Willy Briceño Romero

El déficit existente de viviendas sociales en la comuna, sumado a las reiteradas denuncias de personas que manifiestan que éstas son arrendadas por sus propietarios, generó que en el último tiempo aumentarán las fiscalizaciones del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu).

Es así, como el personal gubernamental fiscalizó alrededor de mil hogares en nueve conjuntos habitacionales, donde logró establecer que 280 están sujetas a nuevas fiscalizaciones al sorprender ciertas irregularidades de parte de sus dueños, en dos casos se iniciaron los procesos jurídicos administrativos para reasignar estas viviendas.

Al respecto, se refirió el director regional del Serviu, Rodrigo Saavedra, quien manifestó que "al ser la región que tiene más déficit habitacional, obviamente que tenemos que desarrollar un trabajo súper intenso de fiscalización en los conjuntos que ya se han entregado a la fecha".

Problema en la región

Reconoció que han tenido muchas situaciones en Calama, Tocopilla y Antofagasta, "donde se ha entregado un conjunto habitacional y no pasa un mes o dos meses y ya algunos beneficiarios comienzan a arrendar los departamentos o las casas, y nos los utilizan, entonces en ese proceso posterior a la entrega de viviendas se hacen fiscalizaciones de Serviu", explicó.

Asimismo fue claro en manifestar que "en esta administración, y por encargo del ministro Monckeberg (Cristián) el objetivo es que las viviendas se entreguen y utilicen, y sino las vamos a recuperar y las vamos a asignar a otras familias que realmente necesiten una vivienda, que son muchas las que tenemos aquí".

Aclaró que a raíz de este escenario, "es que estamos haciendo fiscalizaciones aleatorias, sin aviso a conjuntos habitaciones que se han entregado en los últimos años, y este fue el caso de la población Inés de Suárez", que es un conjunto habitacional con algo más de 400 casas, de las cuales se fiscalizaron 90.

"El equipo -agregó-, se desplazó por el conjunto residencial, y de esas 90 viviendas fiscalizadas pudimos identificar que 28 propietarios no estaban en las viviendas y no respondieron, y en algunos casos aparentemente no la estaban ocupando. Ellos fueron notificados y tienen hasta esta semana para presentar las justificaciones, y en los casos que corresponda vamos a tomar acciones jurídicas administrativas para recuperar las vivienda y destinarlas a familias que realmente las requieren".

Si bien, no dio a conocer cuando será la nueva fiscalización que afectará a la población Inés de Suárez, y también al complejo de departamento del sector Las Vegas de Calama, indicó que "vamos a continuar con fiscalizaciones durante todo el año y en todos los conjuntos habitacionales que tengamos".

Nueve conjuntos

También destacó que "en el caso de Calama tenemos nueve conjuntos habitaciones que hemos fiscalizado, y de un universo de mil viviendas, se registró una evidencia menor de un 5% en donde hemos tenido que hacer un proceso administrativo para que las ocupen, y otras 280 están sujetas a nuevas fiscalizaciones porque no las están ocupando o por desconocimiento o error están en arriendo".

"Es por esto que solicitamos a los propietarios que se regularizarán y las ocuparán. Estamos hablando de mil viviendas, de las cuales 700 no presentaron problemas, y 280 están sujetas a fiscalización nuevamente" porque encontramos evidencia de alguna situación irregular planteó la autoridad regional del Serviu. Mientras que en dos casos solicitaron a través de proceso jurídico administrativo las viviendas para iniciar la reasignación de las mismas.

"Vamos a seguir fiscalizando en Calama y en todas las comunas que hemos entregado proyectos habitacionales".

Rodrigo Saavedra, Director Regional Serviu"

La Comisión de Minería y Energía del Senado sesionó en la comuna de San Pedro de Atacama, donde escucharon las preocupaciones y peticiones del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) y las comunidades con respecto al extractivismo minero que se vive en la Cuenca del Salar de Atacama.

El presidente del consejo de pueblos, Manuel Salvatierra señaló que "nuestra mayor preocupación es seguir habitando en nuestro territorio, que los parlamentarios puedan entender las problemáticas, sobre todo cuando se habla de recursos naturales en territorio indígena. Hoy en día el interés y la principal preocupación es que el mismo Estado de Chile reconoce un territorio y luego lo vulnera irresponsablemente instalando una industria extractiva. Nosotros no estamos en contra del desarrollo del país, siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida del pueblo Atacameño Lickanantay".

"Durante mucho tiempo las comunidades no hemos sido incluidas en los proyectos mineros, pero poco a poco nos hemos ido fortaleciendo técnicamente como comunidades", afirmó Elisa Sosa, presidenta de la Comunidad de Talabre.

Marcelina Cruz, presidenta de Quitor señaló que "estamos aquí por una sola lucha, tener una mejor calidad de vida, para que nuestros nietos y bisnietos sigan disfrutando de este lugar, se sigan respetando nuestras tradiciones y nuestras costumbres"

Por su parte la presidenta de la Comisión de Minería y Energía, Yasna Provoste comentó que "ha sido muy importante para la comisión estar sesionando en la comuna de San Pedro en conjunto con el Consejo de Pueblos Atacameños y poder estar en los temas que son de mayor preocupación, como son la conservación del territorio, el agua, los temas ambientales desde una mirada patrimonial entregada desde sus abuelos"

"Hemos acordado que podamos hacer una sesión de manera conjunta, para poder abordar cada uno de los temas que hoy fueron planteados por el CPA porque las demandas trascienden la mirada solo desde nuestra comisión y por eso haremos una sesión conjunta con la Comisión de Medio Ambiente, de Recursos Hidricos, de constitución para que escuchemos las demandas con las máximas autoridades de los ministerios y se compromentan a trabajar", sentenció la senadora.