Cristián Venegas M.

Discos duros, teléfonos celulares, archivos contables y documentales fueron incautados ayer por la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, que de manera simultánea llegaron a los sindicatos de trabajadores 1, 2 y 3 de Chuquicamata y Radomiro Tomic, en Calama; y a la empresa Gestión y Servicios (GyS), con sede en Santiago.

Diligencias que forman parte de la querella por estafa presentada por Codelco contra quienes resulten responsables, del supuesto sobreprecio pagado en las primas de los seguros de vida y accidentes personales, contratados para los trabajadores por los sindicatos de la estatal entre los años 2005 y 2019, con un perjuicio de US$22 millones.

Primeras diligencias

El fiscal Cristián Aliaga, quien desde la semana pasada investiga la causa con dedicación preferente, detalló que la orden ejecutada ayer tuvo por objetivo "incautar documentos, discos duros, aparatos celulares y cualquier otro registro contable o documental que nos permita sumar a la querella que presentó Codelco (…) asistí a los cuatro sindicatos y me entrevisté con integrantes de la dirigencia, y las diligencias se han efectuado con total tranquilidad y normalidad".

Respecto de las próximas acciones y si acogerá la petición de Codelco que en su querella llama a interrogar a 50 dirigentes y exdirigentes sindicales; el funcionario del Ministerio Público dijo, en primer término, que "la investigación recién está comenzando, por lo tanto, no nos hemos planteado qué más se va a hacer ni qué cosas no se van a hacer más".

En segundo lugar, agregó, "efectivamente Codelco, que es el querellante, pidió un sinnúmero de diligencias y por ahora, no es que las hayamos rechazado, pero sí estamos privilegiando algunas declaraciones que son bastante puntuales y, lo otro, el levantamiento de información patrimonial con estas incautaciones".

Plazo investigación

Sobre los tiempos en que podría resolverse el caso, cuya notoriedad ha ido escalando en las últimas semanas, el fiscal explicó que la experiencia indica que las causas por delitos económicos "son de largo aliento, porque requieren muchos peritajes. Eso de manera general, en lo particular no sé cuánto demorará esto porque estamos en la etapa de levantamiento de información".

En relación a las diligencias que pudieran cumplirse en Santiago, específicamente en la intermediaria Gestión y Servicios, la aseguradora Chilena Consolidada o en dependencias de Codelco en Calama, Aliaga precisó que no consideraron a la aseguradora ni a la minera, pero que sí se realizó una incautación en GyS por la Bridec de Santiago y de la Fiscalía Nacional, en paralelo a los sindicatos.

Sindicatos

Terminada la diligencia de la Fiscalía, el sindicato de trabajadores N°1, el más grande de Chuquicamata, emitió una declaración en el que el directorio aseguró que prestó todas las facilidades para cumplir la orden "a fin que este proceso se efectuara con absoluta normalidad y poniendo a disposición todos los antecedentes que nos fueron solicitados. El resultado de este hecho, fue la incautación de teléfonos celulares de los dirigentes, computadores y material de archivo".

Documento en que además cuestionaron la acción judicial impulsada por Codelco, pues a su juicio, "este proceso, originado por la maquinación política y mediática, que busca destruir a los sindicatos para dejarlos sin representación, no nos atemoriza, toda vez, y tal como lo hemos manifestado con anterioridad, que tenemos la certeza de la probidad y la transparencia".

Por su parte, la presidenta del sindicato de trabajadores N°2, Liliana Ugarte, dijo que los funcionarios y dirigentes le dieron todas las facilidades a la PDI en la incautación de sus equipos computacionales, "ya que siempre hemos actuado de acuerdo a la ley, el contrato colectivo y el anexo 9, que regula todo proceso de contratación de seguros, y estando siempre toda la información en conocimiento y para revisión de Codelco, que además debía autorizar".

Buscar la verdad

Consultado el ministro de Minería, Baldo Prokurica, sobre la diligencia cumplida por la Fiscalía en Calama y Santiago, sostuvo que "hay una acusación, presentación de una querella por parte de Codelco, de hecho, extremadamente grave y lo que hay que hacer es que la justicia haga su trabajo".

"He conversado con algunos dirigentes y ellos me han dicho que quieren transparencia total en esta materia y eso es lo que tenemos que buscar, que se sepa la verdad, que se determine si hay responsabilidades y que por supuesto se sancione a los responsables, si los hay, para efectos que esto no vuelva a ocurrir", dijo.

"Fuimos (a los sindicatos) a incautar documentos, discos duros, aparatos celulares y cualquier otro registro contable o documental que nos permita sumar a la querella que presentó Codelco (...) la investigación recién está comenzando".

"Que la justicia haga su trabajo, eso es lo que tenemos que buscar, que se sepa la verdad, que se determine si hay responsabilidades y que por supuesto se sancione a los responsables, si los hay, para efectos que esto no vuelva a ocurrir".

"Vinieron de la PDI a incautar los equipos computacionales y les dimos todas las facilidades, ya que siempre hemos actuado de acuerdo a la ley, el contrato colectivo y el anexo 9, que regula todo proceso de contratación de seguros".

"Que se investigue todo lo que se tiene que investigar, ahora no creo que sean todos los dirigentes los involucrados, a lo mejor hay algunas personas, uno no puede juzgar antes de tiempo y hay que esperar que la investigación termine".

"Es relevante que esta investigación continúe su curso. Es clave que se investigue a todos los actores que podrían estar involucrados en este tema y por supuesto los sindicatos (...) Estamos evaluando una comisión investigadora, no la hemos descartado, porque creemos prudente que se investigue".

5.000 trabajadores se habrían visto afectados a lo largo de los contratos firmados entre los años 2005 y 2019.

$550 millones anuales habrían perdido los trabajadores de las divisiones Chuquicamata y Radomiro Tomic.

Cristián

Aliaga

Fiscal jefe

Baldo

Prokurica

Ministro Minería

Liliana

Ugarte

Presidenta N°2

Marcela

Hernando

Diputada PR

Paulina

Núñez

Diputada RN