Cuadrillas sanitarias y labor informativa: plan de Delgado para detenidos por fiestas
INFRACTORES. El jefe de gabinete detalló su idea de condenar a trabajos comunitarios a quienes incumplan medidas.
El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, se reunieron ayer con el fiscal nacional, Jorge Abbott, a quien le expusieron un plan con la iniciativa del Gobierno para que los detenidos por participar en fiestas clandestinas sean castigados con la obligación de efectuar trabajos comunitarios.
"Le presentamos un plan que ya tenemos conversado con dos subsecretarios para poner a disposición espacios de trabajos voluntarios comunitarios. Uno de ellos son las cuadrillas sanitarias, que lo que hacen es recorrer las comunas informando a la gente acerca de las medidas sanitarias. Lo segundo tiene que ver con Chile Atiende, donde hay una serie de importantes beneficios del Estado que producto de la pandemia están disponibles y que la gente no está tan informada, también estas personas pudiesen hacer una labor informativa", expuso el jefe de gabinete tras la cita.
La subsecretaria Martorell explicó que estas medidas no sustituirían las multas que deben pagar los detenidos por estos hechos y que pueden llegar a 50 millones de pesos.
"Hay un delito y para ese delito hay un proceso penal. Ese proceso puede terminar con penas privativas de libertad, con multas o con trabajos comunitarios que es lo que estamos planteando", dijo la autoridad.
"Al mismo tiempo existe una responsabilidad sancionatoria administrativa que no son excluyentes. Esas sanciones son multas que están de la mano con lo que establece la normativa sanitaria. Esa norma establece multas que pueden alcanzar los 50 millones de pesos y que son paralelas. Una persona puede ser privada de libertad y condenada a una multa o bien puede ser que tenga que realizar trabajos comunitarios y pagar un multa", añadió Martorell.
Querella por venta de PCR negativos
La Seremi de Salud y la Municipalidad de Las Condes anunciaron una querella en contra de la Clínica Care Full Home, acusada de supuestamente vender en 60 mil pesos PCR negativos sin tomar las muestras. Paula Labra, autoridad sanitaria metropolitana, comentó que recibió una denuncia de una vecina de Las Condes que le envió un pantallazo donde se solicitaba al recinto médico un PCR a domicilio debido a que necesitaba viajar y detalló que "la clínica respondió que se demoraba una hora".