Eugenio Sugg Gálvez

Entre 28.500 y 29 mil empresas de la región de Antofagasta se verán beneficiadas con la nueva ley que hace obligatorio el pago a 30 días. Así lo informó el subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero, quien destacó el impacto que esta norma tendrá en la reactivación de la dinámica económica del país y la defendió de las críticas esbozadas por algunos detractores.

Efectivamente, en julio de 2018 el gobierno -luego de una reunión con representantes de las Pymes- presentó el proyecto de ley que contemplaba un plazo máximo de pago para las empresas. Éste tuvo una rápida tramitación legislativa, la que finalizó dos semanas antes de terminar el año con la aprobación mayoritaria de la Cámara de Diputados.

Se trata de un tema muy sensible en la región, el cual ha sido motivo de innumerables quejas, sobre todo en contra del sector minero. Esa presión llevó incluso a que Minera Escondida modificará durante la segunda mitad del año su política de pago a proveedores, en el marco de un completo plan para retomar su compromiso con el desarrollo regional.

"Éste es un hito emblemático, porque tras 15 años en que las Pymes solicitaban tener mayor certeza respecto de los plazos de pago, logramos aprobar este proyecto de ley que era uno de las iniciativas emblemáticas del gobierno del Presidente Sebastián Piñera", partió destacando Guerrero.

¿Qué beneficios otorgará esta ley a las Pymes?

- El principal beneficio que trae esta nueva ley es que por fin las Pymes y proveedores van a tener una fecha y montos ciertos de pago, y esto va evitar el denominado "bicicleteo" permanente de las facturas.

Intereses

¿Qué medidas se implementarán para lograrlo?

- Una de las grandes medidas será la generación electrónica de las guías de despacho, además se van a cobrar intereses corrientes y una comisión moratoria por cada día de atraso en el pago de estas facturas. Esto va a ser aplicado tanto al sector público como al privado, por lo que creemos que se trata de una gran noticia para el país y la región de Antofagasta, donde estimados se verán beneficiadas más de 28.500 empresas, sobre todo pequeñas y medianas.

¿Se estableció un periodo de vacancia legal de dos años para su entrada en vigencia?

- No, la vacancia para su entrada en vigencia serán cuatro meses una vez publicada en el Diario Oficial. Lo que sucede es que -como la cadena de pago es un sistema complejo- durante los primeros 24 meses el plazo de pago será de 60 días y a partir del mes 25 empiezan a correr los 30 días.

Es decir el pago a 30 días comenzaría a ser exigible solo en dos años más... ¿Cómo se justifica eso?

- Así es. La cadena de pago es compleja y necesita irse ajustando gradualmente, por lo que creemos razonable que la implementación de la ley se haga progresivamente de manera que su implementación resulte lo mejor posible.

¿A qué sanciones se exponen quienes no respeten la nueva norma?

- Como explicaba, quienes incurran en atrasos van a tener que pagar comisiones e intereses corrientes por cada día de atraso.

Además, para nosotros es muy importante generar una cultura del pago a 30 días, por lo tanto aspiramos a que las malas prácticas en este sentido queden evidenciadas y queden también bajo la sanción del mercado.

¿De qué manera va a fiscalizarse su cumplimiento?

- Nosotros como ministerio de Economía estamos comprometidos a hacer un seguimiento a la correcta implementación de la ley.

Vamos a llevar un registro de malas prácticas y también vamos a destacar los buenos ejemplos. Posteriormente, lo que tiene que ver con los intereses por la demora en el pago, eso se verá a través de las guías de despacho, que tendrán una fecha cierta.

Excepciones

No obstante el plazo establecido por la ley, ésta considera la opción que las partes pacten un periodo de pago diferente, situación que ha sido criticada por algunos sectores que creen se prestará para prolongar los abusos.

La norma establece la posibilidad de pactar periodos de pago distintos a los establecidos por la ley ¿Cómo funcionará eso?

- Sí, efectivamente. Como explicaba, la cadena de pago es un sistema complejo y hay algunos nichos o sectores productivos que requieren mayores plazos de los 30 o 60 días. Por ejemplo, el mercado frutícola, ellos pactan una cantidad y precio del producto que se entrega en un plazo muy posterior... lo mismo con las panaderías que tienen que pagar a los grandes molinos con quienes pactan en otros plazos.

Cuando existan ese tipo de situaciones, existe la posibilidad que haya un acuerdo entre ambas partes -no puede ser unilateral- y deberá registrarse en una plataforma que dispondrá el ministerio de Economía y que luego de un año revisaremos para evaluar y realizar los ajustes necesarios.

¿No cree que esa opción puede prestarse para abusos?

- Creemos que es una buena forma de hacer un seguimiento a la implementación de esta ley para que efectivamente sean solo casos puntuales. La ley acota este tipo de situaciones y esperamos que no se produzcan abusos y para eso será el seguimiento que haremos del funcionamiento de la norma.

"La cadena de pago es compleja y necesita irse ajustando gradualmente, por lo que creemos razonable que la implementación de la ley se haga progresivamente". "Quienes incurran en atrasos van a tener que pagar comisiones e intereses corrientes por cada día de atraso en el pago de la factura"."