En el Tribunal del Trabajo se desarrolló la audiencia preparatoria de juicio por prácticas antisindicales en contra de Codelco; y los sindicatos de trabajadores Minero y 5 de Chuquicamata, en el contexto de la negociación anticipada que las partes celebraron en febrero. Lo que, a juicio de los sindicatos 1, 2 y 3 de la división, produjo la desafiliación de un número importante de socios, que fuentes al interior de la estatal estiman en 1.018.

En la oportunidad, comunicaron los gremios "el equipo de asesores jurídicos de los tres sindicatos entregaron al magistrado a cargo de la investigación, documentos y pruebas que corroboran las acciones atentatorias a la libertad sindical, que han sido objeto de la denuncia en tribunales".

Esta acción, agregaron, llevó finalmente a una negociación colectiva no reglada a libro cerrado, con el único incentivo de haber otorgado un Bono Término de Negociación BTN, de 14 millones 500 mil pesos para cada trabajador.

En este sentido, los abogados de los sindicatos 1, 2 y 3 de la división, liderados en esta oportunidad por Carlos Orellana Burett, expresaron en audiencia entre otros argumentos que, para haber optado a una negociación colectiva anticipada, se debía contar con la representación del 35% de los trabajadores del estamento Rol B de la división, que por lo demás fue una condición impuesta por la estatal para negociar.

Acción que finalmente no fue aceptada el 9 de enero pasado por una amplia mayoría de los trabajadores, quienes optaron por la negociación colectiva reglada, la cual comenzará su proceso a fines de este mes. Finalmente, el Tribunal del Trabajo de Calama, citó para el próximo 10 de abril a las 11 horas, a todas las partes involucradas para que asistan a una audiencia de juicio, donde se rendirán definitivamente las pruebas ofrecidas, por lo que se espera que la dictación de sentencia en primera instancia sea para el mismo mes.

La última oferta

La oferta que convenció a los trabajadores que se cambiaron de sindicato fue la siguiente: Libro cerrado manteniendo todos los actuales beneficios; 36 meses de vigencia; reajuste salarial por única vez de 1,20%; bono de término de negociación (BTN) de $9.000.000; bono por negociación anticipada de $1.500.000; bono de jornada laboral (renovación de la jornada extraordinaria de 7x7) de $1.000.000; y préstamo blando de $3.000.000. Cifras que hacen un total de $14.500.000 por trabajador.

Cristián Venegas M.

Puerto Seco, a diferencia de lo que se planteó en alguna oportunidad por las autoridades, "está muy lejos de ser una ciudad empresarial", aseguró el presidente de los Empresarios de El Loa (Emloa), Miguel Meneses, quien considera demasiadas las deficiencias que arrastra el principal barrio industrial de Calama, en infraestructura y servicios, para alcanzar esa categoría.

Entre las deficiencias del barrio, el dirigente detalló que no cuenta con agua potable ni alcantarillado, y en los sectores aledaños se multiplican microbasurales y escombros. Además, a la falta de seguridad, que se traduce en robos y saltos, se suman las carreras clandestinas que se toman las calles del sector de noche, encuentros que dejan a su paso basura y envases de bebidas alcohólicas. "Esto es como tierra de nadie, la gente hace lo que quiere", criticó Meneses.

Patentes comerciales

Aunque el mayor dolor de cabeza de las pymes es la imposibilidad de acceder a patentes comerciales. "Son clave, de hecho vengo peleando eso hace años, desde que soy presidente. En mi caso tengo orden de clausura de mi local por tener vencida la patente, y sin esas patentes comerciales este barrio no existe", lamentó.

Respecto de los motivos de la imposibilidad, el dirigente detalló que "no las podemos obtener porque los sitios para eso deben tener arriba de 5 mil metros cuadrados y nosotros, la mayoría, tenemos 2 mil. Entonces, uno llega a la Dirección de Obras Municipales, presenta la carpeta y le llega la respuesta diciendo: 'señor usted no cumple con los 5 mil metros cuadrados', y ahí queda, no se hace nada. Ese es el principal problema que tenemos".

Meneses agregó que "si el Departamento de Finanzas quiere, nos puede clausurar todo el barrio, lo que significa que nos cierran, nos ponen un sello, no podemos entrar, y la empresa prácticamente muere, pero no es que nosotros no queramos tener patente, sino que hay un impedimento legal que no nos permite. Creo que esto es una de las primera cosas que debemos resolver, esto lo hablamos con la gobernación, con el seremi de Economía, con todo el mundo, pero nadie nos da una solución".

Sobre de qué manera podría resolverse la situación de las empresas, dijo que desconoce si un decreto municipal tiene esa facultad, pero sí la implementación del nuevo plan regulador, que cambiará la zonificación del sector, lo que además les permitiría resolver el suministro agua y el alcantarillado, pues la sanitaria debería extender su rango de operación hasta esta zona. Plan que debería estar listo a fin de año, previo proceso de consulta indígena.

Fiscalizaciones

Por su parte, el presidente de la Junta de Desarrollo de Puerto Seco, Pedro Vergara, otro de los gremios importantes del sector, dijo que las autoridades fiscalizadoras han tenido extremo celo con las pequeñas y medianas empresas del sector, que representan el 80% del total, las que han recibido multas de la seremi de Salud y municipales. Celo, asegura el dirigente, que no tienen con las empresas más grandes.

"Estamos estudiando presentar una demanda con nuestro abogado por el descriterio que se aplica contra este sector. Por ejemplo, nos han multado por ruidos molestos, en uno de los casos a una empresa que estaba en horario de colación; o por dejar destapado un basurero, bajo el argumento de malos olores, cuando era un basurero con metales. Entonces nos sacan multas por sacarlas, pero hacen la vista gorda con los más pudientes. Pedimos que se actúe con justicia y transparencia", expresó.

Meneses, que encabeza 40 empresas del barrio, también fue crítico de los cobros excesivos: "Bienes Nacionales me cobra arriendo por algo que yo construí, además de pagar arriendo tengo que pagar las contribuciones que son carísimas, las que diría que son incluso más caras que el arriendo, y las empresas están a la baja, en el sentido que no hay trabajo en el caso de la mayoría. Entonces todo está complicado en el barrio industrial", lamentó.

Cabe destacar que en junio de 2018 el ministerio de Bienes Nacionales, que lidera Felipe Ward, anunció la baja de dos puntos del avaluó fiscal, es decir, los cánones de arriendo que pagan mensualmente los emprendedores y pequeños empresarios del sector Puerto Seco, pasando de 8 a 6%. Medida que beneficia a un centenar de empresas del barrio industrial, según el titular de la cartera.

de las empresas del barrio industrial son pequeñas y medianas (Pymes), según cifras de Bienes Nacionales. 80%

hectáreas fueron entregadas en octubre de 2017 a 28 emprendedores en la extensión de Puerto Seco. 20