Cristián Venegas M.

En reserva permanece un estudio elaborado por Corfo sobre la afectación ambiental generada por la extracción de litio en el salar de Atacama, negativa que la Corporación sustenta en el cumplimiento de obligaciones contractuales y legales. Estudio que en su elaboración consideró información entregada por SQM Salar y Albemarle, que esta última solicita se declare público al Consejo para la Transparencia.

Desde la Corporación de Fomento de la Producción, que lidera el vicepresidente ejecutivo Pablo Terrazas, comunicaron que "siempre ha actuado con transparencia y jamás ha querido ocultar ningún tipo de información, pero debe actuar de acuerdo a las obligaciones contractuales que tiene y a la ley".

Acuerdo contractual

Respecto del informe, en específico, desde la agencia explicaron que "dado que el mismo se elaboró, entre otros, con información entregada por SQM, al ser requerido se debió poner en conocimiento de la minera dicha solicitud, oponiéndose esta a su exhibición, no pudiendo Corfo calificar esa oposición, entendiendo que tenemos una obligación legal de mantener la reserva".

"Esto -complementó Corfo- conforme a las causales de reserva contenidas en el artículo 21 N° 1, letra b) 'Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas' y N° 2 'Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico', de la Ley N° 20.285, se dictó una resolución fundada que declara reservada la información en cuestión. Sin embargo, el alcance de esta obligación de reserva que tenemos, está siendo conocido por las instancias administrativas que corresponden".

Posición de la minera

Consultada SQM Salar respecto de esta controversia con Albemarle, explicaron que Corfo ha venido trabajando desde hace tiempo en un modelo hidrogeológico que considere a toda la cuenca del salar de Atacama y para ello ha contratado de forma independiente a especialistas de primer nivel. Cono parte de ese esfuerzo, añadieron, "SQM ha aportado a Corfo, tal como hace con otras entidades públicas que lo requieren, toda la información que se le ha solicitado".

"En paralelo, y en un afán de transparentar información de interés para la opinión pública, se han abierto plataformas como la web de monitoreo en línea, que recogen datos relevantes de nuestra operación en el salar y que está disponible a toda la ciudadanía", agregó la empresa.

Por su parte, agregó la minera, "Corfo mantiene diferentes tipos de contratos, con distintas organizaciones y cada uno con sus cláusulas específicas. En cuanto a nuestro contrato, la compañía lo ha cumplido a cabalidad, siendo estrictos en la observancia de derechos y deberes que conlleva".

Si bien las faenas de litio de SQM ubicadas en el salar de Atacama siempre han contado con un sistema de monitoreo ambiental, por primera vez está disponible para todas las personas u organizaciones interesadas, pues a partir del 31 de agosto puso a disposición de la comunidad el sitio "SQM en Línea"; cuyo sistema de monitoreo ambiental permite acceder a parámetros y variables desde aproximadamente 300 puntos de medición que la empresa dispuso desde el núcleo hasta las zonas aledañas al salar.

52% de las reservas de litio del mundo están en Chile, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

40 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente se estima que contiene el salar de Atacama.

18 comunidades atacameñas habitan la cuenca del salar de Atacama donde operan SQM y Albemarle.

3 mil kilómetros cuadrados

La seremi de Bienes Nacionales ofició a la gobernación de El Loa para que desarme una toma incipiente de terrenos en Toconao, que era liderada por cinco comités de vivienda del poblado de San Pedro de Atacama. Acción que fue revertida luego que el equipo jurídico del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) presentará un recurso de amparo argumentando el estado de excepción constitucional.

Sobre lo sucedido, el abogado del Consejo, Sergio Chamorro, detalló que ayer en la mañana llegó hasta el poblado un contingente de Fuerzas Especiales de Carabineros para desalojar a cinco comités de vivienda emplazados en tierras indígenas, que el profesional dijo "son parte de la demanda territorial de la comunidad".

Acción a la que el equipo jurídico respondió interponiendo un recurso de amparo preventivo que se presentó en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en el que se argumentó que "nos encontramos en un estado de excepción constitucional que desde el mes de marzo del presente año ha sido decretado por la autoridad sanitaria".

Asimismo, agregó Chamorro, "se estableció la ley 21.226 que obligó a suspender los juicios de arrendamiento para juicios privados a efectos de evitar los desalojos de las familias, porque estamos frente a un estado de excepción constitucional de catástrofe sanitaria. En esa misma disposición, razón lógica, el Estado debe entender que si entre juicio de privados no puede haber desalojo, con mayor razón está obligado a garantizar derechos esenciales en tierras indígenas".

El abogado dijo además que en el procedimiento faltó información para los comuneros y proporcionalidad de los medios que se utilizaron en el desalojo, pero que la Corte de Apelaciones concedió la orden de no innovar hasta que se revise la legalidad de la causa. "Seguiremos insistiendo por la vía judicial para que no se vulnere ni se prive ni se amenace los derecho a la libertad individual y a la seguridad de las personas", añadió.

Mesa de trabajo

El vicepresidente de la comunidad de Toconao, Cristián Varela, junto con informar que ayer se acordó una mesa de trabajo con las autoridades que sesionará la próxima semana, dijo que "si bien es cierto reconocemos que hay una ocupación por parte de nuestros hermanos que tienen una necesidad habitacional, también es cierto que ellos están en comités de vivienda hace muchos años y no han tenido una solución".

Tema que reviste otra complejidad, explicó el dirigente del poblado, pues la comunidad mantiene "una demanda territorial de todos esos sectores de Toconao, y desde el año 1993, cuando se promulga la Ley Indígena se manifestó claramente que en un lapso de tres años debieran regularizarse todas las tierras y aguas del pueblo atacameño".