Karen Cereceda Ramos
El incendio en un sector de la toma de Frei Bonn y el desalojo de 100 familias en Quetena, visibilizó las precarias condiciones en la que viven miles de personas en Calama. Quienes por diversas razones, especialmente por la falta de viviendas sociales y los altos precios de los arriendos en la ciudad, optaron por vivir en campamentos, los que se levantan de forma irregular.
La mayoría de ellos, al enfrentarse a un desalojo o a una tragedia como el siniestro que quemó el 70% de la toma de Frei Bonn, quedan literalmente en la calle, sin redes de apoyo más que alguna organización social que los acompaña en estos momentos difíciles.
Esta es una situación que preocupa a instituciones como Caritas Calama, Techo para Chile, agrupaciones evangélicas y el Instituto de Derechos Humanos, sobre todo luego que la gobernadora provincial de El Loa, María Bernarda Jopia, anunció que en noviembre se va a iniciar el desalojo masivo de quienes aún residen en el sector de Frei Bonn.
Para los representantes de estas organizaciones, se debe trabajar para mitigar los costos sociales de los masivos desalojos, independiente de si se trata de terrenos privados o públicos, pues argumentan que sólo aumentará la pobreza.
En la actualidad se está en la etapa de conformación de esta mesa, sin embargo sus integrantes insisten, en que es clave la participación del gobierno.
Comentan que, debido a que desde la gobernación provincial no los han querido escuchar, decidieron acudir al intendente regional, Marco Antonio Díaz con quien se reunirán mañana lunes 29 de octubre, tras una gestión realizada por la diputada Marcela Hernando.
"Nosotros teníamos algunas iniciativas que queríamos conversarlas con la gobernadora, teníamos algunas propuestas porque sabemos que al gobierno, no solo hay que criticarlo, no solamente hay que juzgarlo, sino que también tenemos que hacernos partícipes todos, nos tenemos que colaborar todos , pero hay que reconocer que lamentablemente nos dejaron fuera", comenta al respecto el vicario de Caritas Calama, padre David Vargas y agregó que debe ser el gobierno el que debe asumir y enfrentar el costo social que se producirán tras los desalojos.
Vargas recalcó que por ningún motivo quieren ir contra el gobierno o avalar las tomas de terreno. "Ojalá no hubiesen tomas, pero también entendemos que hay una necesidad y entendemos que esto focos se quieren erradicar, pero también hay procedimientos que tenemos que cuidar", expresó.
En tanto, el jefe regional del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Paulo Palma, releva la importancia de generar mesas de trabajo en las que el gobierno tiene que participar, para no dejar a la deriva a las familias desalojadas.
"Si sacamos a estas personas así como así, vamos aumentar la pobreza, vamos aumentar la desigualdad y en vez de fomentar la salida o formalización de las personas a casas propias a través de comités, vamos a fomentar el aumento de campamentos y el aumento de la población que está en ese campamento y al contrario, nosotros lo que queremos es trabajar a futuro para ir mejorando esto", explicó el jefe regional del INDH.
Para la concejal y una de las impulsoras de la mesa de trabajo, Dinka López, es tema de las tomas, "no ha sido abordada con la seriedad y humanidad que debiera ser tratada" y añade que con los desalojos se visibiliza "la pobreza absoluta de una realidad escondida por años".
Al igual que los representantes de las demás organizaciones, hizo un llamado a las autoridades para sentarse a trabajar. "Los habitantes de las tomas son personas y los que creemos en Dios, son nuestros prójimos que tenemos un deber como cristianos, estamos de acuerdo que las tomas hay que sacarlas, pero con la dignidad que merecen las personas". dijo.
López dice que es el gobierno el responsable de velar por el bienestar de todos los chilenos, "incluyendo a los extranjeros", y que además el municipio debe apoyar en el caso de la comuna.
"No deben olvidar que hay niños, ancianos y personas con capacidades diferentes. Sabrán nuestras máximas autoridades cómo es vivir de allegados con niños. Sabrán qué se siente estar estigmatizados como delincuentes, y que no los reciban, porque vienen de la toma", preciso la concejal López.
Instructivo
De acuerdo a la circular N°19 de ministerio del Interior y Seguridad Pública, que entrega instrucciones de cómo se debe proceder antes, durante y después de desalojos de terrenos fiscales, las autoridades de gobierno provincial "deben tener especial consideración a los ocupantes de los terrenos a desalojar, especialmente a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad tales como niños, niñas, personas en situación de discapacidad, tercera edad, mujeres, entre otros".
Agrega que, en estos casos, "podrán generarse iniciativas intersectoriales de soluciones de emergencia que satisfagan las necesidades de las familias desalojadas".
Al consultarle a la gobernadora, María Bernarda Jopia, respecto de la posibilidad de generar barrios transitorios, comentó que para ello se deben hacer los tratos con privados.
Sin embargo dijo que están dispuestos a intervenir, aunque la misión del gobierno sería solo de canalizar los encuentros y después ayudarlos a la obtención de los servicios básicos. "Pero yo necesito obviamente para todo eso la autorización del gobierno regional y del gobierno central. Esto no es una decisión que pueda tomar yo, así que obviamente lo vamos a plantear", detalló la autoridad.
