Karen Cereceda Ramos
El 29 de junio de 2018, mediante oficio, la Contraloría General de la República emitió el informe final de una auditoría que se realizó en el cementerio municipal de Calama.
Según se consigna en dicho documento, "el objetivo fue verificar que los ingresos propios obtenidos por dicho camposanto, por concepto de venta de nichos y/o sepulturas, arriendo y mantenciones, entre otros hayan sido efectivamente percibidos, y las operaciones asociadas den cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que regulan la materia".
En el informe, que consta de 71 páginas y se encuentra disponible en la página web de Contraloría, se informa que el órgano detectó varias irregularidades tanto de tipo financieras como administrativas, luego de analizar los movimientos ejecutados en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.
Metodología
De acuerdo a lo que se indica en el documento, para llegar a las conclusiones, los funcionarios de la sede regional de la Contraloría examinaron varias aristas entre las que se incluyó, "la solicitud y análisis de documentos, el examen de cuentas sobre las ventas de derechos de terrenos efectuadas durante el año 2017, la recepción de declaraciones de trabajadores de esa dependencia, validaciones en terreno y la aplicación de otras pruebas que se estimaron apropiadas según las circunstancias".
Además, seleccionó sólo una muestra equivalente al 10% de los ingresos que fueron percibidos por este cementerio durante el año pasado.
Deficiencias
De acuerdo a lo que se emite en el informe final de la Contraloría Regional, durante la auditoría "se evidenciaron deficiencias específicas de control que debilitan la efectividad de los procedimientos dispuestos por esa entidad edilicia para el manejo de los recursos asociados a la materia auditada".
Una de ellas es que se constató que existían construcciones en los terrenos del camposanto, que no coincidían con lo establecido en la orden de ingreso que detallan los derechos adquiridos por los contribuyentes.
Incluso, de la muestra se detectaron siete casos en el que las construcciones eran mayores a las informadas en la orden de ingreso.
En el informe se detalla también que se determinó la inexistencia del registro contable para los ingresos por percibir.
Para ello, la Contraloría le dio un plazo de 60 días hábiles para presentar la documentación que "acredite el monto total determinado de la deuda que los contribuyentes mantienen con esa entidad para el período 2017".
Otra de las deficiencias que se encontró al interior del cementerio fue que no existe un catastro de las unidades de terreno existentes en la que se detalle por ejemplo, la individualización de los terrenos vendidos y aquellos que están disponibles.
Además se logró comprobar la falta de uniformidad y claridad respecto de la ubicación de los nichos y terrenos del camposanto, "lo cual imposibilita una correcta administración, supervisión y fiscalización de los terrenos de que se trata".
Financieros
Otra de las conclusiones que se emitieron tras la auditoria señala que "se observó la falta de procedimientos por parte del departamento de Finanzas del camposanto, para comprobar que el cobro de los derechos de terrenos son correctos".
Ello, "no le permite a la entidad disponer de un control o planificación sobre los futuros ingresos que pueden percibir en el recinto, seguido de la venta de un terreno".
En el ámbito financiero también se constató que existían diferencias en los saldos utilizados en la conciliación bancaria con los que aparecen en el balance.
Por ejemplo y según se explica a través de una tabla en el informe hay diferencias de hasta $30 millones en algunos meses, respecto de lo que aparece en el balance y lo que está indicado en la conciliación bancaria.
Plazos
La Contraloría Regional dio un plazo al municipio de 60 días hábiles, contados desde la emisión del informe final para que subsane las deficiencias e irregularidades detectadas en la administración del cementerio municipal.
Agregó que tras este ejercicio se comprobó que existe un incumplimiento al Reglamento General de Cementerios, "por lo que corresponde que la autoridad comunal (alcalde) ordene las acciones necesarias para regularizar el uso y funcionamiento del recinto de acuerdo a lo que establece la normativa que lo rige".
Al consultar al municipio de Calama respecto de los resultados de la auditoría, desde el departamento de Comunicaciones se nos derivó hasta el administrador del cementerio, Ernesto Mancilla quien dijo que no tenía autorización para entregar detalles sobre esta materia.