Mauricio Mondaca
El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer con prisión preventiva a la ex Presidenta argentina Cristina Fernández, acusada de haber recibido millonarios sobornos de empresarios ligados a licitaciones de obras públicas durante los Gobiernos kirchneristas (2003-2015), aunque por ahora no será detenida por mantener fuero al ejercer como senadora.
Como consignó AP, se le impuso un embargo de 4.000 millones de pesos (equivalentes a US$ 100 millones).
Según informaron fuentes jurídicas a la agencia EFE, Bonadio dictó el procesamiento con prisión por "asociación ilícita" contra ella -cuya detención dependerá de que dos tercios de los senadores aprueben su desafuero- y diversos miembros de su Ejecutivo, así como contra varios de los empresarios sospechosos de haber pagado coimas para favorecerse con contratos.
Algunos nombres
Entre ellos figuran Angelo Calcaterra, primo del actual Presidente, Mauricio Macri (que declaró haber hecho bajo presión pagos ilegales para financiar las campañas electorales kirchneristas), Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Luis Betnaza, Carlos Wagner y Enrique Pescarmona. Desde que estalló el escándalo a principios de agosto, varios son los empresarios y ex funcionarios que han declarado como imputados 'arrepentidos' -figura legal que otorga beneficios penales para los que colaboren con la justicia- y han reconocido la existencia de las coimas y la supuesta implicación de Fernández y su fallecido esposo, el también ex Presidente Néstor Kirchner.
"Era algo que estábamos esperando, habituados a un Bonadio que no está ejerciendo su rol de juez independiente sino de juez arbitrario por fuera del estado de derecho", dijo a EFE el abogado de la ex Mandataria Gregorio Dalbón.
El defensor aseguró que el magistrado -que ya procesó a Fernández en otras causas e incluso pidió su desafuero para detenerla, algo que no prosperó- está "comulgando con las corporaciones mediáticas" y con el Poder Ejecutivo nacional para seguir "persiguiendo a la líder de la oposición".
La indagación
Según informó el juez en agosto, con bases en sus investigaciones llegó a la conclusión de que Kirchner y Fernández fueron, junto a su ministro del área de obras públicas, Julio de Vido, los "verdaderos beneficiarios" de la supuesta red de sobornos llevada a cabo durante sus Gobiernos.
El caso surgió por las anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por Oscar Centeno, chofer del ministro De Vido y del subsecretario de Coordinación de su cartera, Roberto Baratta.
Este material apunta a la existencia de una "organización delictiva" conformada por funcionarios públicos y comandados por Kirchner -fallecido en 2010-, su viuda, Fernández, y el Ministerio de Planificación Federal de Julio de Vido, durante los Gobiernos de ambos.
Según datos de la causa reseñados por el diario Clarin, durante al menos ocho años, Roberto Baratta (subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Nelson Javier Lazarte (secretario privado de Baratta), Hernán Camilo Gómez (funcionario de la subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Fabián Ezequiel García Ramón (director nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal), Rafael Enrique Llorens (subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal) y Walter Fagyas (presidente de ENARSA), efectuaron las cobranzas a distintos particulares, mientras eran trasladados en vehículos conducidos por Centeno.
Sobre el funcionamiento de la operación, el juzgado indicó que todos ellos restaban su porcentaje y entregaban los fondos a funcionarios como José María Olazagasti (secretario privado de Julio Miguel De Vido), Hugo Martín Larraburu (coordinador de la Unidad Ministro del Jefe de Gabinete de Ministros), Juan Manuel Abal Medina (Jefe de Gabinete de Ministros) y Héctor Daniel Muñoz (secretario privado de la Presidencia). Según la pesquisa, los destinatarios finales eran Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio De Vido.
Los otros flancos de Cristina
El juez Bonadío también tiene a su cargo otras causas que comprometen a la ex Presidenta: una por supuesta defraudación al Estado con la compra de dólares en el mercado a futuro, otra por lavado de dinero y una tercera por el supuesto encubrimiento de los responsables del ataque terrorista contra una mutual judía de Buenos Aires en 1994. Fernández también enfrenta cargos por presunto lavado de dinero y administración fraudulenta, en otras investigaciones por corrupción que se le han abierto.
de Gobiernos kirchneristas están e la mira de la justicia por las acusaciones de pago de coimas. 12 años
