Pasaron muchos años antes que las cámaras de televigilancia de Calama estuvieran 100% operativas. En la actualidad, son 25 los dispositivos ubicados en distintos puntos de la ciudad y que se han convertido en un gran y necesario apoyo para las policías, especialmente de Carabineros.

Según informan desde la institución, gracias a las imágenes captadas por dichas cámaras y la alerta que entregan los operadores encargados de verlas, se han detectado varios delitos como tráfico de drogas, robo en lugar no habitado, robos con intimidación, entre otros.

A ello se suma que la ciudadanía se siente más protegida y segura, sobre todo en los sectores más conflictivos de la ciudad.

Antes de que esto pudiese concretarse hubo algunos problemas de tipo administrativos y de extensos análisis al interior del concejo municipal, sin embargo se pudieron subsanar y así lograr un consenso lo que vino, sin lugar a dudas, a favorecer a todos y cada uno de los habitantes de Calama.

Ahora es importante que el municipio mantenga operativos estas cámaras, ello implican las mantenciones necesarias y los recambios de los equipos nuevos, para que no vuelva a pasar que por falta de recursos y también de iniciativas para obtener dichos dineros, las cámaras se transformen sólo en artefactos de adornos que ni siquiera sirvan para disuadir.

También se hace necesario que este número aumente y así una gran superficie de la ciudad, especialmente los más conflictivos, tengan estas cámaras y así se pueda fortalecer el trabajo de los policías y disminuir los índices de delitos y aumentar la percepción de seguridad.

Un llamado entonces a las autoridades, civiles y policiales, a seguir gestionando recursos para que nunca más las cámaras de televigilancia dejen de estar operativas, pues a pocas semanas de funcionanciento se ha desmotrado lo necesarias y efectivas que son.

Como SERNAC hemos realizado la primera fiscalización tras la entrada en vigencia de la Ley 21.081 el pasado 14 de marzo, normativa que le entregó al Servicio dicha facultad. El propósito fue monitorear -a nivel país- el comportamiento de las principales empresas del retail respecto de temas que son sensibles para los consumidores, como el derecho a la garantía legal, los precios de los productos, las promociones y ofertas, y la seguridad en el consumo.

El objetivo de esta primera etapa de fiscalización es priorizar aquellas materias que tengan alcance para todos los consumidores en todo el territorio. Es decir, que sean infracciones masivas y de alcance nacional y progresivamente iremos poniendo el foco en las materias particulares.

Falta de precios en los productos, promociones con vigencia caducada, protocolos que establecen derivación inmediata al servicio técnico, limitación a sólo reparar el producto y no a la devolución del dinero o cambio de éste como indica el derecho a la garantía legal, entre otros aspectos, han sido los hallazgos preliminares encontrados en esta primera fiscalización.

El SERNAC analizará jurídicamente los antecedentes recopilados, y de constatarse infracciones a la Ley del Consumidor, interpondrá las denuncias respectivas ante tribunales, así como otras acciones que correspondan para que se cumpla la normativa. Hay que recordar que los antecedentes recopilados en las fiscalizaciones serán considerados como pruebas por parte de los tribunales de Justicia, pudiendo ser sancionadas con elevadas multas.

Es importante señalar que la labor de fiscalización del SERNAC cuenta con un plan anual basado es riesgos, cuyas directrices se encuentran publicadas en la página web del Servicio, y entre los insumos que se consideran para su elaboración, se encuentran los reclamos y las alertas ciudadanas en los casos que correspondan. La nueva normativa también establece los incentivos para que las empresas tomen las medidas preventivas necesarias para ajustar sus procesos, evitando infracciones.

La entrada en vigencia de la Nueva Ley nos entregó la fiscalización como herramienta para proteger los derechos de los consumidores, y la utilizaremos con eficiencia para transparentar prácticas, y modificar conductas que vayan en directo beneficio de las personas y del mercado completo.

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