La gobernadora provincial, María Bernarda Jopia, precisó que el actuar de la gobernación provincial de El Loa en relación a los desalojos de tomas ilegales, "se enmarca de acuerdo a la irrupción o bien asentamientos ilegales en bienes públicos y donde se vea afectado el patrimonio del Estado, y por lo cual es en virtud de ello que se actúa acorde al contexto de cada situación", comentó la autoridad.

Agregó "es muy distinto cuando un particular, dueño de un terreno o un espacio determinado solicita el desalojo. En esa situación la gobernación provincial sólo puede colaborar con el solicitante para autorizar o no el uso de la fuerza pública (Carabineros), para lo cual previamente el recurrente explica y expone una situación luego que sea avalada por un Juzgado que determine esa acción", dijo.

Vega de sailao

Sobre el inminente desalojo de tomas ubicadas en la denominada Vega de Sailao la autoridad provincial comentó "esa es una situación entre un particular y personas que ya han sido notificadas, y con ello se inició un proceso irreversible, y que comprende el uso de la fuerza pública para retirar a las personas de esa ocupación con máquinas que el dueño disponga y con la presencia de Carabineros para resguardar el orden y seguridad de ese proceso, y en el que la gobernación, insisto, no tienen injerencia alguna, como también en otras entre un privado y quienes ocupen el espacio".

Jopia enfatizó que el fenómeno de las tomas, "está siendo abordado con la seriedad que ello implica porque también se trata de personas que sabiendo que están en un terreno que no es de su propiedad lo ocupan, se exponen a este tipo de situaciones, por lo que en los casos en que se irrumpa en un bien del Estado ahí tomamos las consideraciones. No podemos intervenir en cada toma, sólo en los casos de bien público".

Y sobre lo que podría suceder el próximo 24 de octubre en la Vega de Sailao, "su dueño podrá hacerlo y requerir su desalojo en el plazo que él estime y para ello no hay vuelta atrás", dijo la gobernadora.

Pablo Orellana G.

La Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones aprobó la modificación a las vías exclusivas de Calama -Latorre y Vivar-, que le permitirá a los conductores que no sean transportistas de la locomoción colectiva el poder utilizar estas calles en casos excepcionales y sólo en dos cuadras.

A través de una resolución "Los vehículos particulares no comprendidos en los numerales, podrán ingresar a las vías exclusivas, sólo en casos calificados y urgentes, hasta un máximo de dos cuadras consecutivas, debiendo virar inmediatamente a la derecha o izquierda según sea el caso, una vez completado el trayecto permitido. Esta autorización será denominada únicamente para efectos prácticos como: 'La regla de las dos cuadras', y su fiscalización y cumplimiento podrá efectuarse por Carabineros de Chile, por inspectores fiscales y municipales", explica el documento por el cual se hace eta modificación.

En relación a esta medida el arquitecto del ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), Gabriel Godoy explicó al respecto, "se trata de una medida puntual y tras haber analizado los períodos de marcha blanca de estas vías, que permita a particulares, y en horarios de plena vigencia, el poder acceder a calles Latorre o Vivar a efectuar una acción precisa y debe necesariamente ejercer en estas".

Casos

Uno de los ejemplos entregados por el profesional tiene relación con "si un conductor que ingresa a calle Latorre por Vargas a recoger a una persona que no puede caminar sin ayuda, deberá retomar otra vía teniendo como máximo una circulación de dos cuadras al norte. Es decir deberá sí o sí tomar Félix Hoyos".

Otro de los casos en que estará permitido usar una vía exclusiva, "será por ejemplo si se toma calle Vivar al sur por Antofagasta, en caso de ir a dejar un medicamento o un elemento necesario para una persona, el conductor sólo podrá recorrer esa vía hasta calle Vargas, debiendo virar a su izquierda y tomar avenida Balmaceda para seguir al norte o sur", dijo el arquitecto.

Fiscalización

Esta modificación también establece las competencias que tendrán los fiscalizadores para controlar esta medida, la cual comenzará a aplicarse desde el lunes 29 del presente mes, y que le permitirá tanto a Carabineros como a inspectores de Tránsito y del municipio el poder cursar infracciones de hasta 50 mil pesos para aquellos conductores que no respeten esta normativa o que bien no justifiquen la llamada 'Regla de las dos cuadras'.

Para esta labor la secretaría regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones ya ha coordinado estas acciones tanto con Carabineros como con el municipio, a quienes detalló la medida, como también a sus propios inspectores, "por lo que contamos ya con personal idóneo que hará seguimientos y controles en distintos horarios para que se cumpla con esta medida, la cual insisto es en casos excepcionales, y que permitan además mantener la fluidez de las vías exclusivas", agregó Gabriel Godoy.

Se entiende además que tras los dos períodos de marcha blanca, los conductores debieran tener internalizado y conocer esta medida que desde julio pasado fue anunciada por las autoridades.