La noche del miércoles en La Paz fue una de las más violentas en las últimas semanas. Tanto en la capital boliviana como en el vecino municipio de El Alto se registraron hasta la madrugada de ayer fuertes choques entre defensores y contrarios al presidente Evo Morales, en una nueva jornada de disturbios ante la crisis por la que atraviesa el país tras las elecciones.

Esta vez los disturbios se produjeron entre grupos de universitarios que exigen la renuncia del presidente, al que acusan de fraude a su favor en los comicios del 20 de octubre, y mineros que defienden la victoria de Morales para un cuarto mandato.

Una fuerte lluvia contribuyó a dispersar a los grupos de violentos, pero ayer el ministro de Defensa de Bolivia, Javier Zavaleta, atribuyó "la escalada de violencia en el país" a un llamado del líder cívico Luis Fernando Camacho, que horas antes había llegado a La Paz con intención de entregar una carta a Evo Morales para que firme su renuncia.

Zavaleta culpó al líder del Comité Pro Santa Cruz de instigar a "grupos de choque organizados, que están viniendo a provocar", y lo invitó a que "haga un llamado a pacificar y repliegue a estos grupos". "Estamos a un paso de contar los muertos por docenas", agregó.

Alcaldesa humillada

Una de las situaciones más complejas la vivió la alcaldesa de la localidad de Vinto, Patricia Arce Guzmán, del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

La autoridad comunal fue sacada con violencia del municipio, que después fue saqueado e incendiado, y los manifestantes la arrastraron descalza, por cinco kilómetros, hasta el puente de Huaykuli, mientras la grababan con celulares. En ese lugar fue humillada, la insultaron y la torturaron, dijo poco después a la prensa y a la policía.

También le cortaron el pelo, la hicieron arrodillarse, le gritaron "asesina" y la bañaron con pintura roja. Después de una hora, la volvieron a liberar.

Otra víctima fatal

En nueve de las diez ciudades más importantes de Bolivia la ola de violencia ha ido creciendo. En Cochabamba se produjo la noche del miércoles la tercera muerte desde que se iniciaron las manifestaciones. Se trata de Limbert Guzmán, un estudiante de 20 años.

"Expreso mi profundo pesar por el fallecimiento del joven Limbert Guzmán, víctima inocente de la violencia promovida por grupos políticos que alientan el odio racial entre hermanos bolivianos", expresó Morales a través de su cuenta de Twitter.

De los 170 heridos que se han reportado en las últimas semanas, al menos 60 se produjeron esa misma noche.

"¿por qué renunciar?"

Después de asegurar que el líder opositor Luis Fernando Camacho podrá entregarle a Evo Morales una carta en la que le pide renunciar, el Gobierno boliviano descartó que el presidente vaya a renunciar antes de concluir su actual mandato. "¿Por qué tendríamos que renunciar, si acabamos de ganar las elecciones?", sostuvo el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera.

"El presidente Evo y su vicepresidente hemos sido elegidos para gobernar del 22 de enero de 2015 al 22 de enero de 2020. Es nuestra gestión, lo dice la Constitución, lo dice el voto popular", señaló.

García Linera apuntó a Mesa y a Camacho por los enfrentamientos entre detractores y afines a Morales ocurridos en la víspera en Cochabamba, donde mataron a Limbert Guzmán, y llamó a la oposición a dejar la violencia.

A quienes humillaron a la alcaldesa Arce los llamó además "fascistas" y aseguró que el miércoles fue el "día de la vergüenza" por estos sucesos.

Otra víctima fatal

Las protestas en Bolivia estallaron la misma noche de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 20 de octubre por la suspensión repentina de la transmisión de los resultados oficiales justo cuando obligaban a una segunda vuelta entre Morales y el candidato opositor Carlos Mesa.

Cuando se retomó, casi 24 horas después, concedían la victoria en primera vuelta a Morales. Ambos candidatos llamaron a la movilización de los suyos, lo que ha derivado en disturbios. En este contexto, Morales ha accedido a que la OEA, apoyada por países como España, México o Perú, realice una auditoría electoral de carácter vinculante. Mesa, en cambio, no la acepta porque dice que es fruto de un acuerdo unilateral entre el Gobierno y el bloque hemisférico.

3 personas han fallecido desde que estalló la crisis. Mientras, la OEA audita las elecciones presidenciales.

El Gobierno chino anunció ayer que llegó a un acuerdo con Estados Unidos para cancelar por fases los aranceles que ambas partes se han ido imponiendo durante la guerra comercial, que comenzó en marzo de 2018.

El portavoz del Ministerio de Comercio chino, Gao Feng, aseguró que solo queda que los dos países den el paso de abolir los aranceles para cumplir así la denominada "primera fase" de un acuerdo entre ambas potencias para resolver el conflicto.

Dicha cancelación de aranceles será una condición para poder seguir avanzando hacia un acuerdo definitivo, dijo Gao e informó que los equipos negociadores de China y Estados Unidos han llegado a "consensos" tras las conversaciones "extensas, constructivas y serias" de las últimas semanas.

"Las dos partes han acordado eliminar los aranceles a medida que se vayan haciendo progresos. Si China y Estados Unidos llegan a un acuerdo en la 'primera fase', las dos partes deberían eliminar los aranceles simultáneamente y en la misma proporción", añadió.

Según Gao, los equipos negociadores esperan "resolver" el conflicto "basándose en la igualdad y el respeto mutuo".

El pasado 26 de octubre, el Gobierno chino confirmó el avance de las negociaciones para un acuerdo comercial parcial y aseguró que las consultas técnicas sobre parte del texto ya se habían completado.

En esa ocasión, el presidente Donald Trump, describió el pacto como una "primera fase" en un proceso que puede desarrollarse en hasta tres etapas, y congeló sus planes de subir los aranceles a las importaciones del gigante asiático.

Así, China se comprometió a aumentar sus compras de productos agrícolas estadounidenses hasta llegar a entre 40.000 y 50.000 millones de dólares, una cifra que, según Trump, es entre "2,5 y 3 veces superior" a lo que Pekín "había comprado hasta ahora en su punto más álgido", cuando rozó los 17.000 millones de dólares.

Ninguno de los dos Gobiernos ha publicado detalles del acuerdo, pero Trump precisó que incluye algunas medidas relativas a la devaluación de la divisa china y temas de propiedad intelectual, aunque no trata la transferencia forzada de tecnología en China, un tema que se discutirá "en la segunda fase".

El acuerdo tampoco resuelve los vetos a la exportación que afectan al gigante chino de la telefonía Huawei, algo que se está negociando paralelamente.