La trágica muerte de un artista callejero en Panguipulli, Región de Los Ríos, abrió, cómo no otra vez, el debate respecto a la delicada paz social que vive el país. Un equilibrio destruido casi por completo en los últimos años y que, esperamos, sea, recompuesto con el pacto social que derivará de la nueva Constitución.

No es que allí esté una solución mágica, o el fin de los problemas, sino que puede ser la instancia en la que una sociedad democrática, libre y respetuosa, se otorgue el tiempo para debatir las bases de la ciudadanía y el Estado y la forma en que pretende desarrollarse y vincularse hacia el futuro.

El único vídeo conocido del hecho de sangre muestra, aparentemente, cómo la policía intenta desarmar al joven y este ataca a un oficial que responde disparándole a quemarropa. Se desconoce qué ocurrió antes y en qué condiciones estaba la víctima.

Lo increíble, hasta cierto punto, ocurrió después, con una seguidilla de hechos violentos, como la quema del edificio municipal.

Antes hemos escrito que Carabineros de Chile, una institución que goza de un prestigio indesmentible entre la ciudadanía, y cuya mayoría de funcionarios cumple una labor destacada de ayuda a la sociedad, necesita repensar y reformular muchas de sus acciones. Definitivamente no es posible pensar que un control de identidad termine con una persona muerta. Hay algunos procedimientos que deben revisarse y mejorar. Debe recordarse que antes ocurrió algo similar con un muchacho que cayó desde el puente Pío Nono a las aguas del Mapocho, sin que fuera auxiliado por personal de la institución.

Por otro lado llama la atención el arriesgado comportamiento de muchos ciudadanos para con efectivos policiales. ¿Cómo es posible entender que alguien enfrente a personal armado, que tiene el monopolio legítimo de la fuerza, y presuma que no habrá posibles consecuencias? Esto es más inquietante porque ciertamente muchos han perdido el respeto a carabineros... En realidad no sólo a ellos, también a los parlamentarios, a personeros de gobierno, los partidos, la iglesia, a sus semejantes que piensen distinto y esto es, en definitiva, el gran cáncer que corrompe a Chile.

El problema que aqueja a la nación es complejo, es de civilidad ciertamente, pero mucho más de aceptación y validación de las normas que hacen posible la vida en comunidad.

Las fuertes precipitaciones que afectaron la zona central de nuestro país el fin de semana pasado, provocando incluso aluviones en diversos sectores cordilleranos, nos llevan a reflexionar sobre el rol clave que cumple la infraestructura sanitaria, que muchas veces pasa desapercibida. Las señales del cambio climático cada vez son más evidentes y frecuentes; y las lluvias del fin de semana son un claro ejemplo en ese sentido, pues pudiendo mitigar en parte los daños de la mega sequía que afecta a la zona centro norte de Chile, se transformaron en una gran tragedia para muchas familias afectadas por crecidas de afluentes o aluviones.

En nuestro norte, cada verano somos testigos de situaciones similares, producto de las lluvias estivales conocidas como "Invierno Altiplánico" y no es casualidad que a la fecha no hayamos sufrido cortes de suministro a pesar de las fuertes lluvias cordilleranas, mismas que probablemente nos seguirán acompañando durante este mes.

Sin duda la robustez de nuestro sistema productivo cordillerano no es fruto del azar, sino de una planificación público privada de la que formamos parte, para prevenir efectos adversos en la población.

En efecto, nuestros protocolos preventivos los aplicamos permanentemente para evitar daños al momento de la llegada de las lluvias y esto incluye no sólo preparar nuestra infraestructura sanitaria cordillerana y precordillerana, sino que además redoblar nuestro contingente de colaboradores en terreno y contar con maquinaria y equipamiento adicional en estas fechas, con el fin de prevenir o mitigar riesgos. La construcción de un nuevo coagulador en la Planta de Filtros Cerro Topáter, fue una de las obras concretadas en este último bienio, con el fin de aumentar la capacidad de producción de agua potable para la capital de la Provincia del Loa. Otra de las obras realizadas durante el periodo fue la ampliación del caudal desde el Embalse de Conchi, para aportar en la continuidad del servicio durante las contingencias, en caso que las captaciones no puedan abastecer de agua debido a las probables crecidas de ríos. Con esto se podrá mantener la continuidad del servicio a la comunidad. Ambos proyectos implicaron una inversión de más de 2 mil millones de pesos.

Pero nuestro foco no está sólo en las instalaciones cordilleranas y precordilleranas. Estamos convencidos que la diversificación de las fuentes productivas de agua potable son la respuesta más adecuada para asegurar el suministro a nuestra región. Por eso desde hace casi dos décadas somos líderes en Chile en desalación de agua potable para consumo humano. Esta apuesta por la sustentabilidad del suministro en medio del desierto más seco del mundo, nos permite afrontar con mayor propiedad las dificultades que la naturaleza impone cada vez con más frecuencia e incluso pasar por encima de la amenaza de extensión de la mega sequía que afecta a la zona centro norte del país.

Fortalecer permanentemente nuestra infraestructura es nuestro objetivo permanente y así iniciamos más de 100 proyectos durante el 2020, que implican una inversión superior a los 70 mil millones de pesos, inversiones que continuaremos este 2021 para seguir robusteciendo nuestra infraestructura y el servicio hacia la comunidad regional.

La carga negativa y, peor aún, selectiva que se otorga a migrantes según su origen, pareciera ser una práctica habitual en Chile y tristemente común en ciudades como Calama. Es como si existiera una cualidad capaz de perpetuar la imagen fraterna que acoge "al amigo cuando es forastero", al mismo tiempo en que habitantes de naciones hermanas son expulsados, o peor aún, sometidos al escarnio y agresividad que ocasiona la xenofobia.

Analizar este último fenómeno a nivel local no es complejo, pues la prueba de ello habita en campamentos, poblaciones e, incluso, en las esquinas de grandes avenidas, dejando una clara señal de aporofobia de manifiesto. Más que por su naturaleza de refugiado, acá al inmigrante se le condena por ser pobre.

Bajo esta condición, hay cientos de personas que llegaron a nuestra ciudad, probablemente atraídos por su clima y una oportunidad laboral, y poco a poco fueron viendo como no había tales atributos, mientras se les cerraban puertas que, ante los efectos de la pandemia, parecen haber sido reforzadas con candado. Una situación más que preocupante si consideramos que para defender la migración basta considerar que se trata de un Derecho Humano. Así lo consagra la Declaración Universal, que busca preservar que el desplazamiento de un territorio a otro no implique vulneraciones en los derechos de los migrantes.

Si nos vamos al detalle, se abarca entre ellos la imposibilidad de negar acceso a derechos fundamentales tales como la educación y la salud, comprendiendo que ambos suelen ser arrebatados cuando de ejercer practicas discriminatorias se trata. Por lo mismo resulta tan doloroso pensar que son solo dos áreas en una larga lista de abusos, ante una población que encima convive con el prejuicio loíno que, exacerbado por distintos personajes, termina generando un ambiente de rechazo sostenido.

¿Habrá algo más duro que ser migrante en Calama? Me pregunto, y rápidamente encuentro una triste respuesta. Sin duda debe serlo el ser niño o niña en esa condición, pues a la violencia sistemática que ejercemos contra nuestras infancias, deben sumar el estigma con que paradójicamente cargan las pieles morenas, en una ciudad en que esta esencia debería considerarse un símbolo de belleza ancestral.

Pero cómo esperamos garantizar su derecho a la educación si la mayoría de ellos no la recibe formalmente, y quienes sí han podido acceder, acaban de "culminar" un año con clases online. Culminar entre comillas, porque difícilmente se pueda asumir que lo cursaron quienes antes de batallar con la falta de Internet, deben hacerlo con la ausencia de energía eléctrica en sus precarios hogares.

Es violento pensar que hay madres y padres que emigraron pensando en un futuro mejor para los suyos, y se encontraron con una ciudad y país que los condena socialmente, haciendo caso omiso al hecho de que "toda persona tiene derecho a circular libremente" y que "toda persona tiene derecho a salir de cualquier país", ambos consagrados en la legislación internacional antes mencionada. La pregunta es entonces, ¿quiénes somos nosotros para vulnerarla?

Gabriela Bustos

Colegio de Periodistas de Calama