Durante meses la red de salud del país y la región ha estado casi completamente volcada a dar la mejor respuesta posible a las tremendas exigencias de la actual pandemia, lo que se tradujo en ampliación de camas críticas, reconversión de unidades, capacitación y contratación de personal y, por supuesto, focalización de los esfuerzos clínicos en el tratamiento de las miles de personas que requerirían atención urgente.

Este foco ha permitido que escenas dramáticas como las observadas en hospitales de Europa en los primeros meses de este año, con pacientes hospitalizados en ambulancias y personal médico enfrentado al dilema de la "última cama", no se hayan repetido en Chile, lo que debe ser reconocido y, por supuesto, agradecido.

Sin embargo, este esfuerzo ha tenido consecuencias que han comenzado a salir a la luz y que deben también dimensionarse. La semana pasada, el Ministerio de Salud informó al Congreso el estado de las listas de espera GES (Garantías Explícitas de Salud) y no GES. Y tal como se esperaba, el impacto de la emergencia se vio reflejado en los datos. Así, las listas de espera por consultas de especialidad aumentaron 15% el último trimestre, y los pacientes que aguardan por una cirugía crecieron 9%.

La situación en la Región de Antofagasta es incluso peor. La red asistencial local, tremendamente estresada debido a la pandemia, registra a la fecha 53.742 atenciones y 8.337 cirugías no GES retrasadas, a lo que hay que sumar 651 atenciones GES (tratamientos y cirugías) pendientes.

El problema es grave y así lo han hecho ver distintos actores. Atenciones oncológicas, traumatológicas, cardíacas, oftalmológicas, siquiátricas, enfermedades crónicas de riesgo y muchas otras patologías, están postergadas y muchas sin fecha de realización.

Es cierto que la pandemia no ha pasado y el sistema de salud sigue bajo una gran exigencia, pero se hace necesario desde ya considerar también esta otra realidad. La postergación de tratamientos y cirugías está afectando las posibilidades reales de recuperación de miles de personas y aquello no puede quedar sin una respuesta por más tiempo.

Cáncer es una de las palabras que ninguna persona, no importando edad, nacionalidad, color o religión quisiera escuchar en su vida. Es una de las principales causas de mortalidad y discapacidad en el planeta. La primera causa, en países desarrollados, y la segunda en regiones menos desarrolladas.

Estudios recientes difundidos por el Ministerio de Salud, estimaron que en el año 2018 hubo más de 53 mil pacientes diagnosticados con cáncer en Chile, y 28 mil fallecidos a causa de éste. En la región de Antofagasta el 70% de los casos se han detectado en etapa III o IV, es decir, tardíamente, y lejos de disminuir los pacientes aumentaron un 16% respecto al periodo anterior, razón por la cual en Calama -por ejemplo- el cáncer es la primera causa de muerte, y por la cual trabajé con mayor ahínco en la Comisión de Salud.

Una cifra que se agrava si consideramos el escaso número de especialistas, la falta de infraestructura y la lejanía de los centros de atención para los pacientes que viven en zonas extremas. Una realidad que tenderá a revertirse gracias a los cambios que aprobamos recientemente en el Congreso.

Hace una semana despachamos la Ley Nacional del Cáncer después de ocho años de tramitación, que recogió las recomendaciones de distintos expertos científicos y autoridades, que nos permitió dar luz verde a un anhelo que esperaban miles de pacientes y sus familias: un marco normativo para implementar los tratamientos conforme a lo establecido en el Plan Nacional del Cáncer, incluyendo cuidados paliativos.

La nueva ley consta de cinco puntos relevantes: Crea el Fondo Nacional del Cáncer, una Red Oncológica Nacional, un Registro Nacional de pacientes y una Comisión Nacional del Cáncer, además de considerar una política de formación de especialistas, que era una de las deudas pendientes.

Además, se dispondrán de más recursos para infraestructura, investigación y especialistas, La Red Oncológica, a su vez, se traducirá en un aporte a los centros especializados públicos y privados que ya existen, como el Instituto Nacional del Cáncer o la Fundación Arturo López Pérez-, sumándose nuevos recintos de alta, mediana o baja complejidad, que pueden ser anexados a los hospitales en los que están en construcción.

Asimismo, podrá darse cobertura a aquellas patologías que no tenían cobertura ni en el Auge/GES, o en la Ley "Ricarte Soto", objetivos que finalmente alcanzamos.

Como parlamentario de la región, es de enorme satisfacción haber participado desde la Comisión de Salud en la discusión de esta iniciativa, donde logramos avanzar en darle calidad de vida a los pacientes y las familias que sufren de esta enfermedad.

Esperamos que la ley se promulgue lo antes posible, porque la salud de los chilenos es una prioridad y no puede seguir esperando. El gran paso que hemos dado nos permitirá seguir fortaleciendo la salud pública de nuestro país, desde un marco regulatorio que no distingue partidos ni gobiernos, sino que pacientes que con urgencia necesitan ganar la lucha contra el cáncer.

José Miguel Castro

Diputado de la República

El jueves la PDI confirmaba el hallazgo del cuerpo de Ámbar Cornejo, adolescente de 16 años que estaba desaparecida desde el miércoles 29 de julio en la comuna de Villa Alemana, Región de Valparaíso. El cuerpo fue encontrado al interior de la vivienda de Hugo Bustamante, pareja de la madre de la menor, y quienes horas antes habían sido detenidos por su presunta responsabilidad en la desaparición de la niña.

A Ámbar se le perdió el rastro luego de buscar a la casa de su madre la pensión de alimentos enviada por su padre. La niña, marcada por una mala relación con su progenitora, vivía junto a una ex pareja de ella y la hija de éste, a la que ella llamaba cariñosamente "tía", luego que su madre la dejara sola en un departamento para comenzar a vivir con su actual conviviente.

En este caso marcado por una indefensión extrema y vulnerabilidad de una menor, había un factor cruento y que hacía más desesperante la búsqueda de Ámbar. Hugo Bustamante fue condenado por un doble homicidio tras degollar a su ex pareja y luego estrangular al hijo de ella, ocultando ambos cuerpos al interior de un tambor metálico con cal, agua y yeso, en 2005.

Por dichos crímenes, fue condenado a 15 y 12 años de presidio por homicidio simple. 27 años en total debía cumplir tras las rejas, con lo que permanecería hasta 2032 en prisión. Sin embargo, en 2016 la justicia lo premió por "buena conducta" y sólo cumplió alrededor de 11 años de cárcel tras recibir el beneficio de libertad condicional.

Debido a lo impactante del caso, Mea Culpa realizó un capítulo contando el terrible hecho, donde Carlos Pinto le preguntaba a Bustamante sobre la probabilidad de ejecutar un crimen de las mismas características que en 2005, quien afirmó que no lo sabía y que podía cometer otro asesinato si es que "explotaba" porque eso le demostraba "que no se conocía realmente".

Perdona Ámbar por todo, por dejarte sola e indefensa, por condicionar tu existencia a la libertad de alguien que nunca debió salir de la cárcel. Perdona al Estado poco robusto que te vulneró y a la justicia por no escucharte cuando pedías ayuda. Perdona a las leyes que no cuidan a nuestras niños y niñas, creando un verdadero infierno infantil. Perdónanos por nuestra visión tan miope de la realidad y por no haberte entregado herramientas concretas para resguardarte

Once años le valieron a la justicia la muerte de un asesino de mujeres y niños, dejándonos a nosotros, los espectadores y testigos de tu caso, con ira y rabia al no comprender las decisiones de quienes deberían protegernos. Hoy es un día gris, te perdimos y tu muerte es irreparable. Nos quitaron a una compañera más.