2016 acusado de terrorismo, un cargo que el religioso niega, y actualmente bajo arresto domiciliario en espera de juicio.

Asimismo, Washington acusó a Gül y Soylu de "abusos graves de derechos humanos".

Como consecuencia de las sanciones quedan congelados los activos que los dos ministros del Gobierno del Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe realizar transacciones financieras con ellos a entidades del país, indicó el Departamento del Tesoro.

Sanders detalló que el Mandatario de EE.UU., Donald Trump, ha tratado el tema de Brunson "en varias ocasiones" con Erdogan y que "no está "contento con la decisión de no liberarlo".

Preocupación en la otan

Horas antes de la imposición de sanciones, el comandante supremo de la OTAN para Europa, el general estadounidense Curtis Scaparrotti, se reunió en Ankara con el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, en lo que la prensa local ha interpretado como un gesto para rebajar las tensas relaciones entre EE.UU. y Turquía, miembros de la Alianza Atlántica.

Akar, jefe del Estado Mayor hasta el mes pasado, cuando asumió la cartera de Defensa, recibió a Scaparrotti en Ankara en una reunión de la que no trascendieron detalles de forma oficial, según informó la agencia turca Anadolu.

Matías Jullian V. /Agencias

Un total de 12 personas, entre empresarios y ex funcionarios de los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2015), han sido detenidas en Argentina en el marco de una causa en la que se investiga una presunta red de pago de sobornos en la concesión de obras públicas.

La propia ex Presidenta fue citada a declarar en calidad de investigada por este caso, que ya ha sido descrito como un posible "Lava Jato argentino", en alusión al polémico caso por corrupción desatado en Brasil y que tiene en la cárcel al ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al ser acusado de recibir sobornos de parte de la empresa constructora OAS.

Según informó a la prensa el jefe de la Policía Federal del país austral (PFA), Néstor Roncaglia, quien remarcó que el caso está bajo secreto de sumario, los arrestos se efectuaron entre la tarde del martes y la madrugada de ayer. La orden fue dictada por el juez del caso, Claudio Bonadio, quien a su vez citó a declarar como imputada a Fernández el próximo 13 de agosto.

Involucrados y arrestos

La indagatoria involucra, entre otros ex funcionarios del Gobierno trasandino, al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido , uno de los hombres más fuertes en los 12 años de kirchnerismo que se encuentra detenido desde 2017, así como a su círculo más cercano.

También son investigados el ex secretario general de la Presidencia, Óscar Parrilli, y el ex juez federal Norberto Oyarbide.

Están implicadas muchas de las compañías constructoras y energéticas más importantes de Argentina, las que habrían entregado millones de dólares en efectivo. El dinero era distribuido en bolsos y, según los investigadores, terminaba en el domicilio particular del matrimonio Kirchner o en reparticiones estatales, según informa La Nación.

Es por ello que, tras la orden del juez Bonadio, la policía detuvo a Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio de Vido, y otros ex colaboradores del Ministerio de Planificación.

Del mismo modo, fueron arrestados diversos empresarios de empresas constructoras y energéticas, como Gerardo Ferreyra y Luis Neyra de Electroingeniería y Héctor Sánchez Caballero, de Iecsa.

Todos los detenidos deberán declarar hoy ante el juez Bonadio.

La investigación

La causa se inició tras una investigación del mencionado medio en base a los registros de Óscar Centeno, un chofer de Roberto Baratta que durante los 10 años que trabajó en el ministerio recabó en cuadernos una serie de nombres, montos, direcciones, fechas y lugares donde se hacían las transacciones. Estas notas del conductor eran ignoradas por el resto del Gobierno.

La fiscalía, que investiga bajo la hipótesis delictiva de asociación ilícita, estima que por el automóvil de Centeno -quien fue detenido la tarde del martes- pasaron unos US$ 160 millones, aunque los indagadores concluyeron que podría ser una cifra mucho mayor si se consideran operaciones cuyos montos no fueron inscritos en los mencionados cuadernos. Ahora, el chofer deberá comparecer ante la justicia, y se estima que podrían ocurrir nuevas detenciones.

El papel de Centeno será clave, ya que según la prensa trasandina el fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la investigación, le ofrecerá la posibilidad de convertirse en imputado colaborador, lo que eventualmente podría mejorar su situación procesal.

personas han sido arrestadas hasta el momento. Todas son empresarios o ex funcionarios de Gobierno. 12

de agosto. Para esa fecha fue citada a declarar, en calidad de investigada, la ex Presidenta Cristina Fernández. 13