La discusión sobre la pertinencia de financiamiento del proyecto presentado por la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), para ampliar el sistema de televigilancia móvil (uso de drones) por un valor de $1.245 millones, terminó por dividir las aguas entre los consejeros de oposición y del oficialismo.

Y es que en la última sesión del Consejo Regional (Core), las diferencias entre las distintas visiones para abordar los problemas de orden público que presenta la región tras el estallido social, quedaron claramente manifiestas.

Tras una tensa discusión el proyecto fue aprobado con los votos de los consejeros Guillermo Guerrero, Katherine San Martín, Alejandra Oliden, Mirta Moreno, Dagoberto Tilleria, Atilio Narváez, Jorge Espíndola y Eslayne Portilla.

Los recursos solicitados irán a la operación del sistema en el periodo 2020-2022. Considera la contratación de los servicios de monitoreo de drones y el pago del personal que labora en la central de control, ubicada en el edificio de la Intendencia. Según lo indicado, el nuevo sistema operaría en las comunas de Antofagasta, Calama y Tocopilla.

Críticas

Una de las observaciones al proyecto por parte de los consejeros de la oposición, apuntan a la premura con que fue presentado a la última sesión del pleno. De hecho, subrayan los cores, no estaba considerado originalmente en la tabla de temas que fue informada tres días antes al Core.

"Para nosotros fue todo muy encima", explica Sandra Berna, integrante de la comisión de Sociedad y Participación Ciudadana que revisó los antecedentes del proyecto.

"Lo tuvimos que ver en la antesala, con poco tiempo para estudiarlo. La exposición fue super clara, pero hay que considerar que el dron invade la vida privada de muchas personas. Por eso yo rechacé la iniciativa porque faltaba tener más información para aprobarlo", indica la exalcaldesa de San Pedro de Atacama.

En la misma sesión, el Consejo Regional aprobó recursos para la compra de dos carros blindados para la Policía de Investigaciones (PDI), por un valor de $745 millones que -indicaron- serán utilizados para combatir el tráfico de drogas y contará con elementos de reacción táctica. Anteriormente, en la sesión del 20 de octubre, el Core también votó el proyecto que remodela una nueva sala de control y monitoreo de televigilancia de Carabineros.

$745 millones serán invertidos en la compra de dos carros brindados que combatirían el tráfico de drogas.

Un llamado a entregar y aportar la mayor cantidad de antecedentes a las víctimas de robos en lugares habitados, efectuó el fiscal jefe de Calama, Cristian Aliaga, quien además compartió algunas reflexiones acerca de este tipo de delito en la ciudad.

Sobre esta modalidad de delito de connotación social, el persecutor dijo, "por regla el robo en lugar habitado es un delito que en nuestra legislación establece penas elevadas, principalmente por la empatía. Hay bienes jurídicos afectados que no son solamente la propiedad, tienes temas relacionados con la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la intimidad y otras. Tratamos, en la medida que tengamos medios de prueba, de investigar este tipo de delitos con las dos policías, privilegiamos en ocasiones a la Brigada de Robos de la PDI, y nos interesa desarrollar líneas de investigación, principalmente cuando hay grupos detrás y dedicados a los robos, descansando también en la búsqueda de medios de prueba que permitan establecer a los partícipes. Estamos hablando de dispositivos de seguridad, cámaras de vigilancia que nos permitan establecer: edad, vehículos, placas patente, colores, personas", dijo el fiscal.

Mucho por hacer

Continuando con su reflexión el jurista agregó que "creo que queda mucho por hacer en ese tipo de delitos. Aun cuando hay otro tipos de delitos que nos afectan: tráfico de drogas, agresiones, amenazas o violencia intrafamiliar que se llevan gran parte de las estadísticas de la Fiscalía, pero los delitos en lugar habitado, aun cuando tengan menos denuncias no son menos importantes, porque generan alarma, y generan frustración, y creo que las policías como nosotros tenemos asignaturas pendientes de cara a obtener toda la información, y en la medida que vayamos, pudiendo, desarticular a los grupos que se dedican a este tipo de robos", agregó el fiscal jefe.

Cristian Aliaga destacó también la prevención, de la cual dijo "es un tema no menor. De hecho cada verano las autoridades efectúan campañas. Y en lo que es nuestra función, y como investigamos a través de las policías, requieren material que permitan establecer esa forma de comisión de delito. No es endosar la obligación a las víctimas, pero sí en la medida que tengamos medios de prueba daremos con los autores".

Mercado negro

Aliaga apuntó además a la cultura del uso del mercado negro, ferias de las pulgas o de lo que él llama "mercado de bienes robados", como un factor que incide por ejemplo en otro tipo de delitos como "lo son la receptación, el cual es la segunda etapa de un delito que se puede configurar ante la complejidad procesal de imputar un robo en lugar habitado. El no promover la adquisición de estos bienes en estos puntos, o en redes sociales. Debemos no alentar su uso o normalizar que sean estos, como las ferias de las pulgas el que se inste a comprar artículos de origen espurio. Eso debemos regularlo y trabajar junto a las policías por regular o bien que estas actúen in situ para vincular su venta a artículos robados. Es importante que la comunidad sepa que al comprar cualquiera de estos artículos se expone a la imputación del delito de receptación. Por eso es recomendable no promover ni tampoco comprar artículos de esa categoría, sobre todo cuando no se sabe su origen", advirtió.