Secciones

Alcalde no firmará decreto de remoción de Tamara Aguilera

HECHO. Agusto esperará dictamen de Contraloría al respecto, pero será denunciado por ediles por notable abandono de deberes.
E-mail Compartir

Mario Covarrubias Pereira

El pasado 27 de julio, el Concejo Municipal de Calama votó en su mayoría remover a la actual administradora municipal, Tamara Aguilera, argumentando razones relacionadas con la dificultad presupuestaria actual y su escasa capacidad para articular acuerdos, entre otras. Fueron seis ediles que sufragaron a favor de la remoción (Carolina Latorre, José Mardones, Dinka López, Ricardo Campusano, Maritza Cortés y Jorge Olivares) y tres que lo hicieron en contra (José Astudillo, Claudio Maldonado y Daniel Agusto).

Tribunal

Sin embargo, desde esa determinación del Concejo a la fecha, el alcalde aún no ha firmado el decreto de remoción, razón por la cual Tamara Aguilera todavía realiza sus funciones de administradora municipal. Aquella negativa de Daniel Agusto redundó en que el mismo grupo de concejales que removió a esta funcionaria decidiera interponer una demanda ante el Tribunal Electoral por notable abandono de deberes en contra de la primera autoridad comunal.

Por su parte, la administradora municipal demandó al Concejo como cuerpo colegiado y a cada uno de los ediles que votaron a favor de destituirla, con el afán de que se retrotraiga el acuerdo conseguido el 27 de julio pasado. Esta acción judicial se materializó a través de un recurso de protección, que debería resolver la Corte de Apelaciones durante la próxima semana.

Fue una de las concejalas que sufragó a favor de sacar a Aguilera de su cargo, Carolina Latorre, la que manifestó que "la votación del Concejo ya va a cumplir un mes, pero al alcalde no le interesa dictarlo y, en el fondo, lo que se originó fue una orden de no innovar, con facultades que no tiene. No lo va a hacer mientras no se resuelva en la Corte de Apelaciones este recurso de protección".

A lo que agregó que Agusto "está cayendo nuevamente en un notable abandono de deberes, porqué él es el alcalde de la ciudad y presidente del Concejo, por lo tanto, como tal, debe llevar a cabo los acuerdos que desde ahí emanen. Si este tipo de situaciones ocurre, qué sentido tiene que nosotros como ediles generemos acuerdos o tomemos decisiones".

Pese a asegurar que no se le puso un plazo al alcalde Agusto para firmar el decreto de remoción de Aguilera, Latorre reveló que existe una ley de Procedimiento Administrativo para la ejecución de ciertas determinaciones, donde -según indicó- la fecha tope ya transcurrió.

"Nosotros, como concejales, hemos solicitado información a Control y la señora Érica Muñoz, que es la encargada, le ha hecho ver al alcalde que está cayendo en una ilegalidad, sin embargo, él continúa en su postura de no querer llevar a cabo un acuerdo de Concejo. Cosas como ésta las resuelve más desde el punto de vista personal que desde el profesional o jurídico. No es un comportamiento a la altura de un alcalde ", argumentó.

Agusto

Por su parte, el alcalde de Calama, al ser consultado al respecto dijo que "nosotros elevamos esos antecedentes a Contraloría y será este organismo el que me diga si debo o no firmar el decreto de remoción de Tamara Aguilera. El Concejo no generó bien esta remoción, porque ésta contiene irregularidades tales como las formas de convocatoria, la falta de notificaciones y los argumentos, que nada tienen que ver con la administradora, en fin...".

Respecto a la acción que los ediles llevarán al Tribunal Electoral, Daniel Agusto aseguró que "estas personas viven para eso y no han contribuido en nada a la gestión municipal. Es parte del desquicio y desesperación en que viven. No trabajan un día por la ciudad, sólo destruyen y denostan. Los llamo a avanzar para generar un trabajo de proyección a futuro", finalizó.

Capacitan a funcionarios sobre los alcances relativos a la Consulta Indígena

APORTE. Es relevante, porque la zona alberga a diversas etnias.
E-mail Compartir

Dar una radiografía de la situación de las comunidades originarias del país y la región, conocer aspectos legales y diversos procesos previos relacionados con la Consulta indígena, fueron parte de la capacitación impartida en Antofagasta por el ministerio de Desarrollo Social.

La actividad contempló una mirada a la guía de orientaciones metodológicas, donde participaron representantes de diversos estamentos públicos y privados para conocer el marco legal en que se desenvuelven las comunidades originarias e implementar los diversos procesos de apoyo a esta instancia.

El tema adquiere relevancia en la región de Antofagasta cuyo territorio alberga a atacameños, aymaras y quechuas, siendo éstos parte de tres de los nueve pueblos originarios reconocidos por la Corporación Nacional Indígena (Conadi). Aquí destaca la alta migración hacia Antofagasta y Calama desde la zona precordillerana.

Población

Actualmente, la población indígena alcanza al 12% del total nacional, con más de 2 millones 200 mil personas, agrupadas en diferentes pueblos de norte a sur del país, según datos del Censo de 2017. Los más numerosos son los mapuches, seguidos de los aymaras.

Sobre la importancia de esta actividad, la seremi de Desarrollo Social, María Fernanda Alcayaga, señaló que la capacitación permitió abordar diversas temáticas de interés en la región, especialmente relacionados a los convenios internacionales, decretos y conocer el proceso previo a la consulta indígena.

La autoridad estuvo a cargo de dar la bienvenida en la capacitación, destacando la importancia de las comunidades en el desarrollo de la región y los nuevos desafíos, especialmente relacionados con los territorios y administración de éstos.

En la ocasión, intervinieron tres profesionales del nivel central, quienes abordaron diversos puntos de interés. También se repartió un cuadernillo con los principales apuntes de la Consulta Indígena y que corresponde a una petición expresa del Presidente Sebastián Piñera para elevar el estándar en este proceso.

Entregan más de 40 mil kilos de alimento para ganado en El Loa

AGRICULTURA. Para mitigar los efectos del último frente climático en la provincia.
E-mail Compartir

Más de 40 mil kilos de alimento animal recibieron los pequeños ganaderos loínos, en específico de las comunas de Ollagüe y Calama en sus localidades de Ayquina Turi y Caspana, en el marco de la entrega del incentivo Capital de Trabajo.

La entrega benefició a 57 usuarios del programa gubernamental de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI), dando así una respuesta oportuna e inmediata a la necesidad de forraje demandada por los agricultores ante los fenómenos climáticos de nieve y lluvias que se han manifestado durante este invierno en la zona cordillerana de Alto El Loa.

Una inversión de 17 millones 403 mil pesos que Indap otorga a los usuarios de la institución, propietarios de animales que ante la ausencia de alimento en las praderas y también la amenaza del puma, no tienen otra alternativa más que recurrir a este apoyo estatal. A.

Alertas

El seremi de Agricultura, Gerardo Castro expresó que "nosotros estamos constantemente alerta ante los riesgos que se presentan en la región, especialmente en esta época donde las condiciones climáticas se vuelven más extremas. Es por ello que el mismo día de recibida la denuncia, en compañía del director de Indap, nos encontramos con los afectados para brindarles apoyo. Buscamos la cercanía con el agricultor, apoyarlo en cada paso que pueda dar; es por ello que el alimento, usado como ayuda, es adquirido a productores regionales, buscando fortalecer el sistema agroproductivo".

Por su parte, el director regional (s) de Indap, Marcelo Miranda expresó que la entidad "está evaluando la entrega de similar apoyo para los integrantes del PDTI de San Pedro de Atacama previo informe productivo y de necesidades detectadas". Esto, debido a la presencia de sectores de la comuna que también se vieron afectados por la nieve, fuertes vientos, heladas y lluvia.

Las entregas de estos incentivos se realizaron en la comuna de Ollagüe, beneficiando allí a 15 usuarios, 30 en Caspana y 12 en Ayquina Turi, completando las 12 toneladas en la primera, 22 en la segunda y 7 en la última. A través del Capital de Operacional se benefició a 57 agricultores, quienes participan activamente en la decisión de las inversiones por un total de $17.403.000, con un aporte de INDAP de $16.595.850 y un aporte de los agricultores de $870.150.