Agencias

La Defensoría del Pueblo de Ecuador confirmó la muerte de cinco personas durante las protestas sociales causadas por el alza en los precios de los combustibles decretada la semana pasada. Sin embargo, el Gobierno aseguró que solo habría dos muertos en accidentes y nada más.

Sin precisar un número, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) también denunció que varios manifestantes han muerto como consecuencia de la "brutal y desmedida" represión del Gobierno ecuatoriano contra las protestas.

Acusan represión

En su cuenta de Twitter, la Defensoría lamentó el fallecimiento de Inocencio Tucumbi, dirigente de la Conaie de Cotopaxi, y de otras cuatro personas. No dio otros detalles acerca de los fallecidos, a los que se suman decenas de heridos y unos 800 detenidos. "Las autoridades ecuatorianas deben poner inmediatamente fin a la fuerte represión de las manifestaciones, incluidas las detenciones masivas, e investigar de una forma rápida, independiente e imparcial todas las denuncias", expresó Amnistía Internacional.

En tanto, al menos ocho policías fueron retenidos por indígenas que advirtieron que mantendrán sus protestas contra el presidente Lenín Moreno.

El secretario general de la Presidencia, José Briones, expuso que "cualquier proceso de diálogo se haga en el marco de la paz y para ello la liberación de los policías y periodistas es una condición fundamental". Calificó de "secuestro" la retención de los agentes de la Policía y dijo que había varios periodistas a los que no se les permitía salir "como es su voluntad" de la Casa de la Cultura en Quito, donde estaban congregados los indígenas.

MENSAJE A MORENO

Los indígenas permanecían al asedio de la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde el presidente de la Conaie, Jaime Vargas, junto con calificar al Gobierno como nefasto, dijo: "Lenín Moreno, con los indígenas no se juega, con la Conaie no se juega, carajo".

Miles los indígenas rechazan la eliminación de subsidios a los combustibles.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, dijo que su país estará "complacido" de investigar si hubo injerencia de ucranianos en la elección presidencial estadounidense de 2016.

Zelenskiy dijo que "no podemos decir sí o no" si hubo injerencia antes de realizar una investigación. Añadió que conviene a los intereses de Ucrania determinar qué sucedió.

El presidente Donald Trump pidió al mandatario ucraniano que investigara a su rival demócrata, Joe Biden, en una llamada telefónica en julio que ha dado lugar a una investigación del Congreso estadounidense que podría conducir a un juicio político.

Zelenskiy dijo creer que la llamada llevaría a una reunión en persona con Trump y que quería que el Presidente de Estados Unidos visitara Ucrania.

En una "maratón de prensa" de diez horas, que ofreció en medio de crecientes preguntas sobre su labor como gobernante, Zelenskiy dijo que "no hubo chantaje" en su llamada con Trump.

Arresto

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, pidió en tanto que el presidente Trump sea sometido a un proceso de destitución, afirmando que había "traicionado" a Estados Unidos, pero el mandatario se mantuvo firme y anticipó que la disputa terminará "siendo un gran caso en la Corte Suprema".

"Para preservar nuestra Constitución, nuestra democracia, nuestros principios fundamentales, (Trump) debe ser sometido a un proceso de destitución", dijo Biden. "Pisotea la Constitución y no podemos dejar que se salga con la suya", agregó ante partidarios en New Hampshire.

Por otro lado, dos socios del abogado privado de Trump, el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, fueron arrestados en el marco de la investigación por las supuestas presiones del mandatario al Gobierno de Ucrania, según The Wall Street Journal.

Sus socios Lev Parnas e Igor Fruman habrían ayudado a financiar los esfuerzos para investigar a Biden, dijo el medio, citando fuentes de la Fiscalía de Manhattan.

La operación "Fuente de Paz" lanzada por Turquía en territorio sirio contra las milicias kurdas, dejó los primeros muertos a ambos lados de la frontera, que Ankara afirma que quiere limpiar de "terroristas".

El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, aseguró que al menos 109 guerrilleros de las milicias kurdosirias YPG han sido abatidos por las fuerzas turcas desde que comenzó la operación, primero con un duro bombardeo, y luego con la incursión terrestre, una cifra que distintas fuentes oficiales elevaron luego a 174.

Las autoridades turcas aseguraron que sus tropas han ocupado ya once localidades, dentro de su plan de penetrar 30 kilómetros en territorio sirio a lo largo de su frontera y expulsar de ella a las YPG, que Ankara considera terroristas por sus vínculos con la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), activa en Turquía. De hecho, Erdogan aseguró que Turquía está preparada para intervenir en otras zonas de Siria "cuando llegue el momento".

Inmigrantes

Ante las críticas de diversos países y organismos por la intervención militar, incluyendo Estados Unidos, Arabia Saudita, Egipto y la Unión Europea, Erdogan emplazó al bloque: "Unión Europea, recupera el juicio. Lo digo otra vez: si intentáis presentar nuestra operación como una invasión, nuestra tarea es simple: abriremos las puertas y os enviaremos 3,6 millones de inmigrantes".

El Gobierno de Turquía quiere expulsar a las milicias kurdosirias a lo largo de los 480 kilómetros de su frontera, desde el río Éufrates hasta Irak, y asentar allí a dos de los 3,6 millones de sirios que acoge actualmente Turquía. Los planes de Erdogan han despertado críticas por el cambio demográfico que podrían causar en la zona, en la que residen unas 850 mil personas, la gran mayoría kurdas.