Recién hace algunos días se conoció que los funcionarios de Urgencia del área adulto del Hospital El Pino de San Bernardo, Región Metropolitana, amenazaron con paralizar sus funciones, manteniendo turnos éticos, debido a las últimas agresiones que han recibido. Pacientes y amigos y familiares son los principales actores de estos incomprensibles hechos.

Uno de estos hechos ocurrió a inicios de año, cuando familiares de una persona internada ingresaron a hacer destrozos a la zona de Urgencia, debido a que el paciente, a la espera de un resultado de un test PCR, murió. Los familiares fueron a buscar el cuerpo para velarlo, pero al no ser posible por el protocolo sanitario de covid-19, golpearon ambulancias, destruyeron mobiliario y amenazaron a trabajadores de la salud.

Por razones obvias, muchos de estos profesionales temen por sus vidas o integridad, toda vez que han ocurrido ataques de extrema gravedad.

Hasta fines del año pasado se habían registrado casi mil agresiones a funcionarios de salud en distintos centros de salud del país, algo que denunciaron la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el Colegio Médico, la Confusam y la Asociación Chilena de Municipalidades.

A nivel mundial -a falta de datos precisos en Chile- se da cuenta que los profesionales de la medicina se encuentran entre los segmentos más expuestos a todo tipo de agresiones. Un estudio de 2017 realizado entre operarios del Servicio de Salud Talcahuano dio cuenta que el 70,3% de los trabajadores reportó haber sufrido violencia por parte de los usuarios, tratándose en el 85,3% de violencia verbal. Los más afectados fueron médicos, odontólogos y enfermeros.

Cierto es que muchas personas están descontroladas por los dramas y tensiones que conlleva tener una enfermedad o tener algún pariente cercano con algún mal; no obstante, casos como el anterior, u otros, no pueden justificar la violencia.

El asunto resulta mucho más difícil de entender en estos momentos cuando este personal ha pasado casi un año bajo una intensa presión por la pandemia de coronavirus. Sea este un llamado a respetar la vida humana y a quienes la protegen.

El ingreso a trámite legislativo del Proyecto de ley que crea el servicio de la Defensoría de las Víctimas, es sin duda una noticia que debe llenarnos de alegría. En efecto, con la firma del proyecto por parte del Presidente Piñera se pone fin a años de trabajo, en los que muchos hemos luchado por lograr algo que parece tan obvio: que las víctimas de la delincuencia tengan un abogado que asuma su defensa judicial. Y es que, aunque parezca curioso, hoy los delincuentes comparecen con su abogado a los tribunales, mientras que los ciudadanos afectados por la delincuencia, deben confiar en la defensa genérica del "interés del Estado" que realiza el Ministerio Público. El impulso procesal ahora lo tendrá toda víctima, sin considerar sus condiciones socioeconómicas.

Se trata por cierto de una promesa de campaña, que desde ChileVamos hemos demandado del Presidente Piñera, y que producto de la contingencia, había sido postergada. Concretamente, con la iniciativa recientemente ingresada al Congreso, se busca crear un servicio público descentralizado cuyo objeto será defender a las víctimas frente a figuras delictivas de relevancia, coordinando esfuerzos con otras entidades para resguardar la integridad física y psíquica de éstas y su entorno familiar.

En lo que respecta a la Región de Antofagasta, es muy importante hacer una revisión contextualizada de los hechos delictuales que proliferan desde hace ya algunos años. De acuerdo a los datos proporcionados por la Subsecretaría de Prevención del Delito, para el periodo enero a septiembre de 2020, hay una notable mayor prevalencia de delitos en la Región de Antofagasta que en el resto del país: 3.979 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que a nivel nacional es de 3.589 casos por cada 100 mil habitantes.

La pandemia ha hecho que los delitos ocurran con menor frecuencia que en años normales, sin embargo, si a nivel nacional los delitos totales cayeron de 5.193 a 3.589 casos por cada 100 mil habitantes, en la región de Antofagasta los delitos totales cayeron solamente de 6.204 a 3.979 por cada 100 mil habitantes. Por tanto, se puede concluir que el delito en la Región de Antofagasta no sólo es más prevalente que en el resto del país, sino que éste es más resiliente a las restricciones sanitarias.

El combate a la delincuencia debe ser abordado con decisión, ante lo cual las últimas reformas propuestas por el Gobierno van en la línea correcta. Particularmente ésta, más allá de atender al ejercicio pleno y eficaz del derecho a la tutela judicial, persigue revertir la desconfianza en el sistema de persecución penal, ya que si uno revisa las últimas encuestas, muchas víctimas ya no están denunciando porque han perdido fe en el mismo. Esto acentúa la sensación de inseguridad e incluso deriva en fórmulas de justicia por mano propia, lo que es nefasto en un Estado de Derecho.

Enhorabuena al proyecto que transforma a División Salvador de Codelco, tierra de "chaquetas amarillas" en Mina Rajo, pasando de 60.000 a 90.000 tons. fn/año y le da vida útil por 50 años con recursos con una ley media de cobre entre 0,5% a 0,65 a priori.

Esta buena noticia a inicios de 2021 contempla una nueva planta concentradora y sin un mayor uso de agua fresca de cordillera, debiendo incluso tender a la baja como consumo final por la optimización del nuevo proceso. Cuenta con RCA aprobada, y no obstante pasó por un momento complejo al ser cuestionado por eventual daño ambiental por la Superintendencia del Medio Ambiente regional.

En esta línea, el Consejo de Defensa del Estado ejerció oportunamente las acciones respectivas por daño ambiental en el Salar de Pedernales, en relación a diversas afectaciones en distintas componentes, pero, por, sobre todo, por la eventual pérdida de recarga hídrica del mismo.

Así las cosas, hace unos días las partes arribaron a un avenimiento y transacción en la especie. Se contemplan obras por 56 MUSD (asegurado mediante la emisión de una boleta de garantía ad hoc) para estudios y obras para asegurar la recarga del Salar con distintas medidas, que van desde la potencial cesión de derechos de agua de Codelco, el cierre del dren de agua helada (obra hidráulica que data de los años 1920) y la optimización de la planta de energía eléctrica de Montandón al recibir más agua con fuente cordillera. Lo anterior, en un horizonte 8 años de trabajo en compromisos y monitoreo entre las partes, la comunidad y sus pueblos originarios, actuando de forma activa bajo una mesa de trabajo de diálogo.

Esta iniciativa tiene algunos desafíos, ya que pasar de una operación subterránea histórica a una a pleno cielo abierto es una transformación en la esencia de lo que ha sido División Salvador hasta hoy e implica un aumento de un 50% en la productividad. Este proyecto será el primer rajo en la minería chilena que explota un cráter generado por la acción de la minería subterránea. Eso lo hace un proyecto único en el país, que debe asegurar la sustentabilidad social, ambiental y económica de la operación y de las comunidades.

Además se ha indicado que será un aporte a la tasa de ocupación, tanto directa como indirecta en las comunas de Diego de Almagro y Chañaral será de 8,9%. A nivel nacional, por cada dólar invertido en Rajo Inca se generarán 6,2 dólares para el Estado chileno durante la vida útil del proyecto.

Hoy, seguirá aportando a las cifras totales; mantendrá activos a los "viejos" que por años han estado literalmente en la punta del cerro manteniendo el engranaje de una faena con historia, de una operación con historia, la que mantendrá sus faenas en los mismos terrenos que ya están siendo explotados y que podría extender su vida útil hasta 2065, incorporando derechamente tecnología de punta, innovación propiamente tal, uso de ERNC para sus comunidades y nuevos elementos de gestión organizacional - en conformidad a los tiempos.

Considero que dentro del año complejo que hemos dejado atrás, esta es una buena nueva que esperamos se repliquen en otras iniciativas -privadas- que están esperando, ya que la minería moderna le hace bien a Chile.