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Baja de consumo y pagos ponen en riesgo el suministro de electricidad y de agua potable en San Pedro

EMERGENCIA. Los ingresos bajaron cerca de 50% en el mes de marzo, dificultando la continuidad operacional de las plantas, que podrían racionar estos servicios.
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Cristián Venegas M.

La paralización de la actividad turística de San Pedro de Atacama por efecto del COVID-19, afecta también a la Cooperativa de Electricidad (Cespa) y al Comité de Agua Potable Rural (Capra), que realizan gestiones para no verse en la obligación de racionar sus servicios. Esto, debido a la baja que ha experimentado el consumo y el pago de las cuentas, que en marzo se tradujo en 50% de menores ingresos para las organizaciones.

La concejal Marcela Ramos, quien integra el directorio de Cespa, explica que "en febrero el ingreso fue de $206 millones y en marzo bajó a $90 millones, mientras que los costos de generación son de $180 millones". Descenso de recursos que no podrán solventar más allá de uno o dos meses e incluso ya se piensa en racionalizar el suministro, pasando de 24 a 8 horas de electricidad.

2 mil usuarios

La presidenta de la Cooperativa, Roxana Bruna, en tanto, detalla que en San Pedro y Toconao tienen alrededor de 2 mil usuarios, y que sus costos son altos, pues sus generadores funcionan con petróleo y gas natural. Es por eso que han solicitado ayuda a la empresa privada, comunidades indígenas y al gobierno regional, sin tener respuesta hasta ahora.

"No podemos dejar a nuestra gente sin suministro, sobre todo ahora que estamos en esta emergencia, en cuarentena, con todo el mundo en sus casas, porque cortar la luz sería aumentar su estrés y se verían sobrepasados. Por eso necesitamos juntar las platas para seguir operando, además este mes esperamos que baje más, a $40 millones", dijo la dirigente, quien recalcó que junto con el combustible, tienen gastos en mantención y sueldos.

Piden convenios

Una situación similar atraviesa Capra con una baja del 50% de sus ingresos, según explica su tesorera Karen Luza, quien detalla que el Comité abastece de agua potable a San Pedro, Socaire, Cámar, Río Grande, Machuca, Guatín y Toconao; y que también tiene un costo de operación de $180 millones que se destinan a combustible, hipoclorito, repuestos y sueldos.

"Desde el 24 de marzo hemos solicitado subvenciones a la municipalidad, intendencia, Dirección de Obras Hidráulicas y el Consejo de Pueblos Atacameños. Han acusado recibo, pero no nos han dado una respuesta y nuestro único fin es mantener el suministro, porque este Comité no tiene fines de lucro", sostiene Luza, quien precisó que tienen 2.500 conexiones y arranques de agua.

En este mismo sentido, la tesorera aseguró estar extrañada que "los hoteles grandes sean los que más convenios, repactaciones, nos han pedido, mientras que la gente más humilde de los pueblos es la que está pagando. Nos piden dividir la cuenta, incluso, de febrero en que no teníamos COVID-19 todavía y es precisamente la gente que más dinero ha ganado con San Pedro, lo que considero inconcebible".

Respecto de la solicitud de ayuda de Capra, el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, Sergio Cubillos, dijo que "requiere un análisis por parte de la asamblea", así como el estudio de algunos datos comparativos para "avanzar en una futura ayuda".

Trabajan en el recalculo del subsidio

Respecto de la situación que atraviesa la Cooperativa Eléctrica de San Pedro de Atacama (Cespa), el seremi de Energía, Aldo Erazo, informó que la entidad, solicitó apoyo al Gobierno Regional producto de la crisis sanitaria por la propagación del COVID-19. "En este sentido el Ministerio de Energía junto al Gobierno Regional, nos encontramos trabajando en el recalculo para entregar un subsidio, a fin de evitar efectos que pudieran tener un impacto en la comunidad", detalló.

8 horas diarias podría acotarse el suministro de electricidad en San Pedro de Atacama, por la baja de los pagos.

Ministro estima en 25 mil los desmovilizados de la gran minería

BALDO PROKURICA. Mayoría trabajaba en la construcción de nuevos proyectos.
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El ministro de Minería, Baldo Prokurica, estimó en 25 mil los trabajadores de la gran minería del cobre desmovilizados, producto de los planes de contingencia que han adoptado las empresas del sector, con el fin de evitar la propagación del COVID-19 en sus operaciones y durante sus traslados entre regiones.

Trabajadores que, en su gran mayoría, se desempeñaban en la construcción de proyectos de desarrollo minero, como el caso del Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea y Sulfolix Fase II de Minera El Abra. De hecho, el secretario de Estado dijo que la región con más personal fuera de faena es Antofagasta, con 9.315 personas, seguida de Tarapacá (8.316), y Atacama (2.388).

Porcentaje es bajo

"Las empresas de la industria minera, para cuidar la salud y la vida de sus trabajadores, han tomado medidas extraordinariamente rígidas, y gracias a eso el porcentaje de trabajadores de la minería que se ha infectado con el coronavirus es uno de los más bajos", destacó el ministro sobre la baja incidencia de la enfermedad.

El ex senador por Atacama, dijo además que sectores productivos como el minero, necesita medidas generales, como las recomendadas por el Ministerio de Salud, sino que además algunas especiales, pues es "una actividad que tiene condiciones distintas, estamos hablando de trabajos por turnos, que se realizan en lugares alejados de los centros poblacionales, de gente que viaja mucho de una región a otra".

"Entonces, agregó Prokurica, hemos hecho una especie de lineamiento que las medidas han tomado muy en serio, además de las medidas que han implementado en cada una d las faenas, para cuidar la vida y la salud de sus trabajadores y para permitir que hoy haya continuidad en la minería".

En este sentido, la autoridad valoró que la gran mayoría de los proyectos siga trabajando con dotaciones mínimas y con trabajadores que pertenecen a las regiones donde están emplazadas las faenas. "Por eso el golpe más duro es en los proyectos que se están construyendo", dijo el ministro.

9.315 trabajadores están desmovilizados solo en la región de Antofagasta, según el secretario de Estado.