En las últimas semanas hemos sido testigos cómo Chile ha convulsionado de norte a sur. La sensación de hartazgo frente a las inequidades y abusos que sufren millones llegó a su límite. Las demandas históricas en materia de salud, educación, seguridad social, transporte y propiedad de los recursos naturales condujeron a Chile a este episodio que será recordado y estudiado por muchas generaciones.
Las sociedades en muchos países llegan a estados de descontento social de tal magnitud que suscitan conflictos sociales que requieren una observación atenta y respetuosa. ¿Por qué de un momento a otro una sociedad estalla en reclamos hacia las autoridades? ¿Qué gatilla que esa rabia contenida se exprese en manifestaciones multitudinarias, obstrucción de calles, marchas ciudadanas, asambleas, cacerolazos, etc.?
Si bien toda democracia requiere participación política y contempla, por ello, vías institucionales para expresar la voluntad popular, sería iluso afirmar que este sistema político da respuesta a todos los reclamos de manera oportuna y efectiva. Lo que observamos en la actualidad es una sociedad que opta por vías no institucionales, ante la deficiencia y/o carencia de aquellas, para reclamar que las instituciones funcionen de conformidad a la idea general que el Estado está al servicio de la persona humana y no al revés.
La protesta social es tanto una forma legítima de participación política como una muestra de descontento con el orden social vigente, una forma de llamar, con urgencia, la atención pública y de las autoridades sobre las necesidades cuya satisfacción se reclama.
Quienes ejercen este derecho a la protesta social, de profunda raigambre constitucional, no merecen ser considerados, sin mayor análisis del hecho concreto, como delincuentes, enemigos del orden legal. Mucho menos merecen ser tratados con la violencia extrema con que se ha procedido por las fuerzas militares y policiales.
Por ello, quienes operen con esta materia, necesaria pero peligrosa, que llamamos Derecho Penal, deben considerarla siempre un límite al poder estatal y no caer en el juego fácil de criminalizar la protesta no institucional.
No se debe olvidar nunca, como repite el ilustre jurista argentino Raúl Zaffaroni, "la plaza es del pueblo, como el cielo es del cóndor".
Ignacio Barrientos