Hemos denunciado ante la justicia a la empresa Corona Test luego de detectar que infringió la Ley del Consumidor al comercializar por internet un test rápido para detectar el Coronavirus, entre ellas, publicidad engañosa y faltas al deber de comprobabilidad.

Esta decisión la adoptamos luego de realizar una investigación a 11 empresas que comercializan este tipo de productos por internet, detectando, en el caso de la empresa Corona Test, publicidad engañosa, falta de información veraz y oportuna y falta al deber de comprobabilidad.

En la publicidad esta empresa utiliza frases como "previene contagios ante el coronavirus en tu viaje", lo que es falso, pues el test no previene contagios, lo que induce a engaño a los consumidores.

Asimismo, esta empresa afirma que los test son "avalados por ISP" lo que es derechamente falso; esta institución no avala empresas o productos. Tras la denuncia del SERNAC, la empresa Corona Test arriesga a multas que suman las 3.300 UTM, esto es, cerca de 166 millones de pesos.

Es inaceptable que las empresas se aprovechen del miedo y de la ansiedad de los consumidores provocada por el coronavirus para publicitar y comercializar productos que no cumplen con los fines indicados y sólo busquen lucrar a costa de las personas. En paralelo a la denuncia ante la justicia, hemos remitido los antecedentes al Ministerio Público para que, en el marco de sus atribuciones, investigue un eventual delito de estafa.

Además, actualmente estamos analizando los antecedentes relacionados con las otras 10 empresas fiscalizadas, y en caso de detectar incumplimientos, el Servicio interpondrá las denuncias ante la justicia, tal como lo hizo con el proveedor Corona Test.

Asimismo, estamos trabajando en conjunto con la Fundación Epistemonikos, quienes aportan la base técnica para la comprobabilidad de las promesas, así como se está avanzando en establecer los elementos que los consumidores deben tomar en cuenta al momento de adquirir este tipo de productos.

Hay que recordar que este tipo de test son considerados implementos médicos, por lo que no requieren certificación. Conforme a lo indicado por el Instituto de Salud Pública (ISP), sólo se considera como referencia la certificación otorgada de países como Estados Unidos, Japón, China o la Comunidad Europea.

El SERNAC ha estado en contacto con las distintas agencias de protección de los consumidores del mundo con el fin de detectar prácticas fraudulentas en relación a la pandemia que pudiera repetirse en nuestro país.

Si un consumidor detecta este tipo de prácticas, puede alertar al SERNAC a través de alertas ciudadanas en www.sernac.cl o llamando al call center 700 800 100.

Marcelo Miranda,

Director regional de Sernac

El gobierno anunció ayer un plan de cinco etapas hacia el desconfinamiento, el cual busca reabrir las ciudades de manera segura y permitir que las personas, paulatinamente, comiencen a regresar a sus trabajos y estudios, luego de meses de restricciones y cuarentenas.

El plan -se ha dicho- no tiene plazos preestablecidos y considera la posibilidad de retrocesos si las condiciones sanitarias de un territorio o comuna empeoran debido al relajo de ciertas medidas.

La elaboración de este protocolo permitirá una evaluación más seria y objetiva de las realidades de cada zona, lo que debe valorarse, pues será más fácil conocer el punto en que se encuentra una ciudad en el largo camino hacia la "normalización".

Pero no hay que perder de vista que se tratará de un proceso lento y donde se deberá ser extremadamente precavido, pues el exceso de confianza puede jugar en contra. En Europa, Asia y Norteamérica son varias las ciudades que han debido reinstalar rápidamente las cuarentenas por bruscos rebrotes de coronavirus, lo que demuestra lo delgada que es la línea entre una política de reapertura buena y segura, y un paso en falso en el esfuerzo por comenzar a recuperar los espacios secuestrados por el virus.

La Región de Antofagasta tiene además una condición particular que debe considerarse. La zona parece estar en una etapa retrasada del desarrollo de la pandemia, y así mientras en Chile muchos indicadores mejoran, acá se mantienen elevados. A saber, la tasa de positividad regional es de 33% (uno de cada tres test PCR da positivo) y la ocupación de camas críticas en la red llega al 94%. Antofagasta es, además, la comuna del país que tiene la mayor cantidad de casos covid activos y Calama también se ubica dentro de las diez en este mismo indicador.

Así no queda más que entender que la desescalada tomará tiempo. El plan anunciado por el gobierno es un avance, porque aclara la senda que se debe recorrer, pero debe llevarse adelante con total prudencia. En esta pandemia ha quedado claro que no existen atajos y que los errores no solo implican pérdidas económicas, también vidas.

La cruda realidad del Sistema de Pensiones chileno, demuestra la necesidad urgente de implementar un sistema de seguridad social, así la privatización del sistema de pensiones que hoy tiene repercusiones en los mercados financieros o de capitales generando un panorama mucho más complejo para una opción legítima, como puede ser la utilización de parte de los recursos ahí invertidos.

Es esperable que el proyecto contemple el hecho de que el retiro no se considere renta, dado que se podría ver afectado por la tasa impositiva. Ante esta realidad una medida inicial que puede servir para evitar el retiro de una parte de estos fondos, es permitir el retiro del APV evitando el pago de impuestos por estos retiros. Existe más de un millón cien mil cuentas de APV que se pueden tener bajo el régimen tributario A o bajo el régimen tributario B, bajo régimen tributario A, el Estado bonifica cerca de un 15% del ahorro anual y bajo el régimen B no se paga el impuesto por esa renta. Para el primer tipo el Estado puede autorizar el retiro tanto del ahorro propio como de la bonificación, mientras que para el régimen B se puede evitar el pago de impuestos. Esto al mismo tiempo puede ayudar a reactivar la economía, cuando entremos en la fase de apertura.

En el discurso hemos escuchado la desafortunada frase de que el retiro de fondos es pan para hoy y hambre para mañana, pero de qué futuro podemos hablar cuando las personas no tienen que comer hoy, de qué futuro podemos hablar cuando pueden perder su casa hoy, de qué futuro podemos hablar cuando ya no se tiene capital para sostener el negocios que le ha costado toda una vida construir o cuando se puede perder activos que le permiten obtener un sustento, el futuro en sus decisiones es lo menos relevante, de hecho no hay futuro sin un presente, ese futuro es irrelevante, y eso es una opción racional. Esto mismo se observa a nivel empresarial, cuando las empresas enfrentan un panorama incierto, el presente se hace más importante que el futuro, es habitual observar mayores retiros de utilidades cuando hay incertidumbre, además el efectivo en momentos en que el valor de los activos puede caer se transforma en prioridad, incluso para generar buenas oportunidades de inversión y/o comprar o adquirir activos a un valor más bajo.

El tema de fondo hoy es probablemente ideológico, entre mantener el actual sistema o definitivamente transitar hacia un modelo público que se oriente de manera diferente, el sistema de gestión de cartera tiene varias virtudes, pero al momento de jubilar los fondos deberían volver al Estado y evitar la participación tanto de las AFP cómo de la Compañías de Seguros, dado que presión social sobre el problema de las bajas pensiones es hacia el Estado y no hacia estas empresas. Este nuevo sistema debería contemplar los aspectos positivos del actual sistema, pero con cambios sustanciales.

En el futuro tendremos tiempo para paliar las repercusiones negativas que esta decisión puede generar, como, por ejemplo, aumentar las tasas de cotización o la edad de jubilación, incluso hay tiempo para modificar el sistema, hacerlo más competitivo y solidario, crear un verdadero sistema de protección social, en que el Estado tenga un rol más preponderante. El mayor riesgo o problema es que esta solución se transforme en un evento repetitivo derrumbando cualquier sistema de pensiones que se intente implementar.