Bien comentaban algunos calameños que tras la fuga de cuatro reclusos desde la cárcel de Calama, nuevamente se hace más patente la urgencia de contar con un nuevo centro de detención para albergar a la actual poblacional penal.
En ese diálogo se apelaba a que ya no es posible que un recinto de esas características esté enclavado en el casco central, por un tema de seguridad. Las fugas de reos, muchos de ellos alta peligrosidad, ponen en serio riesgo a quienes viven, trabajan y transitan por sus alrededores.
Razón valedera, pero que debe ser incluida dentro de una justificación más global, en las que se detallen el hacinamiento de internos y gendarmes, el colapso en servicios como el alcantarillado y la antigüedad de las instalaciones que hacen miserables las vidas de quienes cumplen condena o trabajan en el lugar.
La cárcel ha tenido que ampliarse y se ha hecho de un modo casi artesanal y pese a que se crean nuevos espacios se sigue en un peligroso hacinamiento.
Este penal tiene una capacidad máxima de 300 reclusos y el mismo director regional de Gendarmería reconoció que en la actualidad son 450. Está sobrepasada en un 50% con todas las implicancias que ello significa para la convivencia y para cumplir las metas de rehabilitación.
Lamentablemente el proyecto de construcción de una nueva cárcel y el traslado de la actual población penal está hace años en discusión y los plazos en vez de irse acortando se han ampliado. Los cambios de autoridades, las nuevas prioridades y la falta de sintonía con las comunas hacen que el tema haya sido postergado una y otra vez.
Si se hubieran cumplido todas las promesas respecto la nueva cárcel ya debería estar funcionando, pero hoy fines de 2019 no se sabe ni se conoce en que se ha avanzado en el proyecto.
Es tiempo que la situación se aborde con un sentido de celeridad mayor, con suma urgencia. Ello con el fin de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, entregar dignidad a internos y gendarmes y dar espacio a la modernidad a una ciudad que la necesita.