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Despachan ley que prohíbe a colegios negar matrícula por deuda a causa de la pandemia

COVID.19. Se dirige a establecimientos subvencionados y pagados.
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La Cámara de Diputados aprobó las modificaciones del Senado, por 144 votos a favor y una abstención, y dejó en condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley el proyecto que prohíbe a los establecimientos educacionales particulares negar la matrícula para el año 2021 a estudiantes que presentan deuda, en el contexto de la crisis económica producto de la pandemia por covid-19.

La norma establece que los establecimientos subvencionados, con financiamiento compartido y los particulares pagados deberán elaborar un plan de medidas extraordinarias para garantizar la continuidad del proceso educativo de los alumnos. Tendrá que contemplarse al menos la reprogramación de cuotas de colegiatura pactadas para el año escolar 2020 y las reprogramadas con anterioridad a marzo de 2020, para aquellos padres, madres y apoderados cuya situación económica se ha visto menoscabada por la emergencia sanitaria. Se considerará la situación económica de padres y apoderados que hayan perdido su empleo o se encuentren acogidos al seguro de desempleo.

Jaime Orpis es condenado por cohecho y fraude al fisco y absuelto por delitos tributarios

TRIBUNALES. Exsenador recibirá su sentencia el 16 de abril de 2021. Exdiputada Marta Isasi también fue hallada culpable de cohecho. Corpesca fue condenada por soborno.
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Redacción

El Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, en el caso Corpesca, absolvió, en fallo dividido, al exsenador Jaime Orpis (exmilitante de la UDI) como autor de delitos tributarios, pero lo condenó por seis fraudes al fisco y dos conductas de cohecho, ilícitos cometidos en su labor como legislador. La lectura de sentencia, cuando se comunicarán las penas por aplicar, se hará el 16 de abril de 2021.

El exrepresentante de las regiones de Arica y Parinacota, y Tarapacá, fue uno de los principales acusados en la indagatoria por presunto financiamiento irregular de campañas políticas durante la tramitación de la Ley de Pesca.

Ante el tribunal, Orpis dijo que "efectivamente reconocí hechos que son constitutivos de delitos. Debo decir que estoy profundamente arrepentido de lo ocurrido. En distintas instancias pedí las disculpas y hoy (ayer) las reitero". Recordó haber restituido los dineros comprometidos y añadió que "una y otra vez, con mucha impotencia, me he preguntado por qué llegué a esto". Planteó que sus acciones no se justifican, "más allá de que hayan estado amparadas en prácticas que eran comunes en el mundo político".

El abogado anunció que se alejará de la institución de beneficencia que promovía (La Esperanza), porque este tipo de organizaciones "viven de la confianza. Y yo no soy, después de este proceso, un hombre digno de confianza. Para nuestra familia, este proceso ha sido traumático, de un sufrimiento indescriptible. Y como padre y esposo, sólo quiero dejarles el siguiente legado: su padre se equivocó, su padre reconoció, (pero) jamás nunca nadie ha comprado mi conciencia".

Empresa y exdiputada

La Fiscalía Metropolitana Centro-Norte indicó que Corpesca accedió a la petición de Orpis, siendo este senador, de "darle los beneficios económicos solicitados, pagando a este funcionario público las sumas de dinero requeridas a través de boletas de terceros ideológicamente falsas, que fueron entregadas al efecto". Agregó que Orpis recibió instrucciones por correo electrónico y documentos, los que luego fueron reproducidos en sus intervenciones en la tramitación de la Ley de Pesca. La Fiscalía pidió penas que suman 21 años de presidio por una defraudación fiscal de casi $300 millones: 12 años por fraude al fisco, seis por cohecho y tres por delitos tributarios.

Además, acusó a Corpesca de subvencionar la campaña política de Orpis y de la exdiputada Marta Isasi (también ex UDI) "al margen del régimen legal de financiamiento". El tribunal condenó a la firma por soborno. Por esto, se pidió una multa de 20.000 UTM y cinco años de prohibición temporal de celebrar actos y contratos con organismos del Estado.

En cuanto a Isasi, quien aseguró ser inocente, la Fiscalía pidió siete años y un día por cohecho y delito tributario. El tribunal la absolvió de este último y de dos de los tres cohechos.