Pablo Orellana G.

Tras cuatro meses de crisis sanitaria, y un período de confinamiento obligatorio en Calama, se han comenzado a detectar por parte de las autoridades fiscalizadoras, casos de transgresión a la cuarentena. Así también la indisposición de la comunidad a colaborar con controles y el respeto a quedarse en el hogar.

Estas conductas no pasan desapercibidas para profesionales quienes entregaron algunas miradas a lo que está ocurriendo en la ciudad debido a este confinamiento.

Para el sociólogo David Figueroa, el desapego a la normativa restrictiva en esta cuarentena, "pasa porque en nuestro país y en Calama puntualmente el modelo neoliberalista genera hábitos como el del consumo. Las personas en Calama no cuentan con espacios de entretención fuera del retail o de tiendas comerciales. Entonces se genera una frustración que lleva a transgredir la medida debido a que se coarta esa posibilidad".

La consultora y psicóloga Nadia Villalobos "hay factores que impulsan ansiedades, temores y de forma muy patente inseguridades. Pero una variable también muy relacionada a estos incumplimientos puede asociarse a la carencia de legitimidad de las autoridades, y por ende la comunidad no ve en ellas una confianza necesaria y que podría generar el incumplimiento del confinamiento y también la necesidad de salir y arriesgarse, y que podría estar muy ligada por ejemplo al estallido social, donde ya había desconfianza con la institucionalidad".

Consultas

"De seguro habrá un aumento en las enfermedades mentales asociadas a la ansiedad, a trastornos de claustrofobia y de angustia ante los efectos de esta pandemia, sobre todo de aquellos que acostumbraban a salir y a tener dinámicas sociales muy presentes en su diario vivir", agregó Figueroa.

"A mi parecer sí habrá un aumento de consultas relacionadas al confinamiento, o a exceso de su aplicación, puesto que hay personas que han visto afectadas sus libertades y también podrían haber agudizado algunos cuadros clínicos previos. También creo que la mayoría de quienes puedan infringir la normativa pueden ser personas con casos de consumos problemáticos", agregó la psicóloga.

David Figueroa complementa acerca de las infracciones a cuarentenas y toque de queda en que "el actual modelo económico y de vida de las personas, en especial de los calameños, está muy arraigado. Entonces llegar y prohibir por ejemplo el satisfacer este tipo de necesidades deriva en que se transgreda la medida sanitaria, aún cuando no sea necesariamente con el afán de salir a un mall".

"Hay un temor en muchas personas al contagio, a verse imposibilitadas de llevar una vida normal. A algunos les cuesta más que a otros el poder acostumbrarse a esta realidad en pandemia. Hay quienes por ejemplo creen también que sus fuentes laborales también serán afectadas producto de la crisis sanitaria y ello también conjuga un estrés emocional y generará impactos en sus emociones. M consejo es que se atrevan y hagan sus consultas con especialistas, que compartan estas inquietudes, sobre todo porque van a requerir apoyo y también orientación. Ojalá lo hagan con especialista", dijo Villalobos.

La Fiscalía de Calama informó que en relación al caso de Gabriela Contreras Uribe, fallecida el 23 de julio del año pasado, se encuentra próximo al cierre de la investigación. Sobre esto el fiscal Víctor Ravello, dijo que "una vez que Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) me entregue algunos peritajes pendientes como sanguíneos y ADN, junto a otras diligencias, estaría en condiciones de cerrar la investigación. Es probable que esto suceda el 30 de julio de este año. Como se trata de una investigación en contexto de femicidio, es un caso complejo que estamos en proceso de acreditación", dijo el persecutor.

Aún cuando se pretende que el cierre de esta investigación suceda la próxima semana, grupos feministas de Calama han manifestado que "la investigación por la muerte de la joven ha demorado mucho y que en vista de los hechos ocurridos el Ministerio Público ha tardado en demasía en cerrar la investigación. Entendemos que tras ello vino un período complejo debido al estallido social, y donde Carabineros debió atender una serie de procedimientos que aún están siendo investigados, pero debido a la gravedad del hecho que terminó con la vida de la joven, esperábamos más celeridad en este proceso", declararon.

Agregaron que "esta investigación podría extenderse y con ello retrasar la justicia que esperamos para Gabriela y sus familiares. No se trata de un hecho aislado, es una situación compleja y que viven cientos de mujeres en todo el país, el cual y que se ha instalado por el gran número de víctimas que han padecido la violencia de género. Valoramos lo informado por el Ministerio Público, y ojalá estos plazos se cumplan", agregaron.

Actualmente el imputado por el homicidio de Gabriela Contreras Uribe se encuentra en prisión preventiva, y según trascendió sin beneficios carcelarios, y mientras dure esta investigación por femicidio y que el año pasado consternó a la comunidad loína, la que repudió el hecho y espera se castigue al culpable.