La Brigada de Delitos Medioambientales de la PDI de Antofagasta está investigando las causas de la caída a la bahía de Mejillones de seis toneladas de carbón.

Según información entregada por la PDI, la sustancia fue vertida por uno de los trabajadores del terminal TGN. "En un determinado momento de la descarga con la draga, cuya capacidad es de unas 20 toneladas, ésta se suelta dejando caer al mar alrededor de seis toneladas", informó la policía.

Las primeras diligencias indican que el hecho se habría registrado producto de una mala maniobra, que habría dejado caer el carbón utilizado como combustible para la generación de electricidad en las plantas termoeléctricas.

Los detectives están determinando los daños que pudo haber producido este derrame de material sobre la flora y la fauna marina local, además de llevar a cabo diligencias propias de la investigación. Igualmente se informó que no se registraron personas lesionadas en el incidente.

Municipio

Consultados al respecto, desde el Municipio de Mejillones indicaron que tras el accidente, la Unidad de Medio Ambiente municipal en conjunto con Sernapesca se trasladaron al lugar.

"Respecto a esto, el municipio se encuentra recabando la información necesaria para realizar la denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y autoridades competentes, como Didema y Armada de Chile, quienes deberán fiscalizar y resolver los procesos tanto de sanción como mitigación, dado que el municipio por ley tiene la facultad sólo de canalizar las denuncias de carácter ambiental en la comuna de Mejillones", indicaron desde la casa consistorial.

Redacción

El antepenúltimo lugar logrado por el Gobierno Regional de Antofagasta en el ranking nacional de ejecución presupuestaria despertó las críticas que apuntan a la calidad y cantidad de proyectos de inversión en condiciones de financiarse por parte del Consejo Regional.

Y es que la escasez de iniciativas de alto impacto y que tengan recomendación técnica favorable, es una de las preocupaciones que comparten gran parte de los actores políticos involucrados.

"Es cierto. Tenemos una sequía en la cartera de proyectos. Es algo que nos preocupa y estamos trabajando con las unidades técnicas para mejorar la formulación", afirmó Nicolás Sepúlveda, administrador regional.

La preocupación, afirman consejeros regionales, se fundamenta en los registros del Banco Integrado de Proyectos (BID)- que ordena la inversión de obra pública en la región - el que indicó que durante el 2019 solo siete iniciativas nuevas obtuvieron la recomendación técnica favorable en cinco comunas de la región.

Para Dagoberto Tillería, integrante de la comisión de Sociedad Civil del Core, la falta de iniciativas financiables afectan principalmente a las comunas más pequeñas las que carecen de equipos técnicos para la formulación de proyectos.

"Hay unidades técnicas que no tienen cómo desarrollar proyectos. Por ejemplo la Municipalidad de San Pedro de Atacama hace gestiones con la comunidad para financiar sus iniciativas y casi no ocupa los recursos del FNDR. En cambio, hay otras municipalidades, como Taltal, que se ven muy complicadas para sacar adelante sus proyectos porque no cuenta con los equipos para elaborar proyectos de gran magnitud", afirmó Tillería.

Tipo de inversiones

Para Sandra Pastenes, presidenta de la comisión de obras públicas del Core, la escasez de iniciativas que impliquen la ejecución de obras intensivas en mano de obra se vio reflejada en el último ejercicio presupuestario donde el subtítulo que agrupa a las iniciativas de inversión disminuyó en un 25% respecto al año 2018.

"Los proyectos que financian obras se agrupan en el título 31, según el informe Core, el 2019 se financiaron 32 mil millones en contraste con el 2018 donde fueron casi 43 mil. Es decir, tenemos 10 mil millones menos de inversión en obras. Y si consideramos el aumento en el subtítulo 33, tenemos que los recursos se están transfiriendo a programas y proyectos de menor impacto social", sostiene.

De acuerdo al informe final de ejecución presupuestaria de la Subdere, durante diciembre del 2019, el Gobierno Regional de Antofagasta realizó transferencias de capital a los municipios para obras de educación, al área de fomento productivo y al sector privado por $17.459 millones. En tanto, las adquisiciones de vehículos llegaron a los $3.868 millones.

Ricardo Díaz, presidente de la comisión Salud, sostiene que para mejorar la calidad de la inversión pública y resguardar la eficiencia del gasto, el consejo regional está trabajando en la creación de una oficina de apoyo técnico .

La iniciativa ya fue planteada por la división de Planificación a la comisión de gestión del Core, la que observó algunos aspectos de la composición de la futura corporación.

"Nos interesa que tenga representación de los municipios. Ojalá la creación se pueda lograr en marzo. No hay una buena cartera de proyectos y en ese estado es posible que de nuevo no podamos completar el 100% de ejecución. Necesitamos una oficina que diseñe y que esté al servicio de los municipios. Debemos dotarlos de mejor capacidad técnica", afirmó.

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó al Hospital Militar del Norte a indemnizar a los hijos de un paciente que murió, en agosto de 2014, por falta de servicio del establecimiento por el retardo inexcusable, entre otros factores, en el traslado del hombre a un recinto que contara con una Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI), como demandaban las complicaciones derivadas de una negligente intervención a la próstata.

En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Ángela Vivanco, Juan Manuel Muñoz Pardo y el abogado integrante Álvaro Quintanilla- confirmó que el hospital debe pagar las sumas de $6.154.890 por concepto de daño emergente, y $30 millones por concepto de daño moral, a cada uno de los cinco demandantes.