La pandemia de coronavirus que hace seis meses golpea al país y al mundo, está llevando a una profunda crisis económica a las municipalidades, que han visto caer sus presupuestos debido a la suspensión de pagos y derechos, y los menores aportes que reciben de casinos, impuesto territorial, patentes y otras vías de financiamiento habituales.

El escenario era previsible, pero no por eso se pudo evitar. En marzo y abril ya se advertía que las cuarentenas, el cierre de negocios y la menor actividad en general pronto iban a impactar en las arcas comunales, y ciertamente así ha ocurrido.

En la región las tres municipalidades más grandes: Antofagasta, Calama y Tocopilla, confirmaron la semana pasada que los ingresos propios (aquellos que autogenera la municipalidad y que en casos como Antofagasta representan el 65% del presupuesto total) serán inferiores a lo proyectado a inicios de año, lo que obligará a rebajar gasto y concentrar recursos en lo esencial.

Hay que considerar también que los menores ingresos municipales tendrán un impacto en el Fondo Común Municipal (FCM), que se alimenta de los recursos que aportan los mismos gobiernos comunales, y que luego se redistribuyen con un criterio de solidaridad, entregando más a las comunas más pobres.

Así, las municipalidades más pequeñas y que sustentan sus finanzas mayormente con el FCM, tienen un escenario complejo por delante.

Las municipalidades son el primer eslabón del Estado en los territorios y por ende su rol es fundamental, sobre todo en tiempos como los actuales, donde no sólo deben garantizar el funcionamiento de los servicios básicos (alumbrado, áreas verdes, semáforos, vertederos, educación y salud), sino que además atender las necesidades sociales que, como sabemos, han ido en aumento.

A la fecha, el apoyo estatal a los municipios ha sido modesto, y debe robustecerse. Alcaldes de todos los colores políticos así lo han manifestado y ese llamado no cabe sino compartirlo y amplificarlo. Los municipios son la primera línea de la ayuda social y sería un error y una injusticia descuidarlos.

Este 30 de agosto el SERNAC cumple 88 años defendiendo los derechos de los consumidores, aunque este año en un contexto especial, marcado por la pandemia, que ha obligado a cambiar las conductas de consumo en el país y en el mundo.

Sólo en este período de emergencia sanitaria, los reclamos recibidos en el SERNAC han aumentado un 145% respecto del año pasado, encabezado por las quejas contra el comercio electrónico, las cuales se han incrementado en más de un 300%; seguido por el retail y las telecomunicaciones.

Por ello, desde el principio de la pandemia, el SERNAC exigió a las empresas cumplir con pisos mínimos, como fortalecer los canales de atención, y al menos, responder el teléfono o correo a los consumidores cuando reclamaban o pedían información. También demandó estándares de seguridad, que incluyera, por ejemplo, que no pidieran a las personas que se acercaran a las sucursales de las empresas por trámites que pueden realizarse en línea.

Asimismo, solicitó a las empresas que suspendieron servicios por la pandemia, entregar alternativas equivalentes o devolver lo pagado por los consumidores, trabajo que todavía está siendo monitoreado por el organismo.

En este periodo, el SERNAC dictó una serie de circulares interpretativas que establecieron nuevos criterios relacionados, incluyendo deberes de las empresas para resguardar la seguridad de los consumidores y la suspensión de los plazos de garantía legal cuando los productos fallan.

También se han realizado alrededor de 670 fiscalizaciones a más de 430 empresas de diversos mercados, la mayoría relacionadas con temáticas del coronavirus, que incluyeron a empresas de productos de prevención de contagio, de cobranzas, plataformas electrónicas, transporte aéreo y terrestre, retail, telecomunicaciones, mercado financiero, por nombras algunas.

Asimismo, el Servicio ha iniciado acciones colectivas con diferentes empresas tendientes a buscar compensaciones para los consumidores que se han visto afectados por incumplimientos cometidos por algunas empresas. Entre ellas, presentó una demanda colectiva en contra de la empresa VTR por mala calidad del servicio de internet; y otra en contra de la empresa financiera Abakos por cobros de intereses por sobre la Tasa Máxima Convencional establecida en la Ley. Además, se abrieron Procedimientos Voluntarios Colectivos respecto de Falabella, Ripley y Paris por el retardo en la entrega de los productos comprados por internet.

En este contexto, el SERNAC también dispuso una serie de herramientas útiles para que la ciudadanía pudiera acceder a información y no exponer su salud. Entre ellas, el cotizador de precios que les permite a los consumidores conocer los precios y disponibilidad de alimentos básicos y de productos para prevenir el coronavirus antes de salir de la casa, desde las primeras semanas de la emergencia, y que cuenta con más de cien mil consultas.

Asimismo, lanzó la plataforma "Me Quiero Salir", que facilita a los consumidores el término rápido y expedito de los contratos que mantienen con las empresas de telecomunicaciones. Hasta ahora, más de 18.300 usuarios han logrado terminar sus vínculos contractuales a través de esta herramienta.

En este aniversario, el mensaje del SERNAC a los consumidores del país es que seguirá trabajando intensamente para defender sus derechos, tomando las acciones que estime pertinentes de acuerdo a nuestra realidad.

Marcelo Miranda

Director regional de Sernac

Chile y el mundo vive bajo la sombra de la pandemia por Sars-CoV-2 o Covid-19, y ha debido concentrar sus esfuerzos sanitarios para hacer frente a esta crisis, obligando a priorizar la atención de pacientes infectados con el coronavirus, evitar más contagios en la población y reforzar la trazabilidad de los casos. Esto ha provocado que se desatienda el tratamiento de otras enfermedades, siendo una de ellas precisamente la atención de personas que viven con VIH.

A nivel nacional, pero también internacional, la preocupación es evitar que se descontinúen las terapias para el control del VIH, pues uno de los principios básicos de este tipo de tratamiento es justamente la adherencia al mismo; es decir, la responsabilidad del paciente seropositivo para que no pause la administración diaria de sus medicamentos. La adherencia siempre es un desafío para los equipos tratantes.

Primero, porque no hay terapia que sea totalmente inofensiva, y lamentablemente éstas tienen efectos secundarios, pudiendo derivar en nuevas patologías o en molestias cotidianas (náuseas o dificultades para dormir, por ejemplo). En su mayoría son tratables, pero sin duda afectan el compromiso de los pacientes para continuar su medicación.

Otro factor que influye en la adherencia es el referido a las dosis. Por ejemplo, cuando surge la píldora anticonceptiva en los años 60, su desarrollo científico avanzó hacia otros métodos que suplieran el olvido natural de "tomarse la pastilla". Así nacen, por ejemplo, los dispositivos intrauterinos o los implantes subcutáneos.

Este mismo "olvido" ocurre con quienes viven con VIH, donde deben consumir varias píldoras al día, y en horarios determinados, por lo que las posibilidades de descuido u omisión son altas.

Por lo mismo, la innovación en terapias antirretrovirales para VIH se ha enfocado por estas dos vertientes: cómo minimizar los efectos secundarios y de qué forma simplificar las dosis, todo con miras a reforzar la adherencia. Eso no sólo mejora la calidad de vida del paciente, sino que contribuye a mantener bajo control su carga viral.

Sin duda es un desafío permanente, que no debe detenerse por el escenario mundial de crisis sanitaria. Es más, el campo de investigación del SIDA, con cerca de 40 años de existencia, ha sido base fundamental en la búsqueda incansable y a contrarreloj de una vacuna contra el coronavirus.

No me cabe duda que esta coyuntura permitirá una retroalimentación que favorecerá a que surjan nuevos tratamientos, para atender a los millones de pacientes en el mundo y a los 71 mil chilenos y chilenas que hoy viven con VIH.