C. Ascencio/F. Contreras

Una serie de ilegalidades que atentan contra derechos humanos de los manifestantes, ha detectado la Defensoría Penal Pública y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en Antofagasta.

Uno de los casos más graves es el del joven Cristian Varela (21), quien denuncia haber recibido una golpiza de parte de Carabineros que lo dejó hospitalizado y con un trauma ocular.

A este se suma el de dos mujeres que denuncian haber recibido tocaciones indebidas cuando fueron detenidas en una de las marchas ocurridas en Plaza Sotomayor, y el de un joven que recibió el impacto de balines en la comuna de Tocopilla durante una protesta y debió ser internado en el hospital.

Hasta ayer, el INDH había interpuesto tres querellas por apremios ilegítimos ocurridos en el marco de estas manifestaciones sociales que comenzaron el 19 de octubre.

Por su parte, la Defensoría está realizando turnos especiales en las Comisarías para fiscalizar las condiciones en que se están efectuando las detenciones.

La defensora regional Loreto Flores explicó que "hemos visto un número importante de personas que son detenidas (mientras se manifestaban) y llevadas al cuartel policial, cuando lo que corresponde es un apercibimiento y dejarlas en libertad. Nos hemos dado cuenta que existe un retraso en esa puesta en libertad, que puede ser eventualmente violentatorio a los derechos humanos, porque están por faltas, no por delitos. Y en algunos casos ni siquiera estamos frente a una falta penal".

La defensora además sostuvo que han visto muchos detenidos de menos de 16 años que no estaban cometiendo delito alguno, y que también han recibido denuncias de fuerza excesiva. "Nosotros entendemos que el proceso mismo de la detención es violento, pero acá estamos hablando de violencia que se ejerce una vez la persona ya fue reducida. No hemos visto casos de violencia en la Comisaría, pero sí una vez que la persona ya fue reducida".

Cabe destacar que reporteros de este mismo medio han visto cómo se han detenido adolescentes que eran parte de las manifestaciones, pero que no estaban efectuando ningún tipo de acto violento o vandálico.

Nuevas querellas

Ayer el INDH anunció que presentaría dos nuevas querellas en el Tribunal de Garantía de Antofagasta, las que se suman a otras tres presentadas a principios de esta semana. Estos casos corresponden a seis mujeres que denunciaron haber sido golpeadas en la Tercera Comisaría, cinco hombres que aseguran haber sido obligados a desnudarse por personal policial, y una profesora que denunció torturas y apremios ilegítimos de parte de carabineros.

Según comentó el jefe regional del INDH, Paulo Palma, "estamos a la espera de que hoy (ayer) nos aprueben dos querellas más por delitos de tortura derechamente y por violencia innecesaria. También estamos preparando por lo menos unas ocho querellas más por violencia innecesaria".

Desde el organismo apuntaron que la situación es mucho más compleja en el resto del país. "En el contexto general con la cantidad de personas detenidas y una región de la población de Antofagasta, no es tanto comparativamente con otras regiones del país que diariamente están interponiendo de cinco a ocho querellas diarias", agregó Palma.

3 querellas por actuar excesivo de la Fuerza Pública ha presentado hasta ayer el INDH en la región.

Una nueva jornada de manifestaciones hubo ayer en diversos puntos de la ciudad, siendo el centro, la Intendencia y la Municipalidad los sectores neurálgicos de la concentración de los ciudadanos.

Las movilizaciones, que empezaron cerca del mediodía tuvieron distintas consignas. El presidente de la CUT Antofagasta, Roberto Sepúlveda en la manifestación desarrollada en la Plaza Sotomayor, dio su agradecimiento a los jóvenes, ya que todo este movimiento social -según explicó- es gracias a ellos.

"El año 2009 desde la CUT, emanamos un documento nacional en el que hablamos de los problemas relacionados con la salud y la previsión. Durante todos estos años no hemos tenido la fuerza para avanzar en estos temas, pero con este chispazo de los jóvenes tenemos un nuevo impulso para terminar con las injusticias que se producen en el país", dijo.

Pensiones

Por su parte, la presidenta del Sindicato de Asistentes de la Educación, Juana Manque Rivera, sostuvo que tanto para ella, como para sus colegas y compañeros de trabajo, el poder manifestarse libremente frente a la Intendencia es una forma de expresarle al gobierno sus disconformidades respecto a sueldos, pensiones y metodología de trabajo.

"Nosotros estamos enormemente preocupadas por lo que tiene que ver con las AFP. Durante muchos años, nuestros sueldos fueron muy bajos y hoy nuestra gente se está jubilando con una pensión miserable, una jubilación de 120, 140 y 150 mil pesos, y eso que han dado toda la vida por la educación (…) Además hoy nos quieren traspasar a los servicios".

Acotó que al ser traspasados, el sueldo que ganaban de forma íntegra comienza a ser alimentado por bonos, disminuyendo el sueldo base. "Por ejemplo, si el sueldo ahora es 500 mil pesos, vamos a ganar 380 mil base y esos 120 mil serán añadidos por bono, lo que creemos es malo ya que eso perjudicará nuestras pensiones".

Educación

En la marcha de los educadores, los docentes salieron a las calles desde el mismo Colegio de Profesores, para reclamar por diversas situaciones que afectan a su gremio.

"Hoy nos unimos docentes, trabajadores, asistentes de la educación, asistentes de aula, manipuladoras de alimentos, todos los trabajadores de aula de Antofagasta. Fue histórico, no se había dado", sostuvo Patricia Romo, presidenta del Colegio en Antofagasta.

Agregó que también se reclamó por el cambio de gabinete. "Por mantener a la ministra Cubillos, quien recordemos, fue muy intransigente con los profesores, cerrándonos la puerta en la cara. Creemos que los cambios que realiza Piñera no responden a las exigencias que está haciendo la sociedad de hoy. Por eso quisimos terminar esta marcha en el municipio, para reclamar por todos aquellos fondos públicos que se han perdido", dijo.

Después de conocerse que el país renunció a la organización de la COP25, el diputado José Miguel Castro dijo que espera que los aportes comprometidos por empresas para la organización del evento, se mantengan y sean destinados a ayuda social en el país.

El evento reuniría en Santiago a jefes de Estado, ministros de 196 países, y más de 30 mil visitantes.

"Toda crisis es una oportunidad. Invito a todos los empresarios que hayan ofrecido aportes económicos o quienes los hayan realizado para llevar a cabo la conferencia ambiental, los destinen en ayuda a los sectores más vulnerables y desfavorecidos para ir avanzando en superar esta crisis", dijo Castro.

"Si bien la cancelación de la COP25 supone una gran pérdida, no cederemos ningún día a la descarbonización y seguiremos con nuestra agenda medioambiental", dijo y aseguró que el Presidente Piñera mantiene liderazgo internacional en el tema. "El tomó una decisión dolorosa, pero en beneficio de desarrollar una agenda social robusta que por cierto estamos confiados considerará medidas para frenar las consecuencias del cambio climático en Chile".