La solidaridad, esa conducta humana a través de la cual una persona colabora desinteresadamente con otras, es una característica fuertemente arraigada en el alma nacional. No cabe duda.

En un año marcado por las angustias y los pesares, miles de chilenos no renunciaron a ser solidarios, y contribuyeron con tiempo, ingenio o recursos a distintas iniciativas que resultaron claves en un contexto de graves amenazas para las personas.

Fundación Trascender y Criteria dieron cuenta de esto en la duodécima versión de la Encuesta Nacional de Voluntariado y Solidaridad, conocidos ayer.

Según ésta, el 32% de las chilenas y chilenos hizo algún tipo de voluntariado este año y el 60% contribuyó con alguna donación en dinero.

Entre los encuestados que declararon haber realizado voluntariado en los últimos 12 meses, un 43% lo hizo en alguna actividad relacionada con la pandemia del Covid-19, como apoyo en un comedor solidario u olla común, distribución de cajas de alimentos o la entrega de asistencia a personas necesitadas.

El estudio también revela que aumentó la frecuencia del voluntariado. En 2019 se registró un 48% de gente que hizo voluntariado al menos una vez al mes, mientras que este año ese ítem subió a 52%, siendo la opción de "una vez a la semana" la que marcó un mayor repunte.

La encuesta además dice que el 55% de los encuestados cree que Chile es un país solidario, pero este porcentaje aumenta a 82% cuando "nos vemos enfrentados como sociedad a una catástrofe".

Los datos de Trascender y Criteria ponen en cifras algo que en la región se percibió con fuerza. En el momento de más necesidad, miles de personas estuvieron disponibles para tender una mano.

Personal médico y de salud, profesores, jóvenes estudiantes, vecinos y organizaciones sociales no dudaron en hacerse presentes para contribuir con los más necesitados, los postergados o los que requerían una palabra de aliento medio de la tempestad.

En un año que dejó muchas lecciones amargas, hay que rescatar lo hecho por estas personas. La solidaridad es un tesoro que no podemos perder.

Uno de los objetivos principales del Gobierno del Presidente Piñera es garantizar y facilitar el acceso a la justicia para todas las personas, es así como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tenemos el Sistema Nacional de Mediación Familiar, cuyo principal objetivo es asegurar la provisión del servicio de mediación sin costo para los usuarios a nivel país, esto puesto que antes de iniciar una demanda judicial ante los Juzgados de Familia en materias de pensión de alimentos, de régimen de visitas y cuidado personal, si las partes no logran llegar a un acuerdo -por ley- éstas, deben intentar antes un proceso de Mediación Familiar.

Este servicio le otorga a la ciudadanía la posibilidad de solucionar sus problemas o inconvenientes familiares por la vía no judicial y nos ha permitido atender a 500 mil personas al año, entregando soluciones concretas en un plazo de máximo 60 días.

En nuestra Región no nos quedamos atrás y tal como lo ha indicado nuestro Intendente, Edgar Blanco, estamos trabajando para llegar a todos los rincones. Es así como contamos con Centros de Mediación Familiar en las comunas de Antofagasta, Calama, Taltal, Tocopilla, María Elena y Mejillones, cuyos datos de contacto se encuentran en www.mediacionchile.cl.

Antes de iniciar el proceso, se necesita contar con los datos de ambas partes involucradas, a saber, la nacionalidad, el nombre completo, el RUN, la fecha de nacimiento, la dirección, un correo electrónico personal y un teléfono de contacto. Luego, una opción para pedir una hora de atención lo es a través del portal web www.mediacionchile.cl, ingresando con Clave Única y llenando los datos. Es importante consignar que la Mediación Familiar es un proceso voluntario y confidencial, por lo que las personas que accedan a ella, pueden tener la total certeza de que sus problemas personales serán resguardados y protegidos.

Conforme a lo anterior, en caso de no llegar a acuerdo, por esta vía, el Centro de Mediación emitirá un "Certificado de Mediación Frustrada", con la que se podrá seguir un proceso judicial, si se estima conveniente, o bien, se puede decidir volver a intentar un segundo proceso de mediación, buscando mejores resultados. Mientras que, en el caso de alcanzar un acuerdo, el Centro de Mediación envía esta acta (de acuerdo) al tribunal, la cual, de ser aprobada, equivale judicialmente a una sentencia firme y ejecutoriada, cuyo cumplimiento se hace exigible.

Los invitamos a ocupar este sistema que es la forma más efectiva de resolver problemas que se pueden suscitar en el entorno familiar, sin la intermediación de un abogado y garantizando el acceso a la justicia a quienes más lo requieren.

Paula García Barría

Seremi de Justicia y Derechos Humanos

Este año ha sido desafiante para todos. Tenía la tentación de poner a este año entre paréntesis. Hemos escuchado o dicho en conversaciones con amigos/as que este año no deberían contarlo para el cálculo de la edad. Poner un año entre paréntesis equivale a decir que no ha existido o no ha valido la pena. Para todas/os es un año distinto, especial, anormal, raro o extraño.

El año 2020 es un año en que la excepcionalidad se ha incluido en nuestra cotidianeidad de una forma inimaginable. La libertad ambulatoria se ha visto seriamente restringida; las relaciones familiares se han "virtualizado"; las laborales han adoptado la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia. En fin, la cercanía física, por ser un factor que aumenta las posibilidades de contagio, se ha minimizado.

Pese a la dificultad, a la crisis sanitaria y social, no podemos negar que ha sido un año de aprendizajes, de relecturas de la realidad. La excepcionalidad se ha institucionalizado. Muchas entidades públicas y privadas han debido implementar formas distintas de prestar servicios, producir, distribuir, etc. En la Defensoría Penal Pública hemos debimos adaptarnos a esta nueva realidad para resguardar a nuestras/os funcionarias/os y para asegurar la continuidad de la defensa. Ello ha originado controles de detención virtuales, entrevistas de cárceles por videoconferencia, atención a distancia, juicios orales por videoconferencia. Pero la forma cómo las personas y las instituciones enfrentan las crisis habla de sus fortalezas y debilidades. Y en este caso, la Defensoría entendió desde el principio que la respuesta estaba en todo lo que se había avanzado con antelación. Se aprovechó la digitalización de la información de causas y el manejo de herramientas informáticas y en las alegaciones se invocaron estándares de derechos humanos, sólo por mencionar algunos aspectos que permitieron priorizar el bienestar de las personas que prestan servicios en nuestra institución,

Esta adaptación no ha olvidado nunca lo que somos, un servicio público que presta defensa penal a quienes no cuentan con abogado. Y esto es importante decirlo, a pesar de cierta obviedad, pues nuestra flexibilidad institucional para consensuar modos distintos de operar en el sistema procesal penal no puede nunca ser interpretada como una renuncia a la defensa de los principios y reglas fundamentales que inspiran y regulan el proceso penal. Eso está demostrado con la exitosa actuación de la Defensoría ante el Tribunal Constitucional que reconoce en el derecho de defensa una garantía esencial para la existencia de un enjuiciamiento penal legítimo. Seguiremos atentos a hacer lo necesario para que el sistema se autocuide.

Con todo, este año no es un año entre paréntesis. Ha sido muy distinto a cualquiera que hayamos vivido, pero han pasado muchas cosas buenas y malas. Me quiero quedar siempre con la mejor sensación y decir, siguiendo a Albert Camus en "La Peste", que hay en el ser humano más cosas dignas de admiración que de desprecio.