Carolina Collins

Pese a que fue imputado por la fiscalía producto de su eventual encubrimiento de abusos al interior de la Iglesia Católica, el obispo castrense, Santiago Silva, fue ratificado ayer como presidente de la Conferencia Episcopal (CECh), la que, al cierre de su tercera asamblea plenaria, determinó que prima la presunción de inocencia mientras no exista condena.

El secretario del comité permanente de la CECh, el obispo Fernando Ramos, leyó una declaración y respondió las preguntas de la prensa al final del encuentro, que comenzó el lunes. "Un principio fundamental es el de la presunción de inocencia. Nosotros estamos en contra del linchamiento público que lamentablemente se ha ido imponiendo en nuestra sociedad y los únicos que están llamados a declarar la inocencia o la culpabilidad de cualquier persona son los tribunales de Justicia", afirmó.

Respecto a la imputación que pesa sobre Silva por el presunto delito de encubrimiento de abusos, Ramos respondió que "ese tema lo conversamos en la asamblea (...) y mayoritariamente (se decidió) reafirmarlo en su condición de presidente de la Conferencia Episcopal basado en algunos principios que son fundamentales de la sociedad".

Santiago Silva declaró a finales de octubre, en su calidad de obispo castrense, ante la Fiscalía regional de O'Higgins.

Acuerdo con la fiscalía

En ese contexto, Ramos también destacó que durante los cinco días de reuniones de la jerarquía de la Iglesia Católica chilena se dialogó "ampliamente" para "formalizar" un acuerdo con la Fiscalía Nacional para colaboración mutua en las investigaciones.

"En particular hemos estudiado el proyecto de acuerdo y colaboración mutua entre la Fiscalía Nacional y las entidades de la Iglesia para la investigación de delitos de abusos a menores cometidos por clérigos", dijo.

Sobre dicho acuerdo agregó que ya disponen de un texto "bastante avanzado" contrastado por Iglesia y fiscalía tras diferentes reuniones entre sus representantes.

"Es un texto de cómo se establecen los vínculos con la Fiscalía. La obligatoriedad de denunciar o no denunciar (casos de abusos) ya entra en otro ámbito jurídico que sería el legal", detalló el obispo.

Respecto a la obligatoriedad de denunciar, Ramos planteó que "si la sociedad estima pertinente que para proteger a los menores de edad todos los ciudadanos estuviéramos obligados a denunciar, es un paso que tal vez podríamos dar". Y añadió: "Personalmente, estaría de acuerdo".

"Hemos estudiado el proyecto de acuerdo y colaboración mutua entre la Fiscalía y las entidades de la Iglesia para la investigación de delitos de abusos a menores cometidos por clérigos". "Si la sociedad estima pertinente que para proteger a los menores de edad todos los ciudadanos estuviéramos obligados a denunciar, es un paso que tal vez podríamos dar"."