Un trabajo de vigilancia mantiene la Seremi de Salud en distintas comunas de la región con el objetivo de evitar la aparición y propagación de los mosquitos de interés sanitarios como el Anopheles y Aedes Aegypti, agentes transmisores de enfermedades graves como la malaria -en el caso del Anopheles- y el dengue, zica, fiebre amarilla y chikungunya en cuanto al Aedes Aegypti.

Así lo precisó la seremi de Salud, Rossana Díaz Corro, al ser consultada en torno a los dos casos de personas de nacionalidad boliviana que fueron confirmadas con malaria, en la vecina región de Tarapacá, zona en que también fue hallado el agente transmisor de la patología, el mosquito Anopheles.

La autoridad explicó en primer término que la Malaria como el resto de las patologías antes nombradas no se trasmiten de persona a persona, sino a través de los mosquitos.

En Chile continental estos mosquitos efectivamente han sido detectados tanto en Arica - Parinacota como en Tarapacá, no obstante, y hasta el momento éstos no tienen el virus que provoca las enfermedades, es decir hasta ahora están sanos, lo que implica que los casos de personas con malaria como de dengue que han aparecido en Iquique son estrictamente importados.

La autoridad detalló que en la Región de Antofagasta, la Seremi de Salud tiene 184 trampas ubicadas desde la capital regional hasta Tocopilla.

En ese ámbito, subrayó que a la fecha no se ha detectado en la región la presencia del mosquito Aedes Aegypti, pero sí la existencia de especies nuevas como el Aedes Sallumae, la que si bien no tiene importancia desde el punto de vista de la Salud Pública, demuestra que la zona no está libre del ingreso de vectores nuevos.

Redacción

En el 29° Juzgado Civil de Santiago se realizó una segunda audiencia de exhibición de documentos, en el marco de la medida prejudicial presentada por Codelco para recabar mayores antecedentes de cara a la presentación de una demanda civil contra Chilena Consolidada, por el caso de la presunta estafa en la administración de seguros de vida de trabajadores de Chuquicamata y Radomiro Tomic.

Informe

La diligencia había sido solicitada por la estatal luego que en enero pasado, la aseguradora se negara a exhibir documentación que Codelco considera clave dentro de este proceso, como es el informe de investigación interna que realizó la firma a raíz de este caso.

Cercanos a la investigación informaron que en esta nueva audiencia, Chilena Consolidada nuevamente se negó a entregar el informe, aduciendo que éste no existiría.

Sin embargo el tribunal manifestó su convicción de la existencia de este informe y en ese sentido aplicó como medida, la prohibición para Chilena Consolidada de utilizar este documento a su favor en un futuro litigio.

Adicionalmente, el tribunal dejó establecido en su resolución la existencia de una investigación penal en la cual se podrá recabar otros antecedentes, como los no exhibidos en autos, contando el persecutor público con mejores herramientas para ello.

La medida prejudicial presentada por Codelco, la estatal pedía los contratos entre Chilena Consolidada -GyS y Servisalud, las actas y sesiones de directorio de la aseguradora, y el informe final y las conclusiones de la investigación interna desarrollada por la demandada.

Solicitud

Es en este último punto en el que Codelco enfoca su reclamo, ya que en la primera audiencia sólo se habría entregado una presentación y no el informe completo que solicita la estatal, situación tampoco tuvo humo blanco ayer en la nueva audiencia realizada en el 29° Juzgado Civil de Santiago.

Recordar que Codelco pidió ante tribunales que la compañía aseguradora revelara todas las actas de directorio en que se trató el tema de los seguros, ya que con esto se podrían conocer detalles de la participación de la firma en los hechos, así como también, develar si existe responsabilidad de alguno de los miembros del directorio.

Este caso ha provocado un fuerte remezón en la aseguradora la que ya removió de sus cargos a dos importantes ejecutivos y no se descarta una completa renovación.

Codelco estimó en US$ 22 millones el monto de la supuesta estafa que se habría cometido entre los años 2007 y 2018.