La diputada comunista Carmen Hertz anunció ayer que llevará a la justicia a su par de RN Camila Flores, luego de que la acusara de haber "llamado a la lucha armada" durante el régimen militar. En el programa "Mentiras Verdaderas" de La Red, Flores cuestionó el proyecto promovido por Hertz que busca que en los colegios se den clases de memoria y Derechos Humanos. La diputada de Chile Vamos dijo que "espero que esto no prospere porque tiene un corte muy fuerte ideológico de Carmen Hertz. Recordemos que en su época de juventud también llamaba a la lucha armada". Ante esto, Hertz anunció "las acciones criminales que corresponden, porque esto es al menos injuria, no es posible que un parlamentario caiga en tamañas y feroces irresponsabilidades que tienen un carácter criminal". El timonel de RN, Mario Desbordes, opinó que Flores "se equivocó efectivamente, pero no es para hacer el escándalo que se ha hecho".

Carolina Collins

El ministro de Defensa, Alberto Espina, valoró la decisión del Ejército de pasar a retiro al director de la Escuela Militar Germán Villarroel y al coronel Miguel Krassnoff Bassa, por el homenaje realizado al padre de este último, condenado a más de 600 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.

Ante las críticas por parte de algunas agrupaciones de Derechos Humanos, que no quedaron conformes con las sanciones y pidieron la salida del comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, el secretario de Estado lo descartó.

"El comandante en jefe ha actuado en forma absolutamente adecuada, correcta. Él instruyó la investigación, consultó a todos quienes correspondía y por lo tanto no hay ningún fundamento para eso (su salida). Hemos cumplido con nuestro deber, lo hemos hecho con seriedad", dijo el titular de Defensa.

Apenas se supo del acto realizado en la Escuela Militar el pasado 2 de octubre, en el que el hijo del ex agente de la DINA Miguel Krassnoff Martchenko agradeció la "hombría" de "poder acordarse de los soldados que no todos se acuerdan", el ministro dio 24 horas para determinar responsabilidades y ordenó una investigación.

Consultado por las supuestas presiones que pudieron haber determinado las salidas de Krassnoff Bassa y Villarroel, Espina señaló que "sé que hay mucha gente, particularmente de mi sector político (Chile Vamos) que dice que estas decisiones se adoptan por presiones políticas de la izquierda". "Les quiero decir que jamás voy a tomar una decisión en relación al Ejército de Chile bajo ninguna presión", añadió.

Respecto al polémico homenaje, Espina afirmó que "los recintos militares no son para eso (...) no pueden servir para destacar a quienes tienen condena por gravísimos delitos".

Piden más sanciones

Organizaciones de derechos humanos pidieron al Gobierno mayores sanciones por lo ocurrido. A través de una carta enviada al ministro de Defensa, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y la Comisión chilena de Derechos Humanos solicitaron una audiencia con Espina.

Alicia Lira, presidenta de la AFEP, demandó la destitución del comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, mientras Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, consideró "débil que solo se llame a retiro a dos coroneles".

El diputado del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric, reveló, a través de su cuenta de Instagram, que se internó de manera voluntaria en un hospital psiquiátrico para tratar el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) que lo afecta desde su infancia. El parlamentario por la Región de Magallanes escribió que "desde chico fui diagnosticado con un Trastorno Obsesivo Compulsivo que durante muchos años naturalicé y mantuve a raya a punta de tratamientos intermitentes. La presión de la pega, sumado a mi irresponsabilidad de no tratar este tema con seriedad hizo que el TOC interfiriera mi vida cotidiana". "Durante las últimas dos semanas estuve de manera voluntaria en el Hospital Psiquiátrico de la U. de Chile para mejorar sustantivamente el tratamiento. Y afortunadamente me fue bien, me dieron de alta y estaré con licencia un par de días más", agregó el parlamentario, que dijo que espera ser un aporte en el debate sobre las enfermedades mentales.

Un duro revés sufrió ayer el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, luego de que la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera de manera unánime el recurso de protección de la removida subcontralora Dorothy Pérez.

Dicho recurso buscaba dejar sin efecto la decisión de Bermúdez de declarar vacante el cargo de Pérez, a objeto de sacarla y reemplazarla. Así, la funcionaria deberá ser reintegrada en sus funciones en la Contraloría, que actualmente cumple la abogada María Soledad Frindt.

En agosto pasado, Bermúdez le pidió su renuncia a Pérez, argumentando la pérdida de la confianza, luego de que la subcontralora fuera citada a declarar por el fiscal Eugenio Campos en el marco del millonario fraude en Carabineros.

Sin embargo, Pérez se negó a renunciar argumentando que según la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría, "la remoción del contralor general y del subcontralor corresponderá al Presidente de la República".

"Ilegal y arbitrario"

Finalmente, el tribunal de alzada acogió su recurso de protección. La sentencia señala que la declaración de vacancia fue un "acto ilegal y arbitrario, además de vulneratorio de los derechos a la igualdad, al no ser juzgado por comisiones especiales y de propiedad".

Por eso "solicita se deje sin efecto el acto impugnado y todos los actos posteriores que supongan la validez de aquél; se restituya a la recurrente en los cargos de Subcontralora General de la República y Jueza de Cuentas y se dicten las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, todo ello, con costas".

Abogados celebran

Ante esa resolución, los abogados defensores de Pérez, Ciro Colombara y Aldo Díaz, comentaron que "estamos muy conformes con este fallo, que es unánime, porque recoge nuestros planteamientos y restablece el Estado de Derecho. Confiamos plenamente en los Tribunales Superiores de Justicia".

Desde la Contraloría adelantaron que planean apelar la resolución. "El equipo jurídico está estudiando en detalle la sentencia que se acaba de conocer para apelar al fallo en los plazos que están establecidos", respondieron, según consignó "Cooperativa".

Más de tres mil trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) se manifestaron ayer con una paralización en protesta a los allanamientos realizados la semana pasada por la PDI en las instalaciones de la compañía, en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía por la supuesta responsabilidad de la estatal en la crisis medioambiental que afecta a Quintero y Puchuncaví. "La movilización de las organizaciones sindicales no afecta a nuestras operaciones y actividades productivas, las que funcionan con normalidad", señaló la compañía en una declaración pública.