La ministra de Educación, Marcela Cubillos, aseguró que se encuentra preparando su defensa ante la acusación constitucional en su contra. "Ahora es el tiempo de la defensa jurídica y esa está en manos del abogado (Francisco Cox) que me representa", planteó.

"Cuando uno prepara una contestación y una defensa jurídica, lo que se busca son argumentos jurídicos", recalcó la secretaria de Estado.

Para hacer su defensa, la ministra tiene más de una posibilidad, pero aún no ha decidido de qué manera lo hará. "Tengo hasta el 25 (mañana) y las alternativas que dan la ley del Congreso y el reglamento es que puedo hacer una contestación oral, escrita o ambas", comentó.

Cubillos también solicitó un informe al abogado Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, el que acompañará su defensa jurídica, la que debe ser presentada mañana a más tardar.

Cabe recordar que la comisión que examina la acusación constitucional presentada por once diputados opositores, comenzó su trabajo antes de Fiestas Patrias. La instancia está conformada, en virtud de un sorteo que se hizo en la Sala de la Cámara, por dos diputados de Renovación Nacional, dos de la UDI y una del Frente Amplio. La preside el gremialista Celso Morales.

Ayer se supo, asimismo, que la ministra de Educación tiene la aprobación más baja del gabinete, de acuerdo a la encuesta Plaza Pública, de Cadem.

Según el sondeo, la titular de Educación es la secretaria de Estado más conocida del equipo de gobierno con un 88%, sin embargo, su aprobación solamente llega al 35%.

Diputados del Frente Amplio recurrieron a la Contraloría General de la República para solicitar que se declaren ilegales las excavaciones autorizadas con el objeto de buscar un supuesto tesoro español del siglo XVIII en el parque nacional Archipiélago de Juan Fernández.

"Esto vulnera gravemente prohibiciones expresas que están en la ley de servicios de áreas nacionales protegidas y también tratados internacionales que defienden a las reservas mundiales de la biósfera, como la Convención de Washington", aseguró Diego Ibáñez (Convergencia Social), acompañado de Camila Rojas (Comunes).

Asimismo, dijo Ibáñez, la polémica, "de una u otra manera, coloca en entredicho la voluntad del Gobierno mediante su ministro de Bienes Nacionales, de defender la biodiversidad en un contexto de crisis climática sin precedentes".

La controversia estalló tras la salida de Pablo Mira como director regional de la Conaf en Valparaíso. Según el Consejo de Guardaparques de Chile, Mira "debió abandonar su cargo por oponerse a firmar" la autorización para los trabajos en el parque -reserva de la biósfera desde 1977-, solicitada por el investigador holandés Bernard Keiser y apoyada por el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward. La Conaf atribuyó la salida de Mira a "lineamientos de carácter administrativo que no guardan relación con los trabajos que promueve el historiador".

El ministro Ward defendió la autorización para Keiser, asegurando que "lleva 20 años en esta búsqueda, con todas las autorizaciones pertinentes, tanto del punto de vista medioambiental como de la conservación que tiene que ver con los parques nacionales".

"Creemos que es adecuado poder acotar esta nueva búsqueda a un plazo máximo de seis meses", garantizado por el protocolo que se firmó con el holandés, dijo el ministro, y recalcó que la búsqueda es apoyada por "las autoridades locales en la isla".

Redacción

El 54% de los chilenos considera que la corrupción aumentó durante el último año, 26 puntos porcentuales menos que lo arrojado en 2017, cuando un 80% lo creía de tal modo.

Así lo determinó el Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe, estudio que incluyó a 18 países y más de 17 mil personas que fueron encuestadas entre enero y marzo de este año, y que lleva a cabo Transparencia Internacional.

Actualmente, Chile comparte con Brasil y Honduras el sexto lugar en el escalafón de países donde más gente cree que la corrupción se ha incrementado. Este apartado es encabezado por Venezuela con un 87%, seguido de República Dominicana (66%) y Perú (65%).

Actuación del gobierno

Asimismo, Chile se sitúa en el décimo segundo lugar, el que comparte con Trinidad y Tobago, en cuanto al porcentaje de la población que estima que la corrupción es "un gran problema" en su gobierno. El porcentaje alcanza un 85% en nuestro país. Este apartado es liderado por Perú con un 96%, seguido de Colombia (94%).

Acerca de la actuación del Gobierno para combatir la corrupción, un 67% de los encuestados cree que lo está haciendo mal, cifra que se mantiene en comparación al estudio anterior. Venezuela encabeza este índice.

El informe también da cuenta del porcentaje de la población que "tuvo contacto" con la policía en los doce meses previos y "pagó un soborno". Chile asoma entre los países con porcentajes más bajos, al registrar 8%. Barbados, con 2%, y Costa Rica, con 5%, mostraron las menores cifras, en un apartado liderado por Venezuela, con 62%. En Chile, el 28% de quienes dijeron haber pagado soborno, argumentaron que era para "expresar gratitud". Es en Chile donde esta razón fue la más esgrimida.

Asimismo, un 13% en Chile dijo que había pagado un soborno por un "servicio público" en los doce meses previos.

El barómetro de Transparencia Internacional también se hizo cargo de las noticias falsas. En Brasil, más de tres entre cuatro personas piensan que las "fake news" se difunden con frecuencia o muy frecuentemente. Por el contrario, los ciudadanos de Chile y Costa Rica piensan que se divulgan noticias falsas rara vez o nunca (39 y 46 por ciento, respectivamente).

Asimismo, un 68% de los chilenos consultados está de acuerdo con que los ciudadanos pueden marcar la diferencia contra hechos de corrupción, lo que posiciona a Chile en el último lugar. A pesar de esto, este porcentaje aumentó con respecto a 2017, cuando solo un 41% lo creía.