La protesta contra la ley de seguridad del Gobierno francés prosiguió ayer en casi 90 ciudades del país, pese a que el Ejecutivo anunció su intención de reformar los aspectos más polémicos del proyecto.

Las manifestaciones se unieron en esta ocasión con otras convocadas por los sindicatos contra la precariedad creciente en el empleo.

Las diferentes convocatorias estuvieron rodeadas de importantes medidas de seguridad, después de que hace una semana algunas de esas manifestaciones terminaron con disturbios y enfrentamientos con la policía.

Ayer, nuevamente, la manifestación de París terminó en fuertes enfrentamientos con la policía y con al menos 22 detenidos, según indicó el ministro francés del Interior, Gérarld Darmanin. Los disturbios fueron protagonizados por grupos radicales que incendiaron autos y levantaron barricadas. Mientras que la policía utilizó gases lacrimógenos.

Los convocantes consideran que no es suficiente el anuncio del Gobierno de retirar el artículo 24 de su ley, que controlaba la grabación y difusión de imágenes de las fuerzas del orden, lo que fue considerado como un ataque a la libertad de prensa y de expresión.

El Ejecutivo anunció el pasado miércoles que ese artículo será revisado y el presidente Emmanuel Macron aseguró que en su nueva formulación no estará prohibido grabar y difundir imágenes de policías.

Pero los manifestantes exigen la retirada total de la ley que comienza su trámite parlamentario.

Macron reconoció algunas actuaciones violentas de la policía que consideró "inadmisibles" y que, dijo, serán sancionadas, pero señaló que en su mayor parte las fuerzas del orden actúan dentro de los deberes profesionales. Macron admitió también actos racistas en la policía, sobre todo en los controles de identidad, que, indicó, se centran más en personas que no son de piel blanca, una frase que le significó críticas de los sindicatos policiales.

El Senado de Argentina aprobó el viernes en la noche un polémico proyecto con el que el Gobierno de Alberto Fernández busca que las personas que cuentan con "grandes fortunas" hagan un "aporte solidario extraordinario" que ayude a afrontar las consecuencias de la pandemia del coronavirus y sacar al país de la crisis económica.

El texto fue elaborado por los diputados Máximo Kirchner, hijo de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, actual vicepresidenta del país y titular del Senado, y el diputado oficialista Carlos Heller.

"Entre los motivos por los cuales estamos frente a este proyecto es la pandemia, que ha afectado gravemente las finanzas del Estado. Nos parece razonable que aquellos sectores más privilegiados hagan una contribución extraordinaria y por única vez", señaló el senador Oscar Parrilli, cercano a la vicepresidenta.

Rechazo empresarial

La iniciativa despertó un gran rechazo de las entidades empresarias más importantes de Argentina, que calificaron el nuevo "aporte" como confiscatorio y de gravar los bienes destinados a la producción, en un contexto de desconfianza de los inversores sobre el devenir de la economía.

El Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas afecta a personas y no empresas que posean una riqueza declarada superior a 200 millones de pesos argentinos (casi 2,5 millones de dólares).

El "aporte" a pagar por única vez alcanzará a 11.855 personas naturales, según informó la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, por encima de los 9.298 que se había calculado al inicio del debate, debido al efecto de la devaluación del peso sobre el universo alcanzado.

Proceso turbulento

En el Congreso, el debate se dividió entre la posición oficial, que dice se trata de un aporte por única vez sobre los mayores patrimonios del país para atender la pandemia, y la postura del principal grupo de la oposición, Juntos por el Cambio, que denunció que es un nuevo impuesto que desalentará inversiones, que es "confiscatorio" y opera como una doble imposición con el ya existente impuesto a los bienes personales.

En el Senado, el oficialismo cuenta con mayoría numérica, por lo que aprobó el viernes la ley con 42 votos afirmativos y 26 votos negativos.

En la Cámara de Diputados, hace poco más de dos semanas, contó con el apoyo de los bloques minoritarios de la oposición para aprobar el proyecto y se definió finalmente con 133 votos contra 115, con dos abstenciones.

Debido a las diferencias en la coalición de Gobierno, el oficialismo había buscado mostrar el respaldo del Poder Ejecutivo durante la sesión de Diputados, y una comitiva de funcionarios asistió al Congreso, entre ellos el ministro de Economía.

"El Aporte Solidario es extraordinario porque las circunstancias son extraordinarias. Debemos encontrar puntos de conexión entre los que más tienen para aportar y los que necesitan", dijo la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti en Twitter.

El Gobierno estimó recaudar más de 300.000 millones de pesos argentinos (unos 3.675 millones de dólares), que serían destinados a aplicar medidas para afrontar los efectos de la pandemia, con un 20% destinado a insumos médicos y "apoyar el camino de recuperación económica" del país. Argentina está sumida en una profunda recesión desde 2018 con 40,9% de la población bajo la línea de pobreza.

Venezuela llega hoy a unas elecciones legislativas que, más allá de los cuestionamientos sobre su transparencia, se celebrarán en medio de una grave crisis que tiene al 80% del país en situación de pobreza extrema.

Más de 20 millones de venezolanos están llamados a escoger 277 diputados entre 14.400 aspirantes.

Entre los candidatos no están los líderes tradicionales de la oposición, pues optaron por realizar una consulta ciudadana entre el 7 y 12 de diciembre. Se podrá votar por Telegram y presencial el último día en más de 3.000 puntos.

Quienes ganen hoy en los comicios oficiales, ocuparán sus escaños desde el 5 de enero de 2021, cuando se constituya la nueva Asamblea Nacional. Esta nueva asamblea disputará el reconocimiento internacional con la actual Cámara de mayoría opositora y liderada por Juan Guaidó.

País en la pobreza

Según las estimaciones, el 80% del país vive en la miseria y debe lidiar con falta de insumos básicos, como agua y luz.

Venezuela además acumula este año una inflación de 3.045%, mientras que el bolívar se devalúa casi a diario frente al dólar estadounidense, la divisa con que se realiza la mayoría de las operaciones comerciales en Venezuela.

Carlos Vecchio, delegado ante EE.UU. de Guaidó, arremetió contra los comicios y dijo que es "un fraude organizado por Maduro para tratar de mantenerse en el poder y quitar legitimidad a la actual Asamblea Nacional". Vecchio alertó que estos comicios están bajo la tutela de un poder electoral que no fue designado por el Parlamento, como establece la Constitución venezolana, sino por el Tribunal Supremo de Justicia, con magistrados afines a Maduro.

Sin reconocimiento

La elección no será reconocida por la Unión Europea ni por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Además, el Gobierno de Ecuador anticipó que no reconocerá los resultados. El presidente Lenín Moreno dijo que los comicios "se producen en un marco que no ofrece las condiciones para garantizar un proceso democrático".

En paralelo, el ministro de Exterior de Uruguay, Francisco Bustillo, dijo que no espera "nada" de estas elecciones y aseguró que está dispuesto a colaborar en la búsqueda de una salida cuando "exista realmente voluntad" por parte del Gobierno "dictatorial" de Maduro.