Esta semana se está celebrando la semana de la Educación Técnico Profesional (TP). Este hito hace que en variados puntos del país y en una multiplicidad de formas, los principales actores del sistema den cuenta del trabajo realizado, de los avances en la formación e inserción de los estudiantes, de sus logros y principales desafíos.

Este año es especial, no solo por los acontecimientos que nos tienen hoy viviendo, trabajando y estudiando a distancia y confinados, sino porque esta celebración se hace a la luz de importantes hitos que buscan potenciar la Educación TP en todos sus niveles.

Desde la Educación Superior, podemos comentar un par de hechos relevantes que apuntan precisamente en esa dirección. Una nueva institucionalidad dada por la Ley 21.091 de 2018, que entre sus principales lineamientos establece una provisión mixta y la creación de 2 subsistemas: el universitario y el técnico profesional con lo que queda establecida desde la ley, la relevancia de este segmento de la Educación Terciaria. Junto a ello, la creación de una robusta estructura de gestión: una Subsecretaría de Educación Superior que cumplió su primer año de funcionamiento este mes, encargada de elaborar, coordinar, ejecutar y evaluar políticas y programas para el desarrollo TP, apoyada en una División TP de alcance específico. Todo lo anterior amparado en una Estrategia Nacional de formación Técnico Profesional para el período 2018-2030 que define prioridades para el fortalecimiento del sector y entrega una mirada moderna de como debe desarrollarse la formación TP donde la pertinencia, la calidad y la articulación son elementos angulares.

En este contexto, otro hecho relevante para celebrar la Educación TP este año, es la instalación en la ciudad del Centro de Formación Técnica Estatal de Calama, Región de Antofagasta, como parte de una política pública, la Ley 20.910, que estableció la instalación de 15 de estos Centros en las distintas regiones del país con la finalidad de aumentar la oferta de formación superior.

Desde marzo de este año se están impartiendo clases en las primeras carreras que pasan a formar parte de las posibilidades con que cuentan hoy, todos quienes deseen dar un salto importante en sus vidas y en su desarrollo profesional a través de la educación superior. Instalado con el ánimo de contribuir a que muchas personas puedan acceder a educación de calidad, pertinente a la región y a su tramado productivo, con los beneficios de gratuidad y becas, el CFT de Calama aportará decididamente al desarrollo material y social sostenido, sustentable y equitativo de la Región de Antofagasta.

Daniel Solís Igor

Rector CFT Región de Antofagasta

El sábado fueron despedidos los restos de Carlos Ahumada Jiménez, el funcionario del Hospital Carlos Cisternas de nuestra ciudad, quien se convirtió en el primer trabajador de la salud que fallece por coronavirus en nuestra región.

Carlos era Técnico en Enfermería Nivel Superior, Tens, y trabajaba hace siete años en el Servicio de Urgencia del hospital loíno. De hecho, fue allí donde contrajo el virus en el mes de junio, durante las semanas más complejas de la pandemia en esa ciudad.

El funcionario, de 47 años, rápidamente empeoró y se hizo necesario su traslado a la Clínica Las Condes de Santiago, donde falleció la tarde del miércoles.

Carlos, además de Tens, era bombero, y tenía una gran vocación por el servicio, la que quedó plasmada en algunos mensajes que publicó en sus redes sociales cuando la pandemia recién comenzaba.

"Sí, tengo miedo, no quiero ir a trabajar porque pienso que si me contagio y muero, no podré hacer tantas cosas con las que soñé, pero más miedo me da que tú o un ser querido se contagien y yo no pueda hacer nada por salvarlos", decía en uno de ellos.

La muerte de este funcionario saca nuevamente a la luz la labor que han realizado miles de funcionarios de la salud en la región y el país, quienes arriesgando su propia seguridad, se han mantenido valientemente en sus puestos para combatir una de las amenazas más serias que ha enfrentado la humanidad en décadas. Y este esfuerzo ha tenido un alto costo. A la fecha 320 trabajadores de la salud han contraído la enfermedad en nuestra región y muchos de ellos necesitaron cuidados médicos especiales.

En algunos casos sus familiares también sufrieron las consecuencias de esta exposición, y se contagiaron.

Cabe precisar que la mayoría de ellos, una vez recuperados, regresaron a los hospitales, clínicas o consultorios, porque lucha contra el virus continúa.

La pandemia está aún lejos de declinar y serán necesarias muchas jornadas más de esfuerzo para los funcionarios de la salud, pero es bueno desde ya reconocer el compromiso y valentía demostrado. Gracias a Carlos, y a tantos y tantas más, que se sobrepusieron al miedo para ayudar en este momento límite.

La crisis económica ha puesto de relieve la necesidad de apoyar la actividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. El debate se ha orientado en dos direcciones: el apoyo público al financiamiento y los beneficios tributarios. No debe desdeñarse la importancia de una y otra herramienta, pero se precisa también observar el marco organizacional que ofrece la legislación chilena.

Y es que ese marco organizacional es relevante. Es cosa sabida entre los economistas que las reglas de organización juegan un importante papel en el desempeño de la empresa. Emprendedor e inversionista deben encontrarse con esquemas de toma de decisiones que permitan conducir la empresa de forma ágil y a la vez justa. De otro modo, o bien el emprendedor se abstendrá de emprender -preferirá emplearse-, o bien el inversionista ofrecerá su inversión a un mayor costo. Buenas reglas de organización fomentan el emprendimiento y abaratan su financiamiento vía capital, eludiendo la necesidad del crédito bancario y del subsidio estatal.

Las reglas de organización que ofrece la legislación chilena dejan que desear. Sus esquemas son anticuados: la sociedad de responsabilidad limitada se encuentra regulada en una breve ley de 1923 y en los códigos del s. XIX, mientras que la sociedad anónima se rige por una ley de 1981. Las ocasionales modificaciones de estos cuerpos legales que puedan referirse a pymes no han apuntado al fondo -la distribución de la toma de decisiones-, sino a aspectos secundarios (nulidad de sociedades y constitución de empresas por medios digitales). La introducción de las sociedades por acciones (SpA) en 2007 supuso un avance. Con todo, el principal propósito de esta figura era ofrecer una forma de organización flexible para levantar capital de riesgo; pero en la práctica, las sociedades por acciones hacen poco uso de esa mayor flexibilidad (como demuestra un reciente estudio de los profesores Guillermo Caballero y Diego Pardow), con lo cual las SpA vienen a ser equivalentes a las sociedades anónimas en muchos puntos, y a quedar regidas por normas que van a cumplir 40 años.

No se trata solo de que las normas sean antiguas, sino de que plantean dificultades reales. Unos esquemas de organización que permiten que accionistas, directores o gerentes hagan y deshagan con relativa tranquilidad, dificultan la colaboración entre emprendedor e inversionista. La legislación establece que por regla general las controversias entre socios deben someterse a arbitraje, limitando significativamente el acceso a la justicia y privando a los operadores de la retroalimentación jurisprudencial. Aun superado el obstáculo del arbitraje forzoso, el desordenado panorama de acciones judiciales que ofrecen las leyes, con supuestos y contenido a veces difícil de determinar, aumenta la incertidumbre.

Admito que estos no son temas urgentes para el combate a la crisis económica. No son urgentes, pero son importantes.