Alejandro Ahumada R.

Si bien las primeras manifestaciones masivas que exteriorizaron el malestar ciudadano comenzaron por el alza del Metro en Santiago. Con el paso de los días las demandas sociales fueron sumando diversas consignas que alimentaron un movimiento que se extendió a todo el país.

Y una de las más reiteradas por la ciudadanía y que ha concitado incluso el apoyo de representantes políticos de todos los sectores, es la idea de contar con una nueva Constitución.

La posibilidad de allanar un camino hacia una constitución ya cuenta con algunas iniciativas y apoyos, entre ellas, la de los senadores de toda la oposición que se unieron para presentar una reforma que propone la realización de un plebiscito para consultar a la ciudadanía sobre si es necesario cambiar la Constitución.

Los parlamentarios de la centroizquierda esperan que el proyecto pueda tramitarse rápidamente, ojalá durante el próximo mes, para que así en diciembre el Presidente Sebastián Piñera pueda convocar y realizar la consulta ciudadana.

Plebiscito

El profesor y director del departamento de Derecho de la Universidad de Antofagasta, Luis Varela Ventura, coincide en la iniciativa parlamentaria, por cuanto considera que más allá del clamor expresado en la calle, resulta fundamental la participación de toda la ciudadanía a fin de legitimar el proceso constituyente.

"Lo primero es preguntarle al pueblo si quiere dar ese paso. En un proceso democrático hay que asegurar que todos se puedan pronunciar más allá de las legítimas demandas y la gran convocatoria que producen. No puede primar el que grita más fuerte o lo que indican las encuestas. La única forma de zanjar estos asuntos en democracia es a través de un plebiscito", precisa Varela.

Sin embargo, para Álvaro Tejos Canales, abogado y académico del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la búsqueda de una alternativa plebiscitaria no está contemplada en el actual ordenamiento jurídico.

"Configurar y hacer un nuevo orden constitucional no es posible. Nuestro actual Estado de Derecho no tiene prevista la posibilidad de instalar un poder constituyente. Es cierto que existen facultades constituyentes anidadas en el Congreso, pero sólo para reformar lo que ya existe", indicó Tejos.

Para el experto, si se trata de responder a las demandas ciudadanas por una nueva Constitución, una alternativa viable podría estar en una reforma constitucional que incorpore el mecanismo de convocatoria a una asamblea constituyente.

"Lo que se podría hacer en teoría es una modificación constitucional cuyo objeto sea permitir llamar a una asamblea constituyente. Eso es factible si está de acuerdo gran parte de los parlamentarios", indicó.

Alternativas

Ambos académicos precisan que en ningún caso un nuevo orden constitucional aseguraría la resolución de las demandas ciudadanas, aunque -afirman- un nuevo texto permitiría incorporar mayores sanciones para aquellos casos de abuso o colusión monopólica del mercado que dañan la fe pública, y de paso, sentar las bases para la creación de un estado de bienestar.

"Si gana el sí a un nueva Constitución, habrá que hacer un nuevo plebiscito preguntando cómo se hará ese proceso. Evidentemente cualquier alternativa debería contar con la representación de todas las fuerzas políticas", sostiene Varela.

Para el abogado de la Universidad de Chile, Yerko Campillay, la crisis social puede ser el origen de un nuevo pacto social, uno al que el Derecho, incluida la Constitución, deben adecuarse.

"En lo jurídico, este movimiento es una bofetada al orden legal establecido. Tanto porque la sociedad reclama una nueva forma de hacer y nuevos bienes jurídicos que proteger y por la excesiva parsimonia en revisar, y hasta cambiar, las actuales reglas del juego", precisó en torno a dicha temática.

Como una medida efectiva que puede tener un efecto rápido sobre el monto de las pensiones -mientras se diseñan soluciones de largo plazo- calificaron diversos actores la opción de modificar la tabla de expectativa de vida con que se calculan las pensiones del sistema de AFP.

Se trata de una posibilidad que ya estaba siendo analizada por el gobierno -en el marco de la reforma- y también en el mundo de las AFP. Algunos parlamentarios incluso han sugerido que en el caso de enfermos terminales se les pueda recalcular el monto de su pensión según su real expectativa de vida y no según la tabla de mortalidad.

Hace pocos días, senadores de la DC recurrieron a Contraloría General de la República para que efectúe un control de legalidad respecto a la forma cómo la Superintendencia de Pensiones (SP) y la Comisión de Mercado Financiero proceden actualmente en el cálculo de las tablas de mortalidad y expectativas de vida.

Por tratarse de una medida administrativa, este cambio no requiere un proyecto de ley y es de rápida implementación.

En esa línea, el gerente general de Previsionarte, Andrés Guerra, sostuvo que cambiar las tablas de expectativa de vida no lograría subir las pensiones más allá de un 3% o 4%.

Explicó que "la realidad no es como se difunde masivamente en redes sociales y que supuestamente cuando cumplimos los 65 años -en el caso de los hombres- nos calculan que vamos a vivir hasta los 110".

Y detalló que se trata de un cálculo estadístico que considera varios factores. "Si yo tengo 47 años, mi tabla de expectativa de vida llega a los 67 porque considera -entre otras cosas- la probabilidad que me ocurra un accidente. Cuando cumplo 48 esa probabilidad disminuye, por tanto mi expectativa de vida será mayor... Lo mismo ocurre al cumplir la edad de jubilación", dijo.