El subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, anunció que el Gobierno aplicará descuentos a los gendarmes que están movilizados desde el lunes, exigiendo mejoras laborales.

La autoridad dijo que cumplirán con la ley y agregó: "Tomaremos todas las medidas que tengamos que tomar para efectos de cumplir no solo con la ley, sino también con lo que la Controlaría ha dispuesto en materia de huelgas ilegales".

"Estamos siempre obligados a realizar descuentos cuando se trata de movilizaciones que no sean legales", enfatizó.

Juan José Ossa sostuvo que se recopilará la información para determinar si el Ejecutivo abrirá o no sumarios administrativos a los funcionarios. "Hay un catastro que se levanta día a día y es una medida que no pretende especialmente a apuntar a nadie", aseguró.

La autoridad subrayó: "Nosotros hemos hecho un llamado al diálogo, hemos hecho una propuesta y lo que hemos recibido es un paro. Lo que nosotros quisiéramos saber es cuál es la opinión de los gremios en forma específica respecto de esta propuesta porque estamos abiertos al diálogo, pero no a las medidas de fuerza ni a huelgas o tomas o paros que son ilegales".

Ossa expresó que "un gobierno naturalmente no puede aceptar que se atente contra el Estado de Derecho y particularmente la política penitenciaria. No puede el Gobierno permitir que el Poder Judicial se vea entorpecido por medidas de fuerza de ningún gremio".

Uno de los temas que ha causado especial preocupación ha sido el resguardo de los menores del Sename. El martes, un joven de 17 años fue formalizado por robo con intimidación y se ordenó su internación provisoria. Debido a la paralización de funciones debió pasar la noche en una celda con adultos.

En medio de la revisión en la Comisión de Educación de la Cámara Baja del proyecto de convivencia escolar, también conocido como Aula Segura, la presidenta de dicha instancia parlamentaria, la diputada Cristina Girardi (PPD) insistió ayer en que la iniciativa de Gobierno "no aporta en resolver el problema de la violencia".

En la segunda jornada de revisión de la iniciativa en la comisión que lidera, que estuvo dedicada a recibir a apoderados y alumnos para que expusieran al respecto, la parlamentaria de oposición se refirió a su postura respecto al proyecto que busca ampliar las facultades de los directores de establecimientos públicos respecto a la expulsión y cancelación de matrícula de estudiantes que se vean involucrados en hechos de violencia al interior de los colegios.

"La crítica más relevante al proyecto es que no aporta en resolver el problema de la violencia. Para resolver la violencia hay que educar, formar, y claramente en Chile no se ha hecho. Tenemos una sociedad mucho más violenta", dijo Girardi a la radio Digital FM.

Según la presidenta de la comisión, "la facultad de expulsión ya existe. En los últimos dos años han sido expulsados alrededor de mil alumnos. Eso quiere decir que los directores ya tienen esta facultad, pero los problemas de violencia se acentúan".

"La otra gran crítica al proyecto es que se habla sólo de castigo para los estudiantes, pero no hay medidas para otros actores de la comunidad escolar", complementó.

La Comisión de Educación debatirá hasta hoy la iniciativa, que será votada por esa instancia y luego por la Sala de la Cámara de Diputados, el próximo lunes 12 de noviembre.

Durante la sesión de ayer de la comisión expuso el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, la Federación Nacional de Asistentes de la Educación y el director del Liceo de Aplicación, Humberto Garrido, entre otros.

También entregó su opinión Paula Gabela, apoderada de básica del Liceo Lastarria de Santiago, quien expuso sobre el daño sicológico a los más chicos debido a la violencia en el establecimiento.

Según Gabela, "la angustia que se les genera a ellos también al ir a clases sintiendo inseguridad porque de repente sus compañeros de media organizan situaciones donde violentan el colegio, suspenden la clases".

La instancia legislativa estaba convocada hasta las 22.00 horas de ayer, de manera de cumplir con el plazo legislativo, que se cumple el lunes.