Cristián Venegas M.

El Plan de Licitaciones 2020 del ministerio de Bienes Nacionales considerará 94 inmuebles en la región de Antofagasta, 47 de ellos emplazados en Calama los que estarán destinados al desarrollo de proyectos industriales, energías renovables y de equipamiento e inmobiliarios, según precisó la seremi del ramo, Tamara Aguilera.

En la comuna, 34 de los terrenos serán destinados a desarrollos industriales emplazados en Puerto Seco (20 de ellos) y el acceso sur de la ciudad. Asimismo, habrán siete sitios destinados a proyectos inmobiliarios en el sector Topáter; y seis inmuebles para la construcción de proyectos de energías renovables no convencionales (ERNC).

En relación a los inmuebles para proyectos inmobiliarios de Calama, la autoridad regional dijo que en Topáter se trata de macrolotes de 100 mil metros cuadrados, pues la construcción de viviendas y equipamiento "es prioritario", lo mismo que el desarrollo de los polos industriales y el de las energías limpias.

288 hectáreas

A nivel regional el Plan de Licitaciones consideraba originalmente 85 inmuebles priorizados, los que el ministerio aumentó a 94, manteniendo los montos de recaudación proyectados inicialmente, lo que permitirá entregar más de 23 mil millones de pesos al Gobierno Regional para el desarrollo de proyectos FNDR.

Entre los diversos tipos de proyectos hay 37 de energías limpias; 34 de fines industriales; 19 para iniciativas inmobiliarias y de equipamiento; y 4 de turismo, conservación y patrimonio. Estos 94 inmuebles estarán repartidos en Calama (47); Antofagasta (19); María Elena (11); Sierra Gorda (6); Taltal (6); y la comuna de Mejillones (5), que en conjunto alcanzan 288,41 hectáreas.

65% para la región

Sobre los recursos que ingresarían a la región por los conceptos de venta y rentas concesionales, Aguilera dijo que el ministerio en su Comisión Especial de Enajenaciones, que lidera el intendente Edgar Blanco, fijó un precio base o mínimo, es decir, las empresas interesadas no pueden ofertar menos de eso, pero se espera que alrededor de $23 mil millones queden para el Gobierno Regional.

"No hemos cerrado el año 2020, por tanto no podemos hacer la comparación para este año, pero el año pasado fueron alrededor de 6 mil 700 millones de pesos los que finalmente quedaron en un 65% para el Gobierno Regional, recursos que se destinan a obras de desarrollo para las nueve comunas de la región y es bastante más de lo que ha aportado Bienes Nacionales en los últimos dos años", dijo la seremi.

Reactivación

El ministerio de Bienes Nacionales, con el objetivo de reactivar la economía que desde marzo se ha visto fuertemente afectada por el Covid-19, desarrolló durante el primer semestre un plan de licitaciones para proyectos de energía. Mientras que para el segundo semestre realizó un catastro de todos los inmuebles disponibles para ser licitados en Chile.

Fue así que identificó cerca de 500 inmuebles que serán destinados, principalmente, a proyectos industriales, inmobiliarios y equipamiento, turísticos, de conservación y patrimonio, y de energía, de los cuales 94 están en la región de Antofagasta, este total equivale a 288,41 hectáreas disponibles para ser puestas en valor por sus inversiones y la generación de empleo.

65% de los fondos recaudados por la venta o concesión de inmuebles se destina al Gobierno Regional (FNDR).

23 mil millones de pesos podría recibir la región como parte del Plan de Licitación 2020 de Bienes Nacionales.

34 sitios serán destinados en Calama a proyectos industriales, tanto en Puerto Seco como en el acceso sur.

100 mil metros cuadrados tienen los terrenos que serán licitados en el sector Topáter para fines inmobiliarios.

Un grupo de dirigentes de los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata llegó ayer hasta el Hospital del Cobre para denunciar la falta de insumos básicos indispensables para realizar procedimientos y exámenes de salud, así como falencias en la entrega de elementos de protección para los funcionarios. Carencia que el recinto habría resuelto con donaciones de otros centros asistenciales de la ciudad.

Al respecto, el dirigente del Sindicato N°1, Freddy Paniagua dijo que las enfermeras están trabajando con guantes talla L, pues es eso lo que les han podido facilitar otros centros médicos al Hospital del Cobre para enfrentar la contingencia.

"A nuestras enfermeras de les caen los guantes porque les quedan grandes y los mismos funcionarios nos han informado que ni siquiera hay frascos para hacer exámenes de orina que cada uno vale 100 pesos. Así que venimos a dejar nuestro aporte para que puedan atender bien a nuestros socios y a sus familias", agregó.

Constataron denuncias

Por su parte, la dirigente del Sindicato N°3, Jeannette Astudillo, dijo que en su recorrido por los distintos niveles del recinto, los funcionarios le reconocieron que no tienen insumos básicos como guantes y algunos elementos necesarios para la protección de los trabajadores.

"Aún así el director del hospital se negó a recibirnos, nos obligó a salir, pese a que nosotros estamos preocupados por la situación y queremos cooperar, pero han dicho que no, que nuestros guantes e insumos están fuera de norma y que no tienen garantía que están en buenas condiciones, y son de mejor calidad que los que está comprando el hospital", dijo.

La dirigente del Sindicato N°1, Claudia Rojas, en tanto, dijo que han recibido denuncias de los asociados de los gremios, las que pudieron constatar en el hospital y de lo que responsabilizó a la gerencia. "El hospital siempre se caracterizó por ser de excelencia y tener los mejores insumos, recursos y ahora vamos a una decadencia".

Tomarían acciones

Desde el Hospital del Cobre declinaron referirse a la materia, sin embargo, fuentes al interior del recinto de salud indicaron que "el ingreso a las áreas clínicas que consideró la UCI y pabellones es un hecho grave, puesto que las personas entraron sin autorización e incumpliendo todos los protocolos clínicos preventivos de salud y del Covid-19, como por ejemplo el uso de equipo de protección personal especial".

Esto porque los dirigentes, habrían ingresado a un área donde están hospitalizados pacientes Covid-19, exponiéndose a riesgos de contagio y transmisión en su propio entorno y grupo familiar. Por lo que la empresa se encontraría evaluando las acciones a seguir, puesto que se vulneraron protocolos establecidos por la autoridad de salud y habrían infringido las normas internas.