El subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, ayer se refirió a los ingresos obtenidos mediante el impuesto verde a las industrias, calculado sobre la cantidad de emisiones al medio ambiente. Consultado sobre si estos fondos podrían ser recibidos directamente por las zonas afectadas, Moreno afirmó que eso "no está considerado" en el proyecto del Gobierno.

"Eso técnicamente no está considerado en el proyecto de ley presentado en el Congreso", dijo el subsecretario a Radio Bío-Bío, ya que las empresas contaminantes tributan en Santiago, sin existir una retribución directa a las zonas afectadas por las emanaciones industriales, como Quintero y Puchuncaví (Región de Valparaíso), o Coronel (Biobío).

"Sin prejuicio (de esto), el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ha señalado que hay voluntad de diálogo, específicamente respecto a las materias que dicen relación con las ideas matrices del proyecto, por lo tanto, en su mérito y en su momento, habrá que ver qué medidas pueden incorporarse adicionales a la ya planteada y otras que, evidentemente, tendrán que esperar para un próximo ejercicio legislativo", sostuvo Moreno.

Seguridad

El abogado dijo que el impuesto verde a fuentes fijas de emisión, cobrado por primera vez este año, recaudó más de $131 mil millones, a través de una conversión que funciona, por ejemplo, pidiendo US$ 3.289 por cada tonelada de CO2 emitida.

Moreno afirmó que es una cifra relevante, pero el sistema -dado su reciente estreno -requiere ajustes: "Como Gobierno estamos abiertos a tener un diálogo fructífero que nos permita tener una buena norma de impuesto verde y, de este modo, cuidar nuestro medio ambiente pero al mismo tiempo dar seguridad y certeza jurídica a las empresas que lo pagan, porque es la manera en que corresponde que funcione el sistema tributario de nuestro país".

Por esto, se incluyó en el proyecto de modernización tributaria una modificación para hacer aún más exigente la medición ambiental, eliminando que el requisito para su cobro sea que la potencia térmica instalada ascienda a 50 megawatts. Esto busca terminar con posibles inequidades cuando existen emisiones de carácter estacional.

Valeria Barahona

El médico James Hamilton, uno de los primeros en denunciar los abusos del ex sacerdote Fernando Karadima, aseguró ayer que los sacerdotes que han denunciado haber sido víctimas del ex Párroco de El Bosque, reciben "amenazas por parte de obispos".

"Se nos han acercado sacerdotes (a los denunciantes del caso, es decir, él junto a Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo...) son personas que intentan seguir su vocación, pero aún reciben mails con amenazas por parte de obispos", señaló Hamilton en el programa "Estado Nacional", de TVN tras la expulsión del clero de Karadima, ordenada por el Papa Francisco.

"Algunos de esos sacerdotes, (...) Eugenio de la Fuente y Sergio Cobo (quienes fueron parte de la comitiva de víctimas del ex párroco que viajó a Roma para reunirse con el Papa en junio), son personas que están tratando de seguir su vocación con entereza, con valor, con verdad", señaló el denunciante.

Hamilton, asimismo, describió el historial de encubrimiento que existe en el círculo eclesiástico respecto a los abusos: los sacerdotes "se cubren entre ellos, porque se sienten hermanos en Dios", explicó, es decir, "el abuso necesita crecer en el secreto".

"¿Por qué no han echado a Errázuriz y Ezzatti? (...) Lo que me pe da pena es que el Papa tenga que ir tirando fusiles, pero a obispos y cardenales no los tocan", sostuvo. "¿Cuánto sabe Karadima de Errázuriz? no hay que ser ingenuo", agregó el médico.

"Uno se tiene que remitir a lo que mencionaba el Papa", recordó Hamilton sobre su encuentro con el Pontífice en el Vaticano, existe "una cultura del encubrimiento".

"Él nos decía 'esto es una mafia', así se refería a lo que estaba ocurriendo en Chile", relató. "No estamos hablando de impresiones, de suposiciones, estamos hablando de hechos. Estamos con toda la Conferencia Episcopal de Chile, no renunciada, sino que echada", sostuvo.

Manual del arzobispado

El denunciante del caso Karadima también se refirió al polémico manual de conducta publicado, y luego retirado, por el Arzobispado de Santiago, que aconsejaba a los religiosos no dormir con niños. "Es un manual del crimen de la Iglesia", afirmó.

"Si en Chile tuvieran un poquito de conciencia y de corazón, de alma, los jueces y fiscales lo que harían inmediatamente con este manual es 'usted acaba de dictar su sentencia, acaba de decirnos que son encubridores. (...) Acaban de darnos todos los argumentos", sentenció.

El Ministerio de Desarrollo Social reveló ayer, a través de la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2017, que en Chile un 1,5% de la población se identifica como lesbiana, gay o bisexual (LGB). Ante ello, las organizaciones de la disidencia sexual (LGBTI) Movilh e Iguales coincidieron en que el resultado de este sondeo dista de la realidad internacional.

Fundación Iguales, a través de un comunicado, afirmó que "la cifra entregada es inferior a la reconocida por organismos internacionales", mientras que el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) sostuvo que "los resultados de la Casen están muy por debajo de la realidad".

Esta última organización sostuvo que "de acuerdo a los cálculos del movimiento LGBTI a nivel mundial, y que se basan en la experiencia o sondeos, al menos entre el 7% y el 10% de la población tiene una orientación sexual diferente a la heterosexual".

"Ello implica que en Chile habría cerca de 1.700.000 personas lesbianas, gays, o bi, muy por encima de las 221.796 personas que lo reconocen en la Casen", dijo el vocero del Movilh, Óscar Rementería. "Una razón de la sub-representación sin duda es la discriminación por orientación sexual, que si bien es mucho menor a la década de los 90s, sigue siendo lo suficientemente grave como para impactar en derechos básicos como la salud, la educación, el trabajo o incluso la vida", planteó.

Pese a esto, Iguales destacó que hay 75 mil personas más que se identifican con una orientación sexual distinta a la heterosexual, de lo que se visibilizó en 2015. Esta cifra "ha crecido a medida que las libertades en el país han aumentado. A medida que vivimos en un país más libre, las personas se sienten más seguras de responder esta pregunta", explicó el presidente ejecutivo de Iguales, Juan Enrique Pi.

Políticas públicas

Estos números "esperamos que (...) sean considerados por la autoridad para la implementación y de mejores políticas públicas" para la población lésbica, gay, bisexual, transexual e intersexual (LGBTI), evaluó el Movilh.

Aunque "los esfuerzos por caracterizar a la diversidad sexual y de género no pueden descansar únicamente en esta encuesta. Requerimos de un trabajo intersectorial", agregó Pi.

"La Casen debiese venir acompañada de campañas estatales que expliquen las consultas, (...) ello generaría mejores condiciones para un mayor y más real reconocimiento", dijo Rementería.