El ministerio de Minería cerró el primer hito para cumplir con el compromiso del Gobierno de simplificar la tramitación ambiental de los proyectos mineros, luego que la división de Desarrollo Sustentable de la cartera culminara el proceso de análisis de los principales cuellos de botella en la tramitación de permisos, en un trabajo que llevaba a cabo desde el mes de abril la Mesa Sustentable.

Dentro del análisis se detectó una duplicidad de funciones entre diferentes órganos del Estado, la disparidad de criterios entre las regiones y el nivel central en un mismo servicio y la necesidad de modernizar instituciones para adecuarlas a la normativa ambiental, entre otros obstáculos.

"Hoy damos término a un proceso inédito en el sector minero, que significó unir por primera vez al mundo público con el privado para reducir los cuellos de botella en la tramitación ambiental de proyectos mineros", destacó el subsecretario Pablo Terrazas.

"Pero esto es solo el inicio. El ministerio de Minería ha delineado un largo camino que tiene como objetivo reducir y simplificar la obtención de los permisos. Cabe destacar que al asumir, un proyecto de la gran minería podía requerir cerca de 2.000 permisos para operar, situación que esperamos cambiar", agregó el personero.

El paso siguiente será la elaboración de un informe que plasme el trabajo que se requiere en el mediano plazo para facilitar la inversión en minería. Asimismo, se continuará avanzando en mesas paralelas con focos específicos junto al mundo privado y los organismos del Estado.

Todos los sectores

La iniciativa del ministerio contó con la participación de representantes del mundo privado como Sonami, el Consejo Minero y Aprimin; el ministerio de Economía, además de las instituciones ligadas al ministerio de Minería como Cochilco y Sernageomin.

Además de 11 organismos de administración del Estado con competencia ambiental como la Dirección General de Aguas (DGA), la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), la Subsecretaria de Fuerzas Armadas, la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el Consejo de Monumentos Nacionales, Servicio Agrícola y Ganadero (Sag), la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), ministerio de Salud, Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y el Servicio de Evaluación Ambiental.

Cristián Venegas M.

Con motivo del Consejo Nacional de la Cámara Chilena de la Construcción que esta semana, tras 26 años, se realizó nuevamente en Calama, el presidente del gremio, Patricio Donoso, analizó el momento que vive la industria de la construcción en el país y de paso aclaró que sí están interesados en edificar viviendas sociales y aseguró que ven con buenos ojos el proyecto de la inmobiliaria ciudadana formada en la comuna, donde esperan una reactivación del sector que dará pie a nuevos proyectos.

Visión de ciudad

Donoso, consultado sobre si Calama es una plaza inmobiliaria agotada, considerando que muchos de los nuevos edificios siguen teniendo una importante oferta de departamentos, dijo que "todo esto es dinámico y en la medida que se active el motor productivo, sea la minería u otro, se van a activar los desarrollos inmobiliarios, porque las familias necesitarán un lugar para vivir o mejorar su estándar de vida, pero eso tiene que tener un sustento, tiene que haber esa actividad productiva que genere ese movimiento", advirtió.

Sobre este punto, el presidente de la CChC dijo que se reunió con el alcalde Daniel Agusto y le planteó que la ciudad tiene un desafío como sociedad: "Construir, entre todas las organizaciones que sean importantes, una visión a largo plazo, y construir significa, no solamente levantar una oportunidades, sino que tomar opciones de desarrollo y trabajar en función de esos fines estratégicos, de esa opción de desarrollo", explicó.

"Eso es lo que hay que hacer. No nos podemos quedar en lo que cree cada uno individualmente, tenemos que construir un sueño común y trabajar desde ya en la construcción de ese sueño, porque son construcciones de largo plazo", agregó el timonel del gremio que aglutina a más de 1.500 empresas asociadas.

Viviendas sociales

Respecto de la situación que atraviesa la construcción de viviendas sociales, el ingeniero civil de la Universidad Católica, detalló que luego de un periodo muy "potente" en el anterior gobierno, las cifras de proyectos de construcción se han mantenido en un ritmo normal. En este punto, sí, destacó la importancia de la disponibilidad de terrenos para viabilizar proyectos, que es uno de los factores que han influido en "la importante demanda no cubierta" que experimenta Calama, dijo.

Déficit que el ministerio de Bienes Nacionales intenta revertir catastrando los territorios, para definir cuáles paños están disponibles para construir viviendas. Sobre esta iniciativa, Donoso dijo que esa cartera ha sido "muy activa y ha generado propuestas junto con Vivienda y Urbanismo y están interesados en generar buenos mecanismo de traspaso de terrenos, porque hay ciudades en Chile, como Calama, en que gran parte de su potencial de desarrollo está en manos de Bienes Nacionales".

Inmobiliaria ciudadana

Otro punto que abordó el presidente de la Mesa Directiva Nacional de la Cámara, fue la creación de la inmobiliaria ciudadana denominada Entidad de Autogestión Inmobiliaria Social de Calama (EAGIS), organismo que espera construir viviendas sociales a través de una constructora compuesta por pequeñas empresas y profesionales del rubro, ante la falta de empresas interesadas.

Al respecto, opinó que "son otras posibilidades de poder satisfacer esta demanda (por viviendas sociales), porque la demanda es tan grande, el déficit que tenemos de vivienda, y sobre todo el de viviendas sociales, porque la última Casen mostró un aumento de la vivienda social y de la social más urgente. Aumentaron los campamentos, hemos enfrentado en los últimos años en Chile un proceso de migración, se rompió la tendencia hacia la baja de esas viviendas del segmento más vulnerable y eso nos pone un desafío".

"Por lo tanto, agregó el ejecutivo, bienvenidos todos los que quieran aportar a ese desarrollo, siempre y cuando se respete la igualdad de condiciones, las normas estén claras y podamos actuar todos en igualdad, porque si no, se empieza a distorsionar la industria y eso no le hace bien a su desarrollo, porque si el Estado, bajo el mecanismo que sea, tiene una ventaja, no hay ningún incentivo para el privado de competir en ese lugar y buscará otra área o destino".

Consultado sobre si es efectivo que la CChC no está interesada en construir casas sociales, Donoso dijo que "queremos construir más, absolutamente, a eso nos dedicamos, pero si no hay alternativas de localización, un suelo, no hay nada más que evaluar, y el encargado de colocar esa alternativa, es el Estado y de los distintos actores del Estado, no somos los privados los responsables de esas soluciones".