Paola Passig

Esta semana la salud se tomó la agenda política. Primero porque las isapres anunciaron un alza en sus planes de un 5%, la mayor en 8 años -que generó una ola de críticas- y segundo, el Gobierno oficializó el envío de una reforma al sistema. La polémica continúa con la decisión de la Superintendencia de Salud de postergar por dos años la norma que obliga a las aseguradoras a bajar el valor de los planes. El diputado Javier Macaya, miembro de la comisión de Salud y jefe de la bancada de la UDI, analiza la contingencia.

-¿Qué le parece esta decisión? ¿No es, acaso, contradictoria?

-Me parece que eso se debe corregir. O sea, las isapres debieran hacerlo de inmediato. En otras industrias reguladas se hace, se ajusta. Cuando un usuario del sistema de isapres baja su condición de riesgo, significa que ese usuario tiene un costo menor. Por lo tanto, la isapre debiera automáticamente bajarle el costo a ese afiliado; se trata de una ganancia que carece de legitimidad. Por eso espero que la Superintendencia pueda cambiar este criterio y que las isapres voluntariamente decidan ajustar los precios a los usuarios de menor riesgo sin instrucciones de la Superintendencia y sin cambios legislativos. Creo que es la primera señal a que están obligadas a dar para tener legitimidad de manera que el sistema mixto de financiamiento de la salud público y privado siga funcionando. Esto es de sentido común.

-¿Entonces, fue un error haber postergado la norma?

-Absolutamente.

-¿Por eso citaron al ministro de Salud a la comisión la próxima semana?

-Es una de las razones.

-Tras el alza de los planes la oposición denunció que hubo colusión y presentó un requerimiento ante la Fiscalía Nacional Económica. ¿Qué le parece?

-No tengo los antecedentes para señalar que efectivamente haya habido colusión. No conozco el contenido del requerimiento que presentó el diputado Gabriel Silber, pero si hay antecedentes, la Fiscalía tiene que investigar.

-El Gobierno confirmó el envío de un proyecto para reformar el sistema de isapres. ¿Cuáles son los mínimos?

-El proyecto estaba dentro del programa de gobierno y siempre se dijo que se iba a presentar durante la primera mitad del año 2019; por lo tanto, se está cumpliendo el cronograma. Se presenta, además, en un momento de gran contingencia porque las isapres aumentaron inexplicablemente sus planes, aunque tenemos la información que tres isapres no lo hicieron. Las isapres son una industria que está al debe con reglas básicas de información, con terminar con las discriminaciones y en rebajar obligatoriamente los planes cuando un afiliado cumple una determinada edad y tiene menor riesgo. Pero no lo están haciendo. Estamos en una situación donde no tengo ninguna duda de que es urgente legislar y ojalá el Parlamento esté a la altura.

-Pero ¿qué aspectos debe abordar esta reforma?

-Los tres principios básicos tienen que ver primero con la transparencia que se les debe exigir a las isapres en cuanto a las razones por las cuales se aumentan los costos de los planes y fijar reglas claras para eso, para la cantidad de planes que tienen, sobre sus utilidades y cómo éstas afectan el desarrollo del negocio. Segundo, hay que poner fin a la discriminación. Acá han pasado 10 años desde que el Tribunal Constitucional estableció que las discriminaciones por edad, por sexo y por preexistencias son inconstitucionales y la ley se tiene que hacer cargo de eso. En tercer lugar me parece que cualquier reforma a la salud privada tiene que considerar mejoras importantes en el seguro de salud público, o sea Fonasa.

-¿En qué sentido?

-Las isapres atienden al 15 por ciento más privilegiado de la población y el 85% restante se atiende en Fonasa. El sistema de salud público está muy al debe y hay que tener claridad de que si vamos a fijar nuevas reglas para las isapres, hay que mejorar el sistema de Fonasa.

-¿Cómo?

-Entregando mayor libertad a los afiliados a ese sistema.

-Cuando habla de mejorar Fonasa ¿se refiere a "isaprizarla"?

-Todo lo que sirva para mejorar el estándar de calidades bienvenido; todo lo que sirva para entregarle libertad a un cotizante de Fonasa para mejorar sus condiciones de cobertura y elegir sus prestadores, es bienvenido. Pero no se trata de "isaprizar" Fonasa, sino que entregarle un estándar de servicios que ojalá se parezca al de las isapres. No nos saquemos la suerte entre gitanos. Las isapres entregan un servicio a los más privilegiados de la población y nosotros debiéramos tratar de extender eso a todos.

-¿Qué opina de los anuncios del gobierno para enfrentar las alzas: corregir el sistema de valoración de los planes y la constitución de un consejo técnico que establecerá variables para determinan los costos de las prestaciones?

-Es razonable, pero esto debe ir acompañado de reglas claras de cómo se van a compensar los riesgos que hay cuando un afiliado se mueve de una isapre a otra. También si va a existir posibilidad de movilidad desde Fonasa hacia las isapres. Ahí hay que fijar reglas porque así como le estamos dando facilidades a los usuarios a cambiarse entre isapres, hay que hacerlo también para que los usuarios de Fonasa migren a las isapres y viceversa. Las isapres son una industria de salud regulada. Cómo ellos reciben para financiarse parte de la cotización de la seguridad social de los chilenos, están sujetas a reglas específicas de lo que pueden o no pueden hacer. Esas reglas las debemos fijar nosotros; los legisladores también está al debe desde el 2012 por no haber legislado en esta materia. Por eso es importante el impulso del Gobierno a esta reforma.